La juez del caso en el Tribunal de Cuentas es la consejera Margarita Mariscal de Gante; José Manuel Suárez Robledano, María Antonia Lozano y Felipe García Ortiz formarán el tribunal de apelación. Los cuatro votaron el “Informe de Fiscalización relativo al destino dado a los recursos asignados a la ejecución de políticas de acción exterior de la Comunidad Autónoma de Cataluña, correspondiente a los ejercicios 2011-2017”. Tuvieron conocimiento previo.
¿Están “contaminados” los 4 consejeros del Tribunal de Cuentas en el asunto de los gastos en el extranjero para promocionar el “procés”?
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23/7/2021 06:50
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Actualizado: 23/7/2021 06:50
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Es una duda que pende como una espada de Damocles sobre este asunto. Con un hilo muy fino.
Tiene su origen en el Pleno del Tribunal de Cuentas celebrado el 28 de marzo de 2019. Aquel día diez consejeros –de 11– aprobaron el “Informe de Fiscalización relativo al destino dado a los recursos asignados a la ejecución de políticas de acción exterior de la Comunidad Autónoma de Cataluña, correspondiente a los ejercicios 2011-2017”.
También votó a favor el fiscal, quien forma parte del Pleno con voz y voto.
Su autor había sido Ángel Algarra, consejero encargado de Comunidades Autónomas. Fue elaborado por petición de los grupos parlamentarios de PSOE, PP y Ciudadanos.
A través de dicho Informe de Fiscalización se detallan los gastos derivados de la promoción en el extranjero del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 con dinero público así como los gastos destinados a las denominadas “embajadas catalanas” y su “Ministerio de Asuntos Exteriores”, conocido como Diplocat.
La votación salió adelante por una mayoría de 10 a 1.
Entre los que votaron estaban el autor del informe y también José Manuel Suárez Robledano, María Antonia Lozano, Felipe García Ortiz y Margarita Mariscal de Gante.
Todos ellos son miembros de la Sección de Enjuiciamiento de este órgano constitucional, que luego tendrán que juzgar el asunto, tanto en primera instancia como en apelación.
Y es aquí donde emergen las serías dudas de “contaminación”, según fuentes jurídicas de toda solvencia consultadas.
Porque es evidente que han conocido el asunto con anterioridad.
Los cuatro consejeros deberían haberse mantenido al margen y no haber tomado parte en esa votación.
Por el papel que les toca jugar en la fase de instrucción y después de enjuiciamento, ahora en marcha.
De acuerdo con el artículo 15.2 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, “Se entenderán justas causas de abstención y recusación las señaladas en las Leyes Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y de Enjuiciamiento Civil”.
El artículo 219 de la LOPJ dice, en dos puntos, el 13 y el 16, que son causas de abstención o recusación en un asunto el haber tenido conocimiento previo de la materia que se está enjuiciando.
“Haber ocupado cargo público, desempeñado empleo o ejercicio profesión con ocasión de los cuales haya participado directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito o causa o en otro relacionado con el mismo”, dice el punto 13.
Y el punto 16 tira por la misma línea: “Haber ocupado el juez o magistrado cargo público o administrativo con ocasión del cual haya podido tener conocimiento del objeto del litigio y formar criterio en detrimento de la debida imparcialidad”.
“¿CONTAMINADOS?”
Una vez conocido el Informe, tanto el Ministerio Fiscal, como la Abogacía del Estado, y las acusaciones populares de Sociedad Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución, solicitaron al Tribunal de Cuentas que abriera procedimiento para exigir la responsabilidad contable por las inversiones realizadas por los responsables de los gobiernos autonómicos catalanes que autorizaron el desembolso de fondos públicos para promover la independencia de Cataluña en el extranjero.
Le correspondió a la consejera Mariscal de Gante, exministra de Justicia y miembro del Tribunal de Cuentas a propuesta del PP, el enjuiciamiento de este asunto.
Mariscal de Gante unió este procedimiento a otro abierto por la celebración del referéndum del 1 de octubre de 2017, declarado ilegal e inconstitucional.
El presidente de la Sección de Enjuiciamiento, Suárez Robledano, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en servicios especiales y consejero también a propuesta del PP, designó a una funcionaria de su máxima confianza, Esperanza García, para que llevara a cabo la investigación y determinara los gastos en los que incurrieron los máximos responsables de los gobiernos autonómicos que presidieron Artur Mas y el prófugo Carles Puigdemont.
A Carles Puigdemont, el expresidente fugado, el Tribunal de Cuentas le reclama 2.108.818 millones de euros.
El resultado es el conocido. La delegada instructora García, estableció un acta de liquidación provisional por el que reclama a 34 excargos de la Generalitat 5,4 una fianza de 5,4 millones de euros en concepto de responsabilidad contable.
La mayor suma se le atribuye al exsecretario del Diplocat Albert Royo, a quien se le responsabiliza de 3.633.254 millones de euros; le siguen la ex interventora de la Generalitat Mireia Vidal, por 3.164.694 millones de euros; el “exconseller” de Presidencia Francesc Homs, por 2.952.690 millones de euros; el expresidente Artur Mas por 2.803.116 millones de euros; y el “exconseller” de Economía Andreu Mas-Colell por 2.803.116 millones de euros.
A Raül Romeva, uno de los nueve indultados por el Gobierno, responsable del Diplocat en el gobierno autonómico que presidió el prófugo Carles Puigdemont, se le reclama 2.108.818 millones de euros.
Al fugado le corresponde abonar 1.981.454 millones de euros, lo mismo que a su vicepresidente, Oriol Junqueras, igualmente indultado.
Aunque les dio hasta ayer miércoles para cubrir la fianza, García decidió extender dos días más de plazo para que depositen el dinero exigido.
LE TOCA JUZGAR A MARISCAL DE GANTE
La siguiente fase del procedimiento pasa porque los demandantes –el Ministerio Fiscal, Sociedad Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución– presenten sus respectivos escritos.
Una vez que eso suceda, la consejera Mariscal de Gante, como juez, presidirá el juicio contra los encausados sobre un asunto del que había conocido previamente, como consta en el acta del Pleno del Tribunal de Cuentas de 28 de marzo de 2019.
El Tribunal de Cuentas Europeo y el Tribunal de Cuentas de Portugal, realizaron, en 2015 –a petición del propio Tribunal de Cuentas de España– el denominado Informe Revisión entre Pares [iguales] en el que realizaron varias recomendaciones:
“Los Consejeros de la Sección de Enjuiciamiento no deberían debatir y votar los informes de fiscalización”, como ha ocurrido en este caso.
El Tribunal de Cuentas ha hecho caso omiso a dicha recomendación.
Tampoco, en este caso, han seguido el consejo de ambos tribunales de cuentas de que el fiscal no vote en las sesiones del pleno, “debiendo limitarse a la emisión de dictámenes”.
Una vez que Mariscal de Gante dicte su sentencia, esta será susceptible de ser recurrida en apelación ante la Sala del Tribunal de Cuentas, que estará presidida por Suárez Robledano, y compuesta por María Antonia Lozano y Felipe García Ortiz.
Todos ellos votaron el Informe en el Pleno de 28 de marzo de 2019; tuvieron, por lo tanto, conocimiento previo.
¿El desenlace del caso? Todo un galimatías jurídico que se une al hecho de que hoy, 23 de julio de 2019, los consejeros de este órgano han agotado su mandato de 9 años y por el que deberían cesar precisamente por ello.
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