El Partido Popular ha registrado una moción en el Senado para instar al Gobierno a que adopte «medidas para proteger a los afectados por productos bancarios complejos, dotando a los juzgados competentes de mayores medios materiales y personales», todo ello «en coordinación con las comunidades autónomas con competencias en materia de Justicia».
El grupo parlamentario popular ha presentado esta moción a iniciativa del senador por Valencia y portavoz del partido en la Comisión de Justicia de la Cámara Alta, Fernando de Rosa Torner, magistrado en servicios especiales, para su debate en dicha Comisión.
De Rosa fue presidente de la Audiencia Provincial de Valencia y el último vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (2008-2013) antes de que este puesto desapareciera por la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 2013, y presidente en funciones del órgano de gobierno de los jueces en la primavera de 2012.
El Partido Popular destaca en el texto, registrado el 9 de julio y firmado que el portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, que los afectados por productos bancarios complejos «no disponen de alternativas efectivas para la protección de sus derechos».
Señala que en los últimos años la situación «ha empeorado notablemente» y que existe un «gran colapso» en los juzgados especializados en «cláusulas abusivas», cuya resolución en primera instancia «se demora ya más de cuatro años».
Así, informa que en el Juzgado especializado 101 bis de Madrid la admisión a trámite, como media, es de dos años en demandas multidivisa y asciende a tres y cuatro años si se trata de cláusula suelo, y que en el 50 de Barcelona la admisión a trámite también se sitúa en los dos años.
Añade que en Málaga, la admisión de demandas de cláusula suelo y gastos se demora hasta tres años; dos años en Cádiz y también en Zamora y Valencia.
Además, destaca que según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) faltan por resolver 240.000 demandas en los Juzgados especializados de las casi 600.000 que han ido llegando desde 2017, año de su creación, es decir, el 41%.
El PP manifiesta que a todo ello hay que sumar que las resoluciones del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores no son vinculantes, «las demandas acumuladas o colectivas son complejas procesalmente hablando y retrasan aún más el resarcimiento de los consumidores», y que «las entidades financieras no se adhieren a mecanismos de resolución alternativa de conflictos, etc.
En definitiva, señala, el consumidor se ve abocado a presentar una demanda individual para recuperar el dinero a pesar de que los procesos son costosos y dilatados en el tiempo.
El PP también hace hincapié en que «la saturación de los juzgados, la escasez de medios personales y materiales, afecta a los ciudadanos que tienen el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, generando indefensión y dilaciones indebidas».
Por todo ello, el PP pide la aprobación por la Comisión de Justicia de esta moción.
Respecto al coste económico, señala que «según la disponibilidad presupuestaria que tenga el Gobierno».
