La Fiscalía Provincial de Madrid ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 34 de Madrid el sobreseimiento provisional de la querella presentada por Justicia Policial (Jupol), el sindicato mayoritario en el Consejo de la Policía, contra el director general del Cuerpo, Francisco Pardo Piqueras, y la subdirectora general de Recursos Humanos, Pilar Allué Blasco, por un supuesto delito contra la seguridad e higiene en el trabajo.
Para la Fiscalía, una vez analizada toda la documentación aportada en la causa, ha quedado «acreditada» la compra de material de protección a los agentes de la Policía Nacional en fechas anteriores a la declaración del estado de alarma, asi como su «efectiva entrega».
Y afirma que todo ello, gracias al informe elaborado en enero de 2020 por el exjefe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Policía Nacional Jose Antonio Nieto González, que «derivó en la adopción por parte de los investigados de medidas de protección para garantizar la seguridad en el trabajo de los agentes policiales con la entrega de existencias y numerosa compra de material y posterior realización de protocolos de actuación”, según expone al magistrado instructor en su escrito.
Añade que también se resalta en el escrito firmado por la decana del área de siniestralidad laboral, la tarea de Nieto -cesado el 13 de marzo de 2020- «en aras de garantizar la seguridad y salud de los agentes de la Policía Nacional».
Jupol sostiene que, a pesar de la escasez de medios materiales, de la ausencia de cualquier medida organizativa o preventiva en atención a la pandemia en el ámbito de la Policía Nacional o de la celebración en España de eventos multitudinarios desde enero y hasta el 14 de marzo de 2020, no se adoptaron medidas “que contuvieran la propagación del virus entre los ciudadanos».
Denuncia que desde enero de 2020 ya era «patente» en la Policía la necesidad de abastecer de medios de protección a unidades y agentes. “De ahí que miles de agentes desempeñaran sus funciones sin medios de protección, sin protocolos de actuación o con protocolos contradictorios”, indica.
Los querellantes subrayan que «cientos» de solicitudes de material de protección de agentes dirigidos a sus superiores, “fueron desatendidas