PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

[Opinión] Abogacía y perspectiva de género: Una verdad incómoda

El abogado José Luis Sariego Morillo, autor de esta columna, pone en tela de juicio el concepto de violencia vicaria y analiza las razones que llevaron a la reciente aprobación de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.
| | Actualizado: 26/07/2021 0:01

A raíz de la publicación de los datos de gastos del CGAE en 2020, en la que se reflejan 11.439.673 euros en gastos, no puedo sino preguntarme: ¿qué hace este Consejo por los abogados de España?

Además del Consejo, en nuestro país tenemos la friolera de 83 colegios de abogados [i] y 17 Consejos autonómicos, cada uno con su propio presupuesto de gastos.

Vamos a ver cuánto gastan los  principales colegios de abogados más grandes de España [ii]  [iii]  [iv]  [v] [vi] [vii]. Se puede ver en el siguiente cuadro:

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Como podemos comprobar, más de 81 millones de presupuestos de los 10 colegios de abogados más grandes de España.

Hemos quitado de la lista aquellos que no tienen portal de transparencia y, por ello, se desconoce su presupuesto.

Debo indicar que algunos de estos presupuestos no incluyen el año 2021, ya que algunos aún no los han aprobado.

Si hiciéramos una media de sólo 250.000 euros con el resto de los colegios de abogados y los sumamos a los del cuadro, el resultado es que los fondos que manejan los colegios de abogados de España serían de unos 102.019.888 euros al año.

PUBLICIDAD

He intentado conocer cuántos de estos fondos se emplean para la formación de los abogados para actuar como acusación particular en los asuntos de violencia de género, pero me ha resultado imposible debido a la falta de transparencia de todos los colegios en este punto en concreto.

También he intentado estudiar cuántos de estos fondos se emplean para la formación de los abogados para la defensa de los ciudadanos en los que son acusados de violencia de género, pero éstos, simplemente, no existen.

Porque he buscado cursos o jornadas organizados por algún colegio de abogados especializado en la defensa de los ciudadanos ante acusaciones de violencia de género.

PUBLICIDAD

Y no he encontrado ninguno.

Y todo esto viene a raíz de que, en este mismo medio, publiqué un breve manual de defensa legal de los hombres (que puedes leer aquí [viii]) ante la posible denuncia instrumental de malos tratos, tan usual en este país para obtener un divorcio o separación por la vía rápida y con ventajas prácticamente garantizadas.

PUBLICIDAD

La publicación de este manual levantó ampollas en las asociaciones de abogadas feministas, hasta el punto que lograron censurar la distribución de dicho artículo en las redes sociales y en las listas de distribución de varios colegios de abogados, como si estuviéramos aún en los peores tiempos de la dictadura.

En este caso, la nueva dictadura es la ideología con perspectiva de género que se ha instaurado en todas y cada una de las instituciones del Estado, incluidas las de la abogacía.

Creo que esta nueva dictadura ideológica no respeta los derechos humanos, pero tampoco los derechos fundamentales de nuestros ciudadanos.

PUBLICIDAD

Por ejemplo, el derecho a la igualdad de trato como demostraré al final.

Al menos, la discriminación que sufren los ciudadanos varones, sean de cualquier orientación o identidad sexual.

Nuestras leyes reconocen la obligación que tienen los abogados de defender los intereses y derechos de los ciudadanos.

En ningún caso se establece ni en el Código Europeo de la Abogacía ni en ninguna ley, que los abogados estén obligados a ser parte acusadora en los juicios, o de ser fiscales de segunda clase.

Lo digo porque mientras que los fiscales cobran un salario más o menos digno (menos digno comparado con el de los diputados), los abogados que actúan como acusación particular en casos de viogén, cobran la miseria que todos conocemos.

El artículo 17 habla de los derechos de las personas que son detenidas o acusadas y dice textualmente:

“Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca».

Así, el artículo 24 de la Constitución Española (CE) establece que “todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.”

Por otro lado, el artículo 124 de la CE nos recuerda que “El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social».

En un estado democrático como el español, la función de acusar y promover la acción de la justicia (especialmente en el ámbito del derecho penal), corresponde a instituciones como la Fscalía y los jueces.

