La calidad de la democracia y su relación con la Administración de Justicia

En una Nación como nuestra España, en la que muchas veces no se les llama a las cosas por su real y verdadero nombre, o cuando se hace, se recurre prontamente al insulto y a la descalificación, venimos asistiendo desde hace ya más de tres décadas, en los mismísimos albores de la consolidación democrática, a la permanente intromisión del poder político (Ejecutivo y Legislativo) en las entrañas del Poder Judicial.

Empezó aquello, a mediados de los ochenta, cuando, so capa de que, como “el Poder emana del Pueblo”, era el Parlamento (mejor dicho, Las Cortes) quienes tenían que poder “meter sus soberanas manos” en la acaparación de la máxima capacidad en cuanto a determinar quiénes deben formar parte del Consejo General del Poder Judicial, se ideó una reforma que, por sobradamente conocida del ilustradísimo conjunto de lectores de esta publicación, no hace falta desmenuzar aquí.

Bastando sólo con resaltar aquí la enorme paradoja, el “quasi” oxímoron, de que el máximo órgano de gobierno de los jueces tiene una prácticamente nula presencia y capacidad de éstos en la elección de sus miembros.

Luego, además, ha ido viniendo –se ha ido sucediendo– a lo largo de estas décadas, el vergonzante espectáculo de la elección (en gran medida hija también de intereses políticos) de los miembros del Tribunal Constitucional.

Y, finalmente ahora, por coincidir con el “glorioso pacto de estado entre PSOE, PP y Unidas Podemos”, muchos españoles se han enterado de que existe una cosa llamada Tribunal de Cuentas. Y de que también la elección de sus miembros tiene que ver con las negociaciones de los partidos políticos.

Confieso que escribir en estas páginas sobre este asunto ha sido una decisión que me ha supuesto un fuerte debate conmigo mismo, pues poco o nada es lo que yo tengo que enseñar a los lectores de Confilegal al respecto.

GRITO DE ALARMA

Pero, en última instancia, me resolví a hacerlo sólo en clave de “grito de alarma” y de “clamor” (no sé si en el desierto), por ver si, entre quienes tenemos la condición de actores de la Cosa Jurídica, puedo contribuir a que, algún día, se ponga pie en pared sobre todo esto.

Produce vergüenza ajena, mucho sonrojo, asistir al esperpento de nombramientos que se ha producido hace pocos días (yo, como casi siempre, por mi proverbial falta de pelos en la lengua, ¡haciendo amigos!).

Pero mi queja no es tanto una queja “ad personas”, sino en cuanto al o a los procedimientos.

¿Es dable, resulta admisible, que sean los partidos políticos quienes se repartan la composición de los órganos como el TC y el Tribunal de Cuentas como si fuera la “túnica de la crucificada Democracia”?

¿Las asociaciones de jueces, de fiscales, de Letrados de la Administración de Justicia, los colegios de procuradores, de abogados, las restantes asociaciones de profesionales del Derecho, nada tenemos que decir?

¿Estamos tan institucionalmente muertos?

¿Somos de tal guisa y tan absolutamente gregarios y conformistas?

¿Tienen tanto y tan absoluto poder los políticos y quienes, de entre nosotros medran o aspiran a medrar en este lodazal que ha sepultado definitivamente la tumba de Montesquieu?

¿Es lo nuestro hastío, falta de convicción en la batalla que habría que dar, que tendríamos que librar, contra quienes atacan la independencia judicial, o simplemente es cobardía?

¿Se considera suficiente que algunas asociaciones de jueces hayan elevado ciertas tímidas quejas a Bruselas?

¿Es que no caben medidas de mucha mayor fuerza?

UNA LOTERÍA

Pero resulta que “el glorioso pacto de estado tripartito, PSOE, PP y UP” no ha sido capaz todavía de poner la guinda configurando un nuevo Consejo General del Poder Judicial a su gusto y conveniencia.

Y todos, inermes, mejor dicho, inertes, seguimos a la espera de conocer los nombres de quienes vayan a ser agraciados en esa lotería del reparto de nombramientos, lotería en la que a quienes les toca el Gordo es a los partidos que deciden los nombramientos, y los premios de segundo orden a los que vayan a ser nombrados.

¿Por qué nadie les explica a los ciudadanos españoles lo que realmente ocurre detrás de todo esto?

¿Por qué nadie, con verdadero peso institucional de entre los muchos y grandes juristas españoles, tiene la valentía de explicarle al “nobilísimo Pueblo español” que, detrás de todo esto, se esconde la expectativa de ir realizando luego, una vez nombrados los miembros de estos órganos, un vergonzoso “tráfico de influencias”?

Soy consciente de que acabo de citar por su nombre un tipo penal, una conducta prevista y penada en nuestro Código Penal; pero también lo soy de que se trata de conductas que, luego, se desarrollan en la tiniebla de las relaciones políticas y, además, entre personas ideológicamente ya muy comprometidas con sus benefactores.

Y eso ocurre de tal forma que, cuando llega el momento, en no pocas ocasiones, el político de turno, ni siquiera necesita descolgar él el teléfono para interesarse por tal o cual pleito, sino que recibe una oportuna llamada que le indica que no se preocupe mucho por ese pleito, ¡que todo está bajo control!.

¿Quién, dado el innegable corporativismo que también existe en nuestras profesiones, puede decirme que carezco en absoluto de razón?

De los medios de información llamados generalistas hay que esperar lo que se puede esperar, esto es, “los clásicos pellizcos de monja” que duran lo que duran, o sea, el suspiro de la actualidad aparente, ¡pero nada más!

Sólo si los actores del ámbito jurídico “la liamos”, se harán verdadero eco del problema.

HAY QUE PONER FIN AL «MANGONEO POLÍTICO ACTUAL»

O sea, que nos toca a nosotros decidir y echar por el camino del medio.

En suma: que la cobertura de los puestos de los principales órganos relacionados con la Administración de Justicia sea realizada por criterios de afinidad política, ideológica, y no por verdadera capacidad, mérito y trayectoria profesional no es sino el mayor desmedro, la mayor ofensa que se le puede causar al Estado de Derecho.

Porque todos sabemos que, a partir de este enorme vicio de raíz, el resto del árbol, si no en todas sus ramas, hojas y frutos, sí que puede –y de hecho lo está- hallarse envenenado por el terrible veneno del tráfico de las influencias políticas.

Entre los jueces –como entre los fiscales, los abogados, los procuradores, los Letrados de la Administración de Justicia y demás colectivos que intervenimos en la “Cosa Jurídica”– los hay muy buenos, buenos, regulares, malos y malísimos.

Pero yo prefiero mil veces un CGPJ elegido por y entre jueces que el “mangoneo político actual”; eso sí, con unos procedimientos internos de depuración de responsabilidades que no dejen lugar a dudas en cuanto a la protección del justiciable y de quienes lo defendemos.

Y también prefiero mil veces un Tribunal Constitucional integrado por jueces, magistrados y juristas de verdadero y real prestigio, de acrisolada trayectoria profesional y de indubitada independencia ideológico-política.

Y, puestos a pedir, también quisiera que se erradicara absolutamente el nepotismo, la influencia política en la elección del Tribunal de Cuentas que –no lo olvidemos- es teóricamente el mayor fiscalizador de las cuentas de los administradores públicos.

¡Perdón!: ¿le estoy pidiendo peras al olmo, o hay quien se atreve a la pelea?

Porque, si lo hay, ¡le ruego que me informe y que cuente con mi humilde apoyo y compañía!

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