Sobre estas líneas, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Celso Rodríguez Padrón.
Celso Rodríguez Padrón, presidente del TSJM: «Sería deseable una normativa más completa para hacer frente a las pandemias»
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27/7/2021 14:18
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Actualizado: 27/7/2021 14:18
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«Los órganos judiciales no nos hemos visto utilizados [por la clase política, se entendió]. Es verdad que hubiera sido deseable –ya lo dijo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid [TSJM] en su Sala de lo Contencioso el año pasado– una base normativa mucho mayor de la que tenemos hoy «, para hacer frente a situaciones como la pandemia de coronavirus, ha afirmado hoy Celso Rodríguez Padrón, presidente del TSJM en el marco de la presentación ante los medios de comunicación de la Memoria 2020 sobre estado de la justicia madrileña.
«El entramado normativo sobre el que descansa la posible adopción, a nivel estatal y también a nivel comunitario, de estas restricciones de derechos hubiera necesitado de una ley más completa que pudiera ofrecer esas bases sobre las que asentar respuestas de seguridad jurídica», ha añadido.
Ante esa ausencia, el poder judicial ha hecho su trabajo, sometiendo a criterios de ponderación los derechos fundamentales con los mimbres de los que ha dispuesto.
Rodríguez Padrón no ha querido entrar en el debate sobre si el decreto de alarma de 14 de marzo de 2020 supuso una suspensión de derechos fundamentales, como estableció la sentencia del Tribunal Constitucional aprobada por una mayoría de 6 votos frente a los 5 de los disidentes, que argumentaron que fue una restricción de dichos derechos.
Precisamente, en dicha sentencia se subrayaba la necesidad de que el Parlamento elaborara una ley de pandemias, aunque no la llamó así, para hacer frente a este tipo de situaciones, como han hecho países como Francia y Alemania.
NECESIDAD DE MAYORES EXPLICACIONES
Rodríguez Padrón no rehuyó entrar a explicar la perplejidad que produce en la ciudadanía el hecho de que unos Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) validen unas medidas restrictivas solicitadas por los gobiernos autonómicos y otros no.
«A veces nos parecen similares las situaciones que se viven en cada territorio. Pero no todas son idénticas. La justicia debe responder al caso concreto. Ya sea individual o colectivo. Es comprensible que se produzca cierta perplejidad porque en unos territorios se validen y en otros no. Cada supuesto es un mundo. Ahora bien, quizá cada decisión debería estar acompañada de una tarea más didáctica hacia ustedes por parte de los TSJ. Para que la ciudadanía conozca las razones de cada caso», añadió.
El presidente del TSJM es uno de los grandes defensores de la colaboración con los medios de comunicación para dar a conocer, y para que se comprendan, las decisiones judiciales.
UN CONVENCIDO DE LA JUSTICIA PRESENCIAL
Durante su intervención, que tuvo lugar en la sala principal de vistas del TSJM, situado frente al Tribunal Supremo, Rodríguez Padrón explicó que de los 124.606 señalamientos/actuaciones celebrados en los juzgados de la Comunidad de Madrid durante 2020, tan solo un 20,5 % se canalizaron por medios telemáticos.
El presidente del TSJM ha reconocido la eficacia del uso de la tecnología a la hora de deliberar a distancia, si bien ha diferido sobre esa misma eficacia en lo que a los juicios por videoconferencia se refiere.
«No hay nada que sustituya a la observación directa de las partes en el procedimiento, eso es un hecho. La justicia si es algo, es relación humana. El principio de inmediación se ve claramente afectado. Esto no quiere decir que esté en contra de los juicios telemáticos. Lo que digo es que los juicios presenciales son más deseables«, afirmó.
Otro de los principios que, con los juicios telemáticos, se pueden ver afectados es el de la publicidad. El derecho de los ciudadanos a asistir a las vistas públicas.
En esto, Rodríguez Padrón ha sido tajante: «La publicidad de las actuaciones judiciales en los juicios orales no puede medirse en términos de importancia. Es una exigencia constitucional. Los jueces estamos obligados».
AUMENTO DE ASUNTOS PENDIENTES
De acuerdo con el presidente del TSJM, el índice de pendencia, de asuntos pendientes durante 2020, en la Comunidad de Madrid, se ha incrementado, como consecuencia de la pandemia, en un 24,3 %, 460.536 asuntos, frente a los 370.132 de 2019.
Se resolvieron 816.674, un 8,1 % menos que el año anterior, que fueron 738.976.
La jurisdicción penal, en el año del COVID-19, produjo una disminución del 15,1 % de asuntos –357.125 frente a los 425.905 de 2019–; la contencioso administrativo tuvo un 19,2 % de asuntos menos, 28.733; el descenso en la jurisdicción social fue del 3 %, con 66.258 nuevos asuntos.
Solo la jurisdicción civil tuvo un incremento, pequeño, pero incremento al fin y al cabo, del 0,1 %, 364.558 asuntos.
«Las cifras son la consecuencia de la pandemia y del decreto 466/2020, que estableció la suspensión de los plazos procesales. Las medidas que se tomaron supusieron un exodo masivo de las sedes judiciales. El personal que quedó en los edificios fue insuficiente para mantener el funcionamiento», ha explicado el presidente del TSJM.
«Pero pese a estos datos, no se paralizó la actividad judicial. Ni el resultado experimentó un descenso tan brutal como en el mes de marzo podía imaginarse. Se ha respondido a la tutela judicial efectiva», ha destacado.
SON NECESARIOS MÁS JUECES
Sobre la plantilla de jueces en la Comunidad de Madrid, Rodríguez Padrón ha subrayado el déficit estructural existente.
«Es imprescindible el incremento de jueces y magistrados parea poder desatascar la fase de resolución que es donde se produce el cuello de botella. Es una necesidad apremiante. Hay que hacer frente a este déficit estructural».
Y ha referido un dato que resume esta «petición»: «En el año 2020 la Sala de Gobierno tuvo que informar sobre el Plan de Creación de Plazas Judiciales previsto para todo el estado. A la Comunidad de Madrid le correspondía 3 unidades judiciales. Ya pueden imaginarse que la conclusión del informe no podía salirse de conceptos como insuficiente, testimonial, y distanciado de las necesidades contrastadas de crecimiento de la planta judicial. Que año tras año superan sobradamente el número de 100 jueces y magistrados».
El problema de base, según la máxima autoridad de la justicia de Madrid, es «la desproporción abismal entre la carga de trabajo y la plantilla de jueces. Lo que se ve perjudicada por nuevos fenómenos, como la litigiosidad en masa, en el ámbito financiero y bancario, y de transporte aéreo. Las medidas que hemos impulsado y los planes de refuerzo son insuficientes».
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