Edmundo Bal formuló estas preguntas atendiendo a lo manifestado por Altodo en relación a esta problemática, el Ejecutivo confirma los temores de esta asociación y emplaza a intentar solucionarlo en los presupuestos para 2022.
El Gobierno reconoce que al elevarse el SMI se ha producido la exclusión de determinados núcleos familiares del beneficio de justicia gratuita
Responde así a una pregunta realizada por Cs sobre las consecuencias de la subida del Salario Mínimo Interprofesional en el acceso a la justicia gratuita
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15/10/2021 12:56
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Actualizado: 15/10/2021 12:56
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El Gobierno reconoce que al elevarse el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) «se ha producido la exclusión de determinados núcleos familiares del beneficio de justicia gratuita».
Informa que el acuerdo entre el Ejecutivo y los agentes sociales abre la puerta a una posible revalorización del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) en 2022, pero que hay que esperar a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para actualizar este índice de referencia.
El Ejecutivo ha contestado así al vicesecretario general de Ciudadanos y portavoz adjunto del partido en el Congreso, Edmundo Bal Francés, que el pasado 3 de septiembre le formuló varias preguntas sobre las consecuencias de la subida del Salario Mínimo Interprofesional en el acceso a la justicia gratuita, atendiendo las reivindicaciones de la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (Altodo), que llegó a presentar una queja ante el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, por la dificultad para acceder a la justicia gratuita al no ajustarse el IPREM al salario mínimo.
El vicesecretario general de Cs y portavoz adjunto en el Congreso, Edmundo Bal, abogado del Estado en servicios especiales.. Foto: Pedro Ruiz
Bal pidió al Gobierno que explicara, por escrito, qué medidas tiene previstas «para evitar que las anunciadas subidas del SMI no agraven las dificultades de acceso a la justicia gratuita de las personas con menos recursos».
También preguntó «si el Gobierno contempla volver a utilizar el SMI como indicador de referencia de la concesión de la asistencia jurídica gratuita para así garantizar más adecuadamente la equidad en el acceso a la justicia para todos los ciudadanos o actualizar el IPREM, con la consiguiente subida del gasto público en ésta y en otras materias referenciadas a este índice como, por ejemplo, las becas a opositores», recogiendo así las reivindicaciones de Altodo.
En su respuesta, el Gobierno recuerda que según el artículo 3.1 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, se reconocerá el derecho de asistencia jurídica gratuita a aquellas personas físicas que, careciendo de patrimonio suficiente cuenten con unos recursos e ingresos económicos brutos, computados anualmente por todos los conceptos y por unidad familiar, que no superen los siguientes umbrales:
-Dos veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples vigente en el momento de efectuar la solicitud cuando se trate de personas no integradas en ninguna unidad familiar.
-Dos veces y media el IPREM vigente en el momento de efectuar la solicitud cuando se trate de personas integradas en alguna de las modalidades de unidad familiar con menos de cuatro miembros.
-El triple de dicho indicador cuando se trate de unidades familiares integradas por cuatro o más miembros o que tengan reconocida su condición de familia numerosa de acuerdo con la normativa vigente.
El Gobierno manifiesta que «el IPREM se actualiza anualmente a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, de forma que se debe usar como referencia el último valor publicado de manera oficial para determinar si los ingresos superan un determinado número de veces el IPREM actual y así poder ser beneficiario o no de la asistencia jurídica gratuita».
Confilegal ha preguntado al respecto al presidente de Altodo, Juan Manuel Mayllo, y este señala que «este gobierno y anteriores han estado años sin revalorizar el IPREM» y señala que la problemática que surge ahora es consecuencia del aumento significativo del SMI sin que se haya revalorizado en igual cuantía el IPREM.
El letrado Juan Manuel Mayllo, presidente de Altodo.
Por otra parte, el Ejecutivo indica en su respuesta a Cs que el Real Decreto 231/ 20 0, d e 4 de febrero fijó el salario mínimo interprofesional para 2020, con efectos de 1 de enero, en 13.300 euros anuales.
Además, indica que, según la Disposición Adicional centésima vigésima primera de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, “de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto-ley 3/2004, de 25 de junio, para la racionalización de la regulación del salario mínimo interprofesional y para el incremento de su cuantía, el indicador público de renta de efectos múltiples tendrá las siguientes cuantías durante 2021: El IPREM diario 18,83 euros, el lPREM mensual 564,90 euros, y el IPREM anual 6.778,80 euros.
El Gobierno expone que en los supuestos en que la referencia al salario mínimo interprofesional ha sido sustituida por la referencia al IPREM en aplicación de lo establecido en el Real Decreto-ley 3/2004, de 25 de junio, la cuantía anual del IPREM será de 7.908,60 euros cuando las correspondientes normas se refieran al salario mínimo interprofesional en cómputo anual, salvo que expresamente excluyeran las pagas extraordinarias; en este caso, la cuantía será de 6.778,80 euros”.
Con esto dice que se explica que al elevarse el Salario Mínimo Interprofesional, se ha producido la exclusión de determinados núcleos familiares del beneficio de justicia gratuita y fía una solución a que el acuerdo con los agentes sociales permita incrementar el IPREM en los presupuestos generales para 2022.
Para Altodo, «es muy grave que el propio Gobierno reconozca la exclusión de determinadas unidades familiares del acceso al beneficio de Justicia Gratuita» y duda de que «el aumento del IPREM en los presupuestos pueda subsanar esta exclusión, dado que la diferencia entre la cuantía del IPREM y la del salario mínimo es de tal entidad que tendrían que aumentar el IPREM en una cantidad que supondría disparar el gasto público, con lo cual la posible solución estaría en retornar al SMI como base de cálculo para el acceso al beneficio de justicia gratuita».
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