La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha ganado una sentencia que anula la resolución que «discriminaba» a los funcionarios de justicia respecto al resto de empleados públicos de la Comunidad de Madrid, ya que los dejaba fuera del reparto de los fondos adicionales, previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, que sí cobraron todos los trabajadores al servicio de la Comunidad.
La titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 30 de Madrid ha dado la razón a CSIF Madrid en una reciente sentencia, la número 312/2021, de 6 de septiembre.
La magistrada Carmen Casado Guijarro ha estimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por CSIF frente a la Consejería de Economía y Hacienda, contra la resolución del 4 de junio de 2019 que desestimó el recurso de alzada de este sindicato contra la resolución de marzo de aquel año que rechazaba a su vez la reclamación de cantidad.
Ahora, la Justicia la anula por no ser ajustada a Derecho y declara la obligación de la Administración demandada de aplicar el apartado segundo del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 2 de octubre de 2018, que se refería al ámbito de aplicación del reparto del 0,2% de incremento salarial adicional y que señalaba que “comprendía a todo el personal al servicio de la Comunidad de Madrid”.
CSIF alegó en su recurso vulneración del principio de igualdad por haber incurrido la Comunidad en discriminación respecto del personal al servicio de la Administración de Justicia.
La magistrada concluye en la sentencia, contra la que cabe recurso ordinario de apelación, que “la diferenciación en el cobro» de este fondo «no encuentra justificación en las alegaciones de la Administración” regional respecto a la falta de competencia y a la imposibilidad legal, pues esa parte ya era conocedora al tiempo de suscribir el citado Acuerdo de 2 de octubre de 2018 de que la “paga adicional complementaria” del personal al servicio de la Administración de Justicia se determinaba por otra Administración y por ello, para no dejar excluido a ese personal, podía haber imputado el citado fondo a otros conceptos retributivos respecto de los cuales la Comunidad De Madrid tiene competencia».
La juez explica que «según la normativa aplicable no pueden ser aceptadas las razones que aduce la Administración demandada para denegar la aplicación del incremento adicional del 0,2% a los empleados al servicio de la Administración de Justicia, los cuales no están excluidos del ámbito de aplicación el Acuerdo de 2 de octubre de 2018, del Consejo de Gobierno».
El responsable de Justicia de CSIF Madrid, Juan Carlos Ferreiro, señala a Confilegal que de confirmarse esta sentencia, «la Comunidad de Madrid tendría que repartir entre los empleados públicos de Justicia de la región más de medio millón de euros que, según confirmó Función Pública a CSIF, era la cantidad destinada al personal de justicia a abonar en la paga extra del mes de diciembre»
Explica que CSIF Justicia Madrid remitió en febrero de 2019 dos escritos a la Consejería de Justicia en los que exigía el abono de esta paga adicional de complemento específico en los meses en los que se percibe la paga extraordinaria; un aumento salarial que entonces ya había cobrado el resto de trabajadores públicos de la región.
Ferreiro denunció en aquel momento que «para cuestiones restrictivas, como los recortes llevados a cabo en época de crisis, los funcionarios de Justicia sí eran considerados pertenecientes a la Comunidad de Madrid, pero que en cambio para cuestiones favorables al trabajador, como el incremento del 0,2% de la masa salarial previsto en el artículo 18.2 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, la Comunidad alegaba que era personal del Estado».
Además, indica que el 1 de octubre de 2018, el entonces vicepresidente, consejero de Presidencia y Portavocía del Gobierno, Pedro Rollán, envió a todos los funcionarios de la Administración de Justicia, a través del correo electrónico corporativo, una carta en la que anunciaba el contenido del acuerdo, y por lo tanto, el abono del 0,2%, «incremento salarial que, además, es consolidable, y que nunca se llegó a producir».
Destaca que «por ser consolidable debe tener repercusión en la masa salarial de años posteriores» y que es «imprescindible que se reconozca dicha cantidad como parte de ella y la Comunidad proceda a pagar el importe en la primera nómina que resulte factible si finalmente no apela».
La administración todavía no se ha pronunciado al respecto. Ferreiro le preguntará este mediodía en la mesa sectorial de Justicia cuál es su intención.
Ferreiro celebra que la Justicia «haya dado la razón a una demanda que resultaba evidente que tenía fundamento», y espera que la Administración no recurra y proceda de inmediato al pago de esos 500.000 euros a los funcionarios judiciales de la región.
