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Los expertos se decantan porque el concurso de méritos se extienda a los interinos que lleven ya tres años en abuso

Los expertos consultados creen que los tres años que ya se señala como abuso serían la solución.
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La tramitación del Real Decreto-ley de los Interinos como proyecto de ley debería asumir notables modificaciones para adaptarse a la normativa comunitaria. Por eso, es de prever que se abra un tiempo nuevo en el conflicto de los interios en España en la transformación de este Real Decreto-ley en proyecto de ley en el Congreso de los Diputados.

Ahora existe la posibilidad de definir un documento que sirva para resolver el problema de estas personas en abuso y el de la temporalidad al mismo tiempo. 

Se trata de lograr antes de que acabe octubre un documento que responda a la realidad y que cumpla con la normativa comunitaria. Todos los partidos políticos han señalado que aportarán enmiendas.

El abogado Javier Araúz ya pedía desde nuestra publicación que no se convalidase dicho Real Decreto-ley por ser contrario a la normativa comunitaria. 

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Ahora aclara que este proyecto de ley que se quiere consensuar “debe ser una enmienda a la totalidad al citado Real Decreto-ley“.

Desde su punto de vista, “este Real Decreto-ley está viciado de raíz porque incluye errores claves para que genere más precariedad”.

Para Arauz, “el primero de ellos es que sitúa el eje para resolver el problema en los procesos selectivos o de estabilización. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea [TJUE] ya ha dicho hasta la saciedad que ningún proceso selectivo de estabilización cumple los requisitos de la Directiva porque son procesos abiertos y no garantizan a las víctimas de abuso estabilidad en el empleo”.

Al mismo tiempo señala que “la indemnización solo se concede a quienes no haya superado el proceso selectivo. Luego la sanción es el proceso selectivo. Si la sanción fuera la indemnización se concedería a todos las victimas de los abusos como exige la directiva.  Pero resulta que no. Que solo la recibirá quien no supere dicho proceso selectivo”.

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Otro error que detecta este jurista tiene que ver con “el segundo eje del Real Decreto-ley se centra en las plazas y no en las personas. Las víctimas son los trabajadores públicos que están en abuso y que deberían consolidarse. Aquí hay un infractor y muchas víctimas, pero no se sanciona a la administracion infractora y tampoco se compensa a la víctima”.

El abogado Javier Araúz es representante legal del colectivo de los interinos.

Respecto a la solución que plantea la ministra de Hacienda, acudir al Estatuto Básico del Empleado Público [EBEP] y a su artículo 61.6 “habla de procesos selectivos, todos los que se pongan en marcha, incluso los concursos de mérito son contrarios a la Directiva 1999/70 como medida sancionadora. La solución es un avance que sigue siendo ilegal”.

Esta propuesta «de los 10 años de interinos en fraude de ley y su plaza no sacada a oposición es inviable porque no garantiza la estabilidad al personal. Es ilegal y no consigue el objeto perseguido de estabilizar al personal”, afirma Arauz.

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A juicio de este abogado “el camino está en definir el abuso en el mismo plazo que establece la normativa comunitaria, que son tres años, respecto siempre de las personas. No hay que buscar procesos de estabilización que no conducen a nada, vayamos a estabilizaciones reales automáticas como dice la sentencia del TJUE de noviembre de 2018”.

Otra opción que plantea este jurista podría ser “también la puesta en marcha de procesos selectivos restringidos. Estos ya apuntaban la abogada general Juliane Kokott, en sus conclusiones del asunto 103/2018 Domingo Sánchez Ruiz. En esos procesos restringidos solo participarían los interinos con ciertos requisitos”.

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A juiciio de Arauz, “todo lo que se habla son parches que no resuelven el problema grave de temporalidad en nuestro país. Todo lo que no esa una estabilización es actuar de forma ilegal, también de forma injusta ante lo que ha sucedido. No se puede ir contra el sentido común”.

ES UN PRECEPTO LEGAL DESDE HACE TRECE AÑOS

Beatriz González, abogada experta en derecho administrativo, acaba de recibir una sentencia, la 315/2021 de 20 de julio, de un Juzgado de lo Social de Huesca.

“Es de las primeras donde se recoge la unificación de la doctrina del Supremo. Se reconoce la situación de abuso de seis interinos del Ayuntamiento de Huesca y que la sanción es indefinido no fijo”, aclara.

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Para esta jurista “la abusividad debe contarse desde los tres años. Así lo dice el Estatuto de los Trabajadores, que dentro de 30 meses no puedes trabajar 24. También el EBEP en su artículo 70 es claro, al igual que las sentencias del TJUE y del Supremo, Sala Social”.

“Creo que el legislador debe coger esta referencia y no los anunciados diez años”, subraya.

González afirma que “el planteamiento que se quiere hacer desde el artículo 61.6 del EBEP sobre el uso del concurso de méritos en la oposición no es inconstitucional como tratan de difundir sindicatos firmantes del acuerdo con Miquel Iceta.”

Este texto del EBEP es de 2015, pero en la versión anterior, de 2007, también estaba. Llevamos trece años con ello y nadie ha dicho nada”, recuerda.

