La Fiscalía General del Estado (FGE) ha suscrito hoy un convenio de colaboración con la Confederación Plena Inclusión España, que integra a las organizaciones de representación y defensa de los derechos de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo de todo el territorio nacional.
Según ha informado la Fiscalía, este convenio ha contado con el impulso de la fiscal de sala coordinadora para la protección de personas con discapacidad y mayores, María José Segarra, y establece un marco general de colaboración «para garantizar que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo o personas con dificultades de comprensión puedan tener un pleno acceso a la justicia».
El convenio ha sido firmado esta mañana por la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y el presidente de Plena Inclusión, Santiago López.
Delgado apuesta por «la igualdad y la integración e inclusión plena de todas las personas con discapacidad en la sociedad democrática, garantizando una justicia más accesible y más comprensible, un trato homogéneo, una justicia de mayor calidad y más cercana que atienda a sus específicas necesidades durante el proceso”.
Delgado ha recordado la actuación proactiva del Ministerio Fiscal para garantizar los derechos de la ciudadanía y, en especial, de las personas más vulnerables.
Entre las acciones concretas que recoge este convenio destacan la elaboración de guías, protocolos de actuación y herramientas orientadas a facilitar que los fiscales puedan ejercer de forma efectiva sus funciones en relación con personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.
También recoge un compromiso de prestación de apoyo a los fiscales que lo requieran en el marco de los procedimientos en los que intervengan personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, especialmente en lo referido a ajustes del procedimiento que aseguren el derecho de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva.
Otro de los objetivos es la promoción de acciones que permitan que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo puedan comprender los actos de trámite, diligencias, resoluciones y escritos del Ministerio Fiscal a través de la utilización de versiones de lectura fácil.
También está la colaboración y organización de acciones formativas, así como el estudio de canales de colaboración en materia de ejecución de penas que permitan promover la utilización de fórmulas alternativas a la privación de libertad en el caso de este colectivo, y todas aquellas acciones que tengan por finalidad la mejora del acceso a la justicia de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en condiciones de igualdad.
La firma de este convenio coincide con la entrada en vigor el pasado 3 de septiembre de la Ley 8/21, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, que, según destaca la FGE, «da un paso decisivo en la adecuación de nuestro ordenamiento jurídico a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad».