El artículo 30 del Estatuto de la Víctima ha establecido que: “Los Colegios de Abogados y de Procuradores impulsarán la formación y sensibilización de sus colegiados en los principios de protección de las víctimas (de cualquier delito) contenidos en esta Ley”.

LA LEY DE PROTECCIÓN INTEGRAL HA DESVIRTUADO LA PROFESIÓN DE LA ABOGACÍA

Sin embargo, la Abogacía ha interpretado este artículo sólo en los casos de viogén [violencia de género], porque apenas hay cursos de formación para víctimas de delitos de tráfico, medioambientales, societarios, de denuncias falsas, laborales, etc.

Y por eso hago este artículo, porque desde la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género ha desvirtuado la profesión de la abogacía en este país, porque el Código Europeo de la Abogacía dice:

«En un Estado de Derecho, el abogado debe servir a los intereses de la Justicia así como a los derechos y libertades que se le han confiado para defenderlos y hacerlos valer…”.

Entre estos derechos está la igualdad de trato o el respeto a la presunción de inocencia.

También el Código nos recuerda que:

Y el hecho de que los colegios de abogados se hayan doblegado a la ideología de género creo que es un incumplimiento de este principio del Código Europeo y de la Directiva 98/5/CE.

Porque un colegio de abogados puede apoyar cualquier iniciativa en pro de la igualdad, la libertad, la presunción de inocencia o cualquier otro derecho fundamental.

Pero en ningún caso puede doblegarse a promover una religión determinada, un partido determinado, un espíritu nacional determinado o una ideología determinada.

Y mi opinión es que, a través de estos cursos de violencia sobre la mujer, se está vulnerando la obligatoria independencia de la abogacía, ya que se está adoctrinando en dichos cursos sobre una ideología que, además contraviene determinados derechos humanos, como por ejemplo el de la presunción de inocencia.

En algunos los cursos o jornadas a los que he asistido, se refieren a la persona denunciada como el agresor. Esto es, se parte de la idea de que el denunciado es culpable de antemano.

También se enseña a los abogados cómo debe declarar la mujer cliente (de oficio o no) para que sirva de prueba de cargo suficiente, siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo.

Esto es, se enseña cómo debe expresarse y cómo hablar para que la prueba sea muy firme.

Se enseña a los abogados una forma de trabajar para invertir la carga de la prueba.

LOS CURSOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO FEMENINO SON DISCRIMINATORIOS

O lo que es lo mismo, que el denunciado deba probar su inocencia. Esto es perspectiva de género, pero a mi me suena más a enseñar cómo desarrollar una “prueba diabólica” en toda regla.

Porque, ¿acaso organizar cursos “con perspectiva de género femenino” no es discriminatorio?

¿Cuándo un curso con perspectiva de género masculino?

El código deontológico de la abogacía española garantiza el derecho de defensa constitucionalmente reconocido, pero este derecho de defensa se entiende únicamente cuando un ciudadano es acusado de un delito.

En ningún caso, los principios y directrices de la abogacía europea garantizan el derecho de los ciudadanos a contar con un abogado para acusar a otro ciudadano porque para eso ya tenemos, afortunadamente, a las Fiscalías y a los Juzgados de Instrucción.

Y además, tanto la Directiva 2012/29/UE como el Estatuto de la Víctima del delito ya establecen la creación y participación de órganos y entes públicos de atención a las víctimas, como por ejemplo el Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía (SAVA), en nuestro país.

Miles de ayuntamientos cuentan con asesores jurídicos, psicológicos, etcétera, de apoyo a las víctimas de viogén, además de los centenares de asociaciones que se dedican a ello.

Por lo que entiendo que dar un rol automático a un abogado de ser un “acusador particular”, es redundar y multiplicar los gastos de los servicios públicos, ya que las víctimas de estos delitos ya tienen tras de sí muchos recursos, entre ellos cientos de asociaciones que cobran mucho dinero para ello, así como los centros de la mujer de cada ayuntamiento, o los múltiples servicios de atención a víctimas.

Pero, sin embargo, no existe un solo recurso público ni desde la Abogacía ni desde las instituciones, para defender o asesorar a los cientos de miles de hombres que han sufrido una denuncia falsa o instrumental.

