En total, se apropió de 20.118,85 y ha devuelto 6.096,33 euros.
Condenada a 3 años de cárcel una procuradora que se apropiaba del dinero de clientes a los que representaba en procesos judiciales
Por un delito continuado de apropiación indebida, en concurso ideal con un delito continuado de deslealtad profesional, y por un delito continuado de falsedad documental
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12/11/2021 16:13
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Actualizado: 12/11/2021 18:04
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La Audiencia Provincial de Salamanca ha condenado a tres años y tres mes de cárcel a una procuradora que hizo suyas diversas cantidades de dinero recibidas en los procedimientos en que intervino, cuando tenía obligación de entregarlas a sus clientes o a los letrados que intervinieron en ellos.
Ha sido sentenciada como autora de un delito continuado de apropiación indebida, en concurso ideal con un delito continuado de deslealtad profesional, y por un delito continuado de falsedad documental.
La condenada tiene 39 años y es nacida en Zamora. Su participación en los hechos que han sido declarados probados se derivan del reconocimiento de los mismos por su parte, y se ha mostrado conforme con el relato de hechos del escrito de calificación de la Fiscalía.
En total, se apropió de 20.118,85 y ha devuelto 6.096,33 euros, ni el 30% de esa cantidad.
De los hechos probados resulta que en un procedimento ordinario del Juzgado de Primera Instancia número 5 se apropió de 11.170,87 euros; en un procedimiento ordinario del Juzgado de Primera Instancia número 6, de 3224.68 euros; en otro procedimiento ordinario del Juzgado de Primera Instancia número 2, de 2861,65 euros; y en otro procedimiento ordinario del Juzgado de Primera Instancia número 7, de 2.861,65 euros.
Por el delito continuado de apropiación indebida se le ha impuesto un año y seis meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de procurador durante el tiempo de la condena.
Por el delito continuado de deslealtad profesional ha sido condenada a una multa de 18 meses y un día con una cuota diaria de cuatro euros euros y a la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión de procurador durante dos años, seis meses y un día.
Como autora de un delito continuado de falsedad documental se le ha impuesto un año, nueve meses y un día de prisión y la pena de multa de nueve meses y un día, con una cuota diaria de cuatro euros.
La sentencia es la número 37/2021, de 30 de septiembre. Se ha conocido hoy.
La firman los magistrados José Antonio Vega Bravo (presidente), María del Carmen Borjabad García y Eugenio Rubio García.
La condenada ha estado defendida por el letrado Manuel Sánchez Benítez de Soto.
LOS HECHOS PROBADOS
La condenada ha reconocido de forma expresa su participación como procuradora en los procedimientos judiciales referidos, que efectivamente recibió las cantidades descritas y que se las apropió sin entregárselas a sus clientes ni a los letrados que participaron en dichos procedimientos.
También reconoce que «con el objeto de ganar tiempo falsificó resoluciones judiciales, haciendo creer a su cliente y a los letrados que había interpuesto demanda ejecutiva para el cobro de las cantidades ganadas en los procedimientos judiciales que intervino, cuando en realidad ya había cobrado dichas sumas de dinero».
Ha seguido la misma línea de las declaraciones que prestó en el Juzgado de Instrucción, como la del 18 de diciembre de 2018, donde, entre otros extremos, señaló que llevaba la representación de la querellante en un procedimiento ordinario del Juzgado de Primera Instancia número 5, que se consignaron por Allianz 8.518.56 euros que ella cobró, pero no se lo dio al cliente.
De acuerdo a su declaración, posteriormente, también cobró la tasación de costas y los intereses y tampoco se lo dio ni a la letrada ni se lo abonó al cliente, a quienes les fue dando excusas para no hacerle entrega.
A la letrada le dio documentos, un decreto y un auto simulando ser de procedimiento de ejecución de títulos judiciales. En cuanto a la manipulación de esos documentos, su recuerdo era de un documento de ella y que lo modificó haciendo copia y pega. Indicó que son los documentos que aparecen en el testimonio y en la querella.
También ha admitido que llevó un procedimiento en el Juzgado de Primera Instancia número 6 en el que también simulaba un auto y un decreto de la ejecución de títulos judiciales y entregó dichos documentos a la abogada.
En otra declaración del 26 de abril de 2019, preguntada en relación a los hechos relativos a un procedimiento en el que actuó en representación de un cliente ante el Juzgado de Primera Instancia número 3, en el que resultó la obligación de abonar unas costas procesales de 3.243,97 euros, también manifestó que se quedó con esa cantidad, que en ese caso no manipuló ningún documento y que el dinero no lo había entregado todavía.
Asimismo, explicó que en otro procedimiento de Instancia se quedó con 3.248,42 euros, pero que ya está abonada la minuta del letrado, que eran 2.861,65 euros, que lo puede justificar, y que el abogado ha renunciado.
La Audiencia indica que la documentación que consta en autos corrobora todo lo expuesto y que las declaraciones testificales prestadas en el acto de la vista por parte de dos de los perjudicados corroboran lo declarado por la procuradora.
La condenada, y solidariamente Mapre España, tendrán que abonar a una perjudicada, quien había sufrido un accidente en enero de 2016, una indemnización de 8.518 euros de principal de un procedimiento ordinario del Juzgado de primera instancia número 5 de Salamanca, 437,54 euros correspondiente a intereses, 150 euros en concepto de anticipo de provisión de fondos, 500,47 euros por intereses de préstamo, y 3.000 euros en concepto de daño moral.
En cuanto a la letrada que intervino en dicho procedimiento, tendrá que pagar en concepto de tasación de costas con una cantidad aún por determinar, y respecto a otro cliente, por un caso de 2017, tendrá que abonarle otros 2.861 euros.
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