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¿Es la Justicia una entelequia?
MIguel Durán, socio director de Durán & Durán Abogados, reflexiona sobre el actual estado de cosas en que se encuentra la Justicia española. Foto: Confilegal.
03/5/2023 06:30
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Actualizado: 02/5/2023 21:42
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A la hora de afrontar la redacción de este artículo, tengo la seguridad de que todo cuanto aquí planteo, así expuesto y sin continuidad, corre el riesgo de diluirse por excesivamente omnicomprensivo.
Y es que puede ser cierto que suscito muchas cosas, pretendiendo que una simple apuesta por un gran Pacto Social por la Justicia, venga a solventarlo todo.
Ello, me invita -y así lo hago- a que este artículo sea el primero de una serie en la que, aspecto por aspecto, segmento a segmento, me moje en soluciones que, en forma de propuestas, (no sólo de denuncia de problemas) den lugar a los correspondientes debates.
Ahora, sólo falta que el Bueno de Carlos Berbell considere que todo esto merece ocupar espacio en las solicitadísimas páginas de Confilegal; y si así resultare, prometo que las líneas que siguen sólo son el anticipo, el enunciado -probablemente incompleto- de cuanto tengo que decir a todo este respecto. Así que ¡empecemos!:
Nadie puede tomarse la justicia por su mano; nadie, salvo la Administración Pública en determinados supuestos de “autotutela”, puede satisfacerse frente a otro aplicando normas contrarias a los deseos de ese otro.
Incluso, el Código Penal lo tipifica así.
Es por eso, sin duda, que todos estamos de acuerdo en el gran pacto social que hacemos para que sea el Estado quien asuma la tarea de administrar Justicia.
¿Pero está siendo el Estado Español digno de seguir siendo depositario de ese gran pacto social?
El Estado sí, porque no cabe otra alternativa; pero la pregunta ha de ser reformulada: ¿Han sido merecedores los Gobiernos que hasta ahora hemos tenido en nuestra ya no tan joven Democracia merecedores de haber sido depositarios de ese gran pacto social?
La respuesta es un rotundo no.
TODOS LOS GOBIERNOS SE HAN DEDICADO A MANGONEAR EL CGPJ Y EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Tampoco es lugar ni tiempo éste para discriminar sobre cuáles de todos los Gobiernos, desde 1979 hasta ahora, han tenido más culpa, porque todos tuvieron su oportunidad de arreglar las cosas y, a lo más que han llegado, ha sido a poner parches, remiendos en un traje desastrado que, a lo que parece, mejor dicho, a lo seguro, ya no sirve para tapar las vergüenzas de nadie.
Todos los gobiernos, desde el primero de Felipe González (que puso los cimientos para acabar con la separación de poderes en la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985) se han dedicado, con mayor o menor intensidad, según la coyuntura, a mangonear en el Consejo General del Poder Judicial, en el Tribunal Constitucional y, de ahí para abajo y en cascada, en todo lo que han podido meter sus intervencionistas manos para asegurarse las mayores porciones de dominio en el ámbito de los jueces y tribunales.
Y lo malo es que lo han hecho de consuno con quienes, en cada momento, ocupaban la Oposición; hasta hace casi cinco años, en que ya no han sido capaces ni siquiera de eso.
Ningún ministro de Justicia se salva de la quema, de esta pira imaginaria que son o forman los impotentes artículos de opinión de quienes, por el momento, sólo podemos hacer eso, opinar.
Y, como me estoy opinando encima, quiero dejar a un lado toda continencia para volcar aquí la rabia que todo esto me inspira, repartiendo a cada cual lo suyo (también a los que vestimos togas sin puñetas, que algo tendremos que ver en todo esto).
Los Partidos Políticos y los Gobiernos que paren: Creo que nadie, salvo los que se sientan más culpables, más directamente concernidos por lo que digo, se atreverá a negar que tenemos la Administración de Justicia hecha unos zorros, vamos, que da penita mirarla.
TODOS LOS COLECTIVOS COINCIDEN EN UNA COSA: ¿QUÉ HAY DE LO MÍO?