A su juicio “no tiene sentido que trece años después se plantee la inconstitucionalidad de este precepto. Es una forma de manera legal y el camino más fácil que los interinos en fraude acaben siendo fijos».

“No olvidemos que estamos en una situación excepcional, donde nuestro país tiene una Directiva sin trasponer desde hace veinte años y un expediente de infracción abierto”, apunta.

Gonzalez ecuerda que “estos profesionales interinos para estar en sus puestos de trabajo de forma generalizada, ya han superado en un 90% un proceso de selección al uso. Este concurso de méritos también será conforme a los principios de igualdad, merito y capacidad”.

Desde su punto de vista, la vía del 61.6 del EBEP es una forma de resolver el problema “pero hay que afinar más quien puede utilizar esta vía. Como antes le dije lo de los diez años no tiene mucho sentido y en las situaciones que se indica solo afectaría al 10% de los interinos”.

Beatriz González, abogada experta en derecho administrativo, es autora de esta columna.

Hay que tener en cuenta, según González,  que hay profesionales que en Sanidad y en Educación «llevan muchos años de temporales. Concatenan contratos, aunque no están en el mismo puesto de trabajo también es abusivo. Estas personas deben estar incluidas en el concurso de méritos. Son temporales de larga duración que deben ser incluidos”.

Otras cuestiones que ve necesarias modificar en el futuro proyecto de ley tiene que ver con “la necesidad de sancionar el abuso de esas personas temporales que han estado y fueron cesados muchos años. Hay que buscar una solución para este colectivo. No puede ser que unos tengan una indemnización y otros se queden sin ella”.

A su juicio “deberían paralizarse todos los procesos de selección que están ahora en marcha y que quedan sin la cobertura de la nueva ley. Son concursos oposición, donde no se diferencia si estás en abuso o no”.

De cara al futuro “es bueno que se pongan limites en la contratación, se trata de trasponer la directiva 1999/70 pero cuando se produce ese abuso la sanción no puede ser de veinte días”.

Desde su punto de vista “deberíamos ir a la indemnización de despido improcedente con un tope de 24 meses. Sería más razonable. Ya el TJUE lo ha dicho que es una sanción disuasoria”.

LA IMPORTANCIA DEL CONCURSO DE MÉRITOS

Pau Albert Martí, abogado con despacho en Sabadell, también volcado a la defensa de interinos desde hace años, señala que “el mismo día en Cataluña hubo un debate en el “Parlament” sobre la estabilidad de los interinos”.

Este experto indica que “se presentó la enmienda a la totalidad por parte del PSC que intento cambiar el modelo de la CUP de fijeza por el de Iceta que ya conocemos, pero fue rechazada”.

“Sin embargo, ERC y Junts se empiezan a desmarcar de la fijeza y parece que van más al proceso de estabilidad desde el concurso de méritos”.

Martí opina que el “Real Decreto-ley puede ayudar a la estabilización, pero realmente no es la sanción ni estamos cumpliendo con Europa. Solo podría cumplir si establecerían unas indemnizaciones muy elevadas, como las de despido improcedente y sin tope de anualidades. Pero eso nuestro país no lo quiere asumir”.

A partir de ahí “si el proceso de estabilización es la única solución que encuentran los políticos para solventar la situación de este personal, la solución sería un concurso de méritos con las bases muy claras, de tal forma que la experiencia de los interinos ante la administracion convocante tiene que tener una relevancia elevada”.

Reconoce que “cuando hablamos con los interinos, la gran mayoría nos señala que quiere seguir trabajando en su puesto de trabajo en lugar de cobrar una indemnización y salir fuera. Quieren la fijeza directa pero la política nos ofrece un acceso para que estas personas consoliden su situación puede ser la solución”.

Pau Albert Martí, abogado con despacho en Sabadell.

No obstante, Martí avisa que “esto no puede convertirse en una trampa. Lo que está escrito a día de hoy no es una buena noticia. No va a facilitar el acceso la gran mayoría de las personas. Solo a un pequeño grupo. El concurso de méritos es mejor que un concurso oposición siempre y cuando que la configuración sea la correcta”.

Para este jurista, como para el resto de los consultados los tres años que ya se señala como abuso sería la solución “la solución que se plantea son procesos de estabilización, pero no es la solución de Europa porque la indemnización europea es muy baja. El concurso de méritos que anuncio Montero hay que dárselo a todo el mundo que esté en abuso”.

Desde su punto de vista “es muy importante configurar bien dicho concurso de méritos, que méritos van a tener que valorar y si es posible en esa valoración el peso de cada apartado. El mérito de trabajar en la administración pública debe ser excluyente y definitorio. Si eso queda reflejado se estará más cerca de la fijeza”.

Martí también señala que hay otra opción «el concurso restringido, permitir que únicamente participen esas personas que estén en situación de fraude. Y aquí habría que ver de que fecha hablamos. Los tres años se habla desde el TJUE y el Supremo».

Para este jurista, “la cuestión es que queremos arreglar algo con el sistema ordinario y ese algo es extraordinario por eso hay tantos conflictos”.