Antonio Luis Baena Tocón no pidió la pena de muerte de Miguel Hernández, pero como secretario judicial formó parte del proceso

Sostiene que «debe prevalecer la libertad científica del investigador en un trabajo de investigación histórica, frente a la protección de los datos personales, cuando la información que contiene tiene relevancia o interés público».

Agrega que «como puede fácilmente colegirse, si el artículo al que indexa los buscadores de la Universidad de Alicante se basa en una investigación histórica sobre la actividad del Juzgado Especial de Prensa, conocer el nombre de las personas que ejercieron autoridad y funciones públicas, como es el caso del juez y el secretario judicial, además de estar íntimamente relacionado con la finalidad misma del trabajo de investigación, resulta de interés público».

NO ES OBJETO DE DISCUSIÓN EL PAPEL DE ANTONIO LUIS BAENA TOCÓN

Sobre esto, puntualiza que «no es objeto de discusión, y la propia parte actora así lo reconoce en su demanda, que el padre del recurrente, ejerció como secretario judicial en una Jurisdicción especial».

Es más, añade, «entre la documentación que aporta la parte recurrente junto a la demanda queda acreditado que, sea como fuere, en este caso concreto, el padre del recurrente como Alférez de Complemento honorífico del Cuerpo Jurídico Militar, precisamente por ser titulado un Derecho (cuestión que la parte actora acredita plenamente), siendo por esta razón designado secretario del Juzgado Especial de Prensa, realizando las funciones propias de secretario judicial, levantado diligencias procesales de todo tipo, entre ellas de instrucción, y dando fe de las actuaciones; por tanto, ejerciendo funciones claramente públicas».

Para el reconocimiento del derecho al olvido, que se materializaría a través de los buscadores de Internet, explica el magistrado, hay que «considerar el papel desempeñado por la persona en la vida pública y el interés público en conocer la información que resulte, circunstancias que, como ya se ha indicado, han sido valoradas por la Universidad de Alicante en el acto administrativo impugnado».

Miguel Hernández está considerado uno de los grandes poetas de nuestra historia.

La sentencia a muerte a Miguel Hernández ocupó un folio por una cara. «Fallamos que debemos condenar y condenamos al procesado Miguel Hernández Gilabert como autor de un delito de adhesión a la rebelión a la pena de MUERTE», dice el texto. Luego se le conmutó por cadena perpetua. Murió en la cárcel.

COMO SECRETARIO REVISÓ UNA RELACIÓN DE PERIÓDICOS, QUE SIRVIERON COMO PRUEBA DE CARGO, Y REMITIÓ LA INFORMACIÓN AL PROCEDIMIENTO

En base a todo ello, el juez concluye que los hechos contenidos en la publicación «responden a una construcción historiográfica que permite una participación subjetiva del autor a la hora de plasmar e interpretar las fuentes en su relato, respondiendo, en esencia, a unos datos ciertos, a saber, que el ya fallecido Baena Tocón intervino como secretario judicial en el Juzgado Especial de Prensa que instruyó el caso de los procesados Miguel Hernández y Diego San José, levantando diligencias de todo tipo, entre ellas de instrucción o indagación, y dando fe de las actuaciones practicadas, como además prueba la propia parte actora«.

Y ello, añade, «sin que las incorrecciones alegadas por el recurrente la demanda, de las que señala que el citado pasó a la Administración Local en 1944 y no en 1934, y a que no era funcionario antes de 1944, que es cuando obtuvo plaza en la Administración Local puedan, llevar a la no superación del test de veracidad».

En este sentido, subraya que «es cierto y asiste la razón a la parte actora, en que existen otras inexactitudes que quedan acreditadas con la prueba desplegada por el recurrente».

En concreto, que en el procedimiento «claramente podemos comprobar que ni el juez instructor ni quien actuó como secretario del mismo, ni ninguna otra de las personas que firman a lo largo de este proceso fueron quienes pidieron la condena a muerte para Miguel Hernández».

«La intervención de Baena Tocón no fue otra que la de revisar una relación de periódicos publicados con anterioridad a la guerra civil donde apareciera cualquier referencia a los procesados; y remitir con posterioridad y mecanografiadas todas las referencias aparecidas en prensa relativas al procesado en el procedimiento sumarísimo n.o 21001«.

Sobre estas líneas el periódico republicana «El Mono Azul», en el que Miguel Hernández publicó algunas de sus poesías y que sirvió como prueba de cargo en el juicio que después le condenaría a muerte.

Miguel Hernández también publicaba en el diario «La Voz», de zona republicana, que también sirvió como prueba de cargo contra su persona en el juicio militar.

SE ADMITEN INEXACTITUDES QUE RESPONDAN A ERRORES CIRCUNSTANCIALES, NO A LA ESENCIA DE LO INFORMADO

No obstante, agrega el magistrado, «se admiten jurisprudencialmente errores circunstanciales que no afecten a la esencia de lo informado; más aún en un trabajo de investigación histórica, como es el que nos ocupa».

Precisamente sobre la veracidad de la información indica, en base a la jurisprudencia, «la mayor protección de la que goza la libertad científica respecto a la libertad de expresión e información».

Destacando, «la innecesariedad de que la veracidad responda a datos exactos, menos cuando se trata de un trabajo de investigación histórica, admitiéndose inexactitudes que respondan a errores circunstanciales que no afecten a la esencia de lo informado».

Oficios de la Justicia Militar sobre Miguel Hernández.

Desde el Juzgado Militar de Orihuela se pidieron referencias sobre Miguel Hernández entre otros al alcalde de la ciudad, que respondió de la forma que se puede leer.