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Es necesario articular medidas para impedir la desertización judicial en Cataluña

Fernando de Rosa Torner
Es necesario articular medidas para impedir la desertización judicial en Cataluña
Fernando de Rosa es senador por el PP. Es magistrado en servicios especiales y ha sido vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial. En su columna llama la atención frente a este peligro de desertización de jueces en Cataluña.
19/10/2021 06:47
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Actualizado: 19/10/2021 06:47
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La falta de libertad vinculada a la radicalización de los nacionalismos excluyentes siempre provoca actuaciones de acoso y derribo al Poder Judicial.

Estas actuaciones se pudieron apreciar hace unas décadas, en el País Vasco, motivado por la presión del entorno radical y terrorista.

En 1998, esta Comunidad Autónoma estaba en el último lugar de preferencia para el ejercicio de la profesión de la magistratura. Se acabó produciendo una casi paralización del Poder Judicial en las provincias del País Vasco.

Para contrarestarlo, el Consejo General del Poder Judicial tuvo que activar un plan de incentivos que fue un total éxito.

Esta situación se está repitiendo en la actualidad en Cataluña, donde el independentismo radical acosa y persigue a todos los que no piensan como ellos, incidiendo fundamentalmente en jueces, fiscales, le letrados y funcionarios de la Administración de Justicia.

Los grupos radicales responsabilizan a los jueces del fracaso del golpe de Estado.

Las Asociaciones de Jueces en Cataluña coinciden al señalar que, desde el inicio del procés, el independentismo está llevando a cabo una campaña de desprestigio contra el Poder Judicial en esa Comunidad Autónoma, especialmente en las causas en las que se investigan presuntos delitos cometidos por líderes separatistas. Los radicales se dedican a señalar a quienes cumplen con la función que tienen encomendada de proteger la Constitución y la Ley.

Tenemos un ejemplo claro con el instructor del sumario del procés en el Tribunal Supremo por el referéndum ilegal del 1 de octubre, Pablo Llarena, que sufrió episodios de escarnio público, cuando tuvo que abandonar un restaurante en Girona debido a los gritos de un grupo de independentistas.

Por citar otro ejemplo, hay que recordar que las juventudes de la CUP, realizaron una pintada intimidatoria ante la que creían que era su vivienda en la Cerdanya: “Fascistas. Los Países Catalanes serán tu infierno”. Esto es lo que se podía leer.

Otra actuación radical de los llamados Comités en Defensa de la república (CDR) fue buscar las direcciones personales de los jueces y fiscales destinados en Cataluña, para organizarles escraches en sus domicilios.

LA ASAMBLEA NACIONAL CATALANA QUEMÓ UN MUÑECO DE CARTÓN CON TOGA DE JUEZ

También, el pasado 1 de octubre, la Asamblea Nacional Catalana, con motivo de la conmemoración del IV aniversario del referéndum ilegal, quemó una escultura de cartón con una toga de juez.

En la misma se encontraban escritos los nombres de 12 jueces que han actuado en causas contra el procés. Esta violencia está provocando una total desertización en la Administración de Justicia en Cataluña.

Las plazas de jueces y magistrados en el ámbito de esta Comunidad Autónoma salen, como todas las plazas de juez, a concurso.

En Cataluña, se da la circunstancia de que se ofertan, en mayor número, a las últimas promociones como primeros destinos, tanto en concurso de magistrados o de promoción a la categoría de magistrado, o en concursos para los magistrados que han ascendido por el 4º turno.

Por ejemplo, de la última promoción de jueces salida de la Escuela Judicial (eligieron destino en otoño de 2020), de las 62 plazas ofertadas, 56 estaban en Cataluña, es decir, el 90 % de las plazas.

Se da la circunstancia de que los jueces destinados en concurso forzoso, únicamente permanecen congelados un año. Transcurrido dicho plazo, pueden concursar, por lo que muchos de ellos al cabo de dicho periodo eligen destino fuera de la comunidad.

Merece la pena resaltar dos datos al respecto. En el último concurso de jueces, 25 jueces han concursado fuera de Cataluña.

Sin que ningún juez del resto de España vaya a ir allí en dicho concurso.

Otro dato abrumador es que en el próximo concurso de jueces, de 101 plazas anunciadas en toda España, 46 están en Cataluña.

Este proceso de desertización ha provocado que el número de jueces en Cataluña sea sensiblemente inferior a la media española: 10,82 jueces por cada 100.000 habitantes, frente a la media nacional (11,97).

PLANTILLA INFRADOTADA

A una plantilla judicial ya infradotada, se une el grave problema de movilidad de jueces y magistrados de carrera.

En los últimos años, la proporción de jueces que se han ido, en comparación a los que han ido a Cataluña está absolutamente desequilibrada.

En el año 2018 se fueron 48 jueces y fueron únicamente 3, en concursos voluntarios; en 2019 se marcharon 40 y concursaron 7; en 2020 37 frente a 7; y en lo que vamos de 2021, se han ido 61 jueces y únicamente han ido a Cataluña 6 de forma voluntaria.

Ello hace que, en Cataluña, la estabilidad de la carrera se vea mermada con las deficiencias y problemáticas que ello acarrea.

Las consecuencias producidas son las siguientes:

1º) Los jueces de primer destino, descartan Cataluña como lugar donde desarrollarse profesionalmente.

2º) Los jueces que pueden optar por vivir de forma más estable en Cataluña, están concursando a plazas que les permitan desarrollarse profesionalmente de manera más satisfactoria, ajenos al conflicto político que ha castigado severamente a los jueces y magistrados destinados en Cataluña.

3º) La movilidad y desertización de plazas de jueces titulares implica necesariamente el recurso a la “justicia interina” y a su sobredimensionamiento.

Igualmente puede llegarse a la misma conclusión cuando nos referimos a fiscales, letrados de la administración de justicia y al resto del personal funcionario adscrito al servicio de esta administración.

Estamos ante un grave problema al que sigue sin buscarse una solución que garantice el cumplimiento de la ley en Cataluña.

El Poder Judicial es pilar básico del Estado social y democrático de Derecho que se describe en el artículo 1 de la Constitución Española.

Además, es una obligación del gobierno garantizar que la justicia se administre en todo el territorio nacional con las garantías necesarias para que se cumpla lo dispuesto en el artículo 24 Constitución Española.

El hecho de no protegerlos, podría ser interpretado por un atisbo del debilitamiento del Poder Judicial y un abandono de estos servidores públicos, cuya presencia en Cataluña no debe ser reemplazada por jueces sustitutos.

Por lo que es necesario dotar a los órganos judiciales de estabilidad y garantizar la profesionalidad, solidez e independencia del desempeño de la administración de justicia.

Para mejorar esta situación, es preciso el reconocimiento de la labor efectuada por jueces, magistrados, fiscales, letrados de la administración de justicia y demás personal de la administración de justicia, que están ejerciendo su labor en condiciones hostiles debido a la tensión provocada por el desafío soberanista catalán.

Se debe reformar la ley 15/2003 del 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal, así como instar a la Administración competente a que se dote a todos los funcionarios de la administración de justicia que trabajan en la comunidad autónoma de Cataluña de ayudas de índole económica.

La presencia del Estado en Cataluña es esencial, es necesario establecer mecanismos para fomentar la estabilidad y permanencia de los jueces en Cataluña, evitando la movilidad y desertización de plazas judiciales catalanas.

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