Y lo digo porque los datos del Consejo General del Poder Judicial, del Ministerio del Interior y de la Delegación del Gobierno están ahí:

Esto es, que el Estado y la Abogacía destinan cientos de millones de euros para proteger a 513.971 personas declaradas víctimas de violencia de género desde 2005 a 2020.

Sin embargo, no destinan un sólo euro o un sólo curso o jornada de formación para las víctimas de las denuncias instrumentales que según los datos oficiales son la friolera cifra de 1.584.030 personas.

Todos ellos hombres.

Hay que indicar que el número de denuncias y condenas no equivalen a una sola persona denunciada, al igual que el número de inocentes recogidos en el cuadro.

Por ello, la abogacía y las instituciones (partidos políticos y sindicatos incluidos) se han olvidado de sus funciones sagradas como es la de defender a los ciudadanos que resulten ser víctimas de un delito o de una injusticia y, en este caso, se han olvidado de las víctimas de denuncias instrumentales de malos tratos.

Según los datos oficiales triplican el número de víctimas de violencia de género.

Luego nos sorprendemos de que exista poca confianza en la justicia y en el rol de la abogacía en nuestra sociedad.

Luego nos sorprendemos de que mucha gente ataque a nuestro Estado de Derecho. Un Estado de Derecho que mira hacia otro lado ante el abuso de leyes y sistemas que llevan discriminando a los hombres frente a las mujeres más de 16 años en nuestro país.

Porque esos hombres tienen madres, hermanas, parejas, hijas, primas, etc. además del resto masculino de sus familias y entornos. Familias y entornos que no comprenden por qué se trata a los hombres de esta forma tan discriminatoria y cruel en nuestro país.

Y para terminar y con respecto a los hombres y niños víctimas de violencia por parte de sus parejas (mujeres o esposas) o madres:

¿Cuándo se organizará un curso o una jornada para defender a estas víctimas?

—————————-

[i] https://anagse.com/listado-de-colegios-de-abogados/

[ii] https://web.icam.es//wp-content/uploads/2020/12/Presupuesto-2021.pdf

[iii] https://www.icab.es/export/sites/icab/.galleries/documents-noticies/3.CASTELLANO-Presupuesto-ICAB-2021.pdf

[iv] https://es.icav.es/bd/archivos/archivo16119.pdf?nocache=0.413298

[v] http://www.icasv-bilbao.com/images/conceptos/Presupuesto%20Ing-%20Gtos.%202021-1.pdf

[vi] https://www.icas.es/wp-content/uploads/PRESPUESTO-2020-1.pdf

[vii] https://www.icamalaga.es/portalMalaga/printPortal.do?urlPagina=/S015007019016/1609313312196_es_ES.html

[viii] https://confilegal.com/20190218-breve-manual-de-derecho-penal-de-familia-para-hombres/

por José Luis Sariego Morillo.

Abogado de familia desde hace casi 30 años. En 1991 fundó junto con otros muchos idealistas la primera plataforma de la promoción de la mediación en España, (AMPE) en Madrid, para promover la cultura del diálogo. Entre 2001 y 2004 fue asesor del CGPJ en prevención de actos de violencia sobre la mujer, niños y otras violencias intrafamiliares. Actualmente es miembro de las Plataformas Europeas de Derechos de la Infancia Colibrí (Italia) y Two Homes (Alemania). Asesor en los 90 de organizaciones de familias con parejas del mismo sexo. Colaborador de diversas universidades, instituciones públicas y privadas, entre ellas los Ministerios de Justicia, Asuntos Sociales, Interior, etc., Junta de Andalucía, Generalitat de Catalunya, CA Galicia, Comisión Europea, Parlamento Europeo, etc. Es autor de varios libros: varios libros: Guía de la separación matrimonial (Tecnos 1998), Familia y Violencia (Dykinson 1999), Guía de la adopción internacional (Tecnos 2004) Guia de la mediación en divorcio (psimatica 2017) y Coautor del Manual del síndrome de alienación parental (Planeta-Paidós 2017).
Para comentar, suscríbete
Si ya eres suscriptor, Inicia sesión