Primero los letrados de la Administración de Justicia, luego el resto de empleados públicos de a pie, ahora también los jueces y magistrados, sin que falten los miembros del Turno de Oficio; y todos ellos, con más que justificadas reivindicaciones, básicamente, económicas; todos con el loable discurso tan consabido de ¿qué hay de lo mío?
Y al fondo de este gran “pandemónium”, casi invisibles y siempre ignorados de todos los actores que componemos este inmenso teatro del mundo jurídico, están los justiciables, los ciudadanos terceros a ese teatro.
Pero ¡qué digo terceros!: ése es, precisamente, el grave problema, que no deberían ser los terceros y, sin embargo, como a tales se les trata.
Ellos -los ciudadanos en su conjunto- son los grandes perjudicados de todo este enorme desastre en que se ha convertido la Administración de Justicia. Pero como la Administración de Justicia no forma parte directa de la maquinaria de recaudación de las administraciones públicas (no somos ni la Agencia Tributaria, ni la Tesorería General de la Seguridad Social, ni organismos asimilados), si hay huelgas que se prolongan meses y meses, la Ministra del ramo…, ni puñetero caso; y si luego vienen otros empleados…., pues tampoco, hasta que la cosa esté bien podrida; y si más tarde se plantan los jueces….., ¡pues qué le vamos a hacer!. Y si, además, durante las huelgas, ni se avisa a los abogados, ni a los clientes de los abogados de las suspensiones de los juicios…, ¡pues tanto mejor, que así se jode más el Perú, –que diría Vargas Llosa-.
EL ESTADO DE DERECHO ES CLAVE
Aquí presumimos (que presuma el que quiera, que yo no) de Estado del Bienestar, porque tenemos sanidad y educación gratuitas -o casi-, Seguridad Social o pensiones (que ya veremos hasta dónde y hasta cuándo llegan), y Ley de dependencia, aunque con muchas personas dependientes que se mueren antes de recibir los subsidios. si
Pero nos olvidamos de que esos cuatro pilares fundamentales del Estado del Bienestar son harto insuficientes si el Estado de Derecho no funciona bien.
¿Alguien de quienes lean estas modestas líneas se atreve a afirmar que nuestro Estado de Derecho funciona aceptablemente?
¿Es buen funcionamiento que los pleitos tarden años y años en sustanciar, siquiera sea, la Primera Instancia?
¿Alguien considera que tenemos suficientes empleados públicos en la Administración de Justicia, y que están suficientemente retribuidos?
Alguien se ha parado a pensar en que sería bueno -ahora que el Presidente del Gobierno y otros políticos, cuando les conviene, acuden al comparativo con otros países- ver cómo están en todos estos aspectos los países más avanzados?
¿Alguien quiere invertir algo de tiempo y de esfuerzo en crear un gran pacto social y político por la Justicia?
¿Un pacto en que, por ejemplo, además de dotar mejor, con más medios humanos y materiales a la “máquina” de impartir justicia, también se les exigiera a los empleados públicos que la sirven un mayor y más completo grado de compromiso personal de productividad?
Los interrogantes a suscitar son muchos, pero dejo la misión de completar ese Catálogo para el o los debates que acabo de anunciar.
Yo sólo puedo decir que el día que sepa que los jueces y los demás operadores jurídicos se plantan ante el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo para exigir que se vuelva a la estricta separación de Poderes, el día que yo vea (y no me hagan el chiste fácil, que ahora voy en serio) que existe un plante generalizado para que los partidos políticos tomen conciencia de que, o arreglan esto adecuadamente, o vamos a levantarles a toda la ciudadanía en su contra, ese día yo seré feliz, comprometiéndome hasta la última gota de mis energías luchando por una Administración de Justicia verdaderamente democrática y eficaz.
En tanto eso no se dé, todo lo demás son también parches, remiendos sobre rotos y pespuntes sobre descosidos, que seguirán manteniendo este miserable traje con que intentan que nos tapemos las vergüenzas.
Ahí también quisiera yo ver a los colegios de la Abogacía (al Consejo General también, a ver si se nos hace más visible a todos); ahí quisiera verlos también, peleando por el justiciable por el ciudadano indefenso ante tanta incuria política e institucional.
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