La magistrada titular del Juzgado de Instrucción Número 10 de Madrid, María Antonia de Torres Díez-Madroñero, ha elevado una exposición razonada al Tribunal Supremo (TS) para que evalúe si la diputada del Parlamento catalán Eulàlia Reguant (CUP) cometió un delito de desobediencia a la autoridad durante el juicio del ‘procés’, cuando se negó a responder en calidad de testigo a las preguntas de VOX, que ejercitó la acusación popular.
Entonces Reguant era concejal del Ayuntamiento de Barcelona por la CUP, desde 2021 es diputada autonómica y, por tanto, aforada.
En febrero de 2019, el Supremo impuso una sanción de 2.500 euros a Reguant y al exdiputado de la CUP Antonio Baños por negarse a responder a las preguntas realizadas por la acusación popular e instó a que un juzgado ordinario les investigara por desobediencia.
El Supremo los multó porque los testigos tienen la obligación de contestar a las preguntas de todas las partes personadas en un procedimiento judicial.
Esta obligatoriedad está regulada en el artículo 420 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) y puede ser penada con hasta un año de cárcel o una multa de hasta 18 meses por un delito de desobediencia.
Las sanciones fueron sufragadas con aportaciones de independentistas a la denominada «caja de solidaridad».
Un año después, en febrero de 2020, Reguant compareció ante la magistrada De Torres.
A su salida del Juzgado, Reguant manifestó que «asumía las consecuencias, pero poniendo encima de la mesa que un partido de extrema derecha condicionaba todo el procedimiento judicial».
Visto que los hechos atribuidos a Reguant se perpetraron en Madrid, la magistrada ha elevado testimonio íntegro de actuaciones a la Sala de lo Penal del Supremo, al considerar que el enjuiciamiento y fallo de los hechos investigados podrían corresponder al Alto Tribunal.
Reguant ha señalado que se reafirma en su decisión de «no contestar» a «la extrema derecha», en referencia a VOX, porque considera «aberrante» que el Supremo admitiera como acusación particular «a una organización que tiene como objetivo la negación de Derechos Fundamentales».
«Defendemos el derecho a desafiar la ley y a las autoridades establecidas sobre la base de un disentimiento básico» que es que «el fascismo no puede tener cabida en una sociedad que se pretende justa», afirma.
LOS HECHOS
Ocurrió en la octava sesión del juicio. Antonio Baños comunicó al tribunal que no quería contestar a VOX “por dignidad democrática y antifascista”.
El presidente del tribunal, el magistrado Manuel Marchena, le aclaró que “ese derecho” a no responder “sólo lo tienen los acusados”, y le informó de que él es “un tercero que tiene información útil para alguna de las partes” y “no tiene derecho” a negar esa información a la sala.
Baños manifestó que asumía ese riesgo y se mantuvo en su posición de no contestar a VOX.
Tras consultar con su compañero de tribunal, el magistrado Andrés Martínez Arrieta, Marchena dio al testigo una fórmula alternativa: que Javier Ortega Smith-Molina expusiera su pregunta y después el propio presidente la replicara, y el abogado de VOX estuvo de acuerdo.
Durante unos segundos se produjo en aquella sesión del juicio una situación inédita en los tribunales al tener que repetir Marchena la primera pregunta fue formulada a su vez en voz alta por el abogado de VOX, y que versó sobre en qué periodo fue diputado de la CUP en el Parlamento catalán.
Al darse cuenta de que VOX iba a formular sus preguntas en voz alta y Marchena las iba a repetir, Baños insistió en que no quería responder a este abogado, por lo que el magistrado cortó el interrogatorio unos instantes para decidir con sus compañeros sobre qué hacer.
Un par de minutos después se retomó la vista y Marchena le anunció que el tribunal iba a proceder a dejar constancia en el acta de la sesión de su decisión de negarse a contestar.
Pidió a Baños que saliera de la sala y solicitó a la agente judicial que llamara a la siguiente testigo, Eulalia Reguant.
Tras informar de sus datos al tribunal, ésta pidió poder declarar en catalán y también comunicó su intención de negarse a contestar a VOX. Además, definió a VOX “de extrema derecha, machista y xenófobo”.
Marchena hizo a Reguant la misma advertencia que a Baños de que negarse a responder podía incurrir en responsabilidades penales.
La testigo confirmó que se mantenía en su decisión, por lo que el magistrado le pidió igualmente que saliera de la Sala.
