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El juez aplaza la declaración del gurú de las criptomonedas por un informe que inculpa a su mujer

Javier Biosca y su esposa, Paloma Gallardo Leal; hasta mediados de 2.019 Biosca se dedicaba al marketing "on line" con su empresa
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La segunda declaración de Javier Biosca ante la Audiencia Nacional tendrá que esperar. El juez Alejandro Abascal tenía previsto tomarle de nuevo declaración el próximo 17 de septiembre, por su imputación como presunto cabecilla de un fraude piramidal de inversión que deja ya más de medio millar de afectados y roza los 500 millones de euros.

Sin embargo, el pasado viernes Abascal decidió suspender la comparecencia del gurú de las criptomonedas, cuando esta convocatoria buscaba dar cumplimiento a la diligencia inicialmente prevista para el 5 de agosto, la cual también fue aplazada.

Fuentes del caso señalan que la decisión del juez instructor, pendiente de señalar un nuevo día, estaría relacionada con la petición de prisión provisional para la mujer de Biosca, Paloma Gallardo. O más concretamente, con un escrito en el que la acusación, representada por la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas, solicita una prueba testifical con el objetivo de que se le tome nuevamente declaración y se decrete su entrada en prisión.

Emilia Zaballos, coordinadora de la Asociación y que ejerce como acusación popular y particular, reclama devolver a Gallardo al punto de mira tras haber presentado el escrito. En el mismo se recogen pruebas documentales y el testimonio de más de 50 personas, que declaran su responsabilidad como cabeza pensante y ejecutora, al mismo nivel que Biosca.

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Según este documento, que puede ayudar a desenredar la madeja, Gallardo desempañaba un papel directo en la captación de inversores, participando en reuniones y organizando encuentros sociales junto a su marido, en los que recreaban llevar un modo de vida ostentoso. También realizaba operaciones en las wallets –monederos electrónicos- desde su propio teléfono.

Sospechas de blanqueo de dinero

Tras la detención de Biosca el pasado julio, Gallardo habría seguido moviendo grandes importes, almacenados en las carteras virtuales, para comprar bienes de lujo y realizar inversiones. Todo -de acuerdo con el contenido de estas declaraciones- con el objetivo de blanquear el dinero y hacerlo desaparecer, lo que plantea un «gran riesgo de fuga, destrucción de prueba, y ocultación de las inversiones de los querellados».

Estas últimas sospechas derivan del hecho de que se quedó con el ordenador portátil y teléfonos móviles. En principio, se hizo con el material antes de que se produjera un posible registro de la vivienda desde la que operaban ella y su marido. “Todas estas personas están dispuestas a comparecer ante el tribunal de instrucción y ratificar lo que han puesto por escrito, ampliar su declaración en todo lo que sea necesario y acreditar que es verdad”, asegura Zaballos.

Durante su última declaración ante el juez, Biosca manifestó su disposición a colaborar con la justicia y a devolver el capital a los clientes si quedaba en libertad. No obstante, aunque desvinculó de la trama tanto a su mujer como al hijo de ambos y dijo que no recordaba algunas de las contraseñas de las cuentas bancarias, pero los investigadores sospechan que Gallardo tiene acceso a las mismas.

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“Visita todos los domingos en la prisión a su marido, pudiendo perfectamente recibir las ordenes necesarias y la información para seguir moviendo el dinero en el extranjero, impidiendo que desde España se pueda seguir su rastro”, se afirma en el escrito, del que se ha dado traslado inmediato al Ministerio Fiscal para que opine al respecto.

Ante estas evidencias, los querellantes reclaman que se vuelva a tomar declaración a Gallardo y se decrete prisión provisional sin fianza para ella si no colabora y pone todo a disposición del juzgado instructor. Por otro lado, solicitan ampliar la línea de investigación al hijo de Gallardo y Biosca, Sergio, y a la hermana y cuñada de ella como colaboradores.

“Entendemos que una vez quede acreditada su participación en los hechos que dan lugar a este procedimiento, la medida que venimos a solicitar, es la única que se puede adoptar, para que no se destruyan pruebas y para que se pueda conseguir averiguar el paradero del dinero apropiado o sustraído”, concluye el documento.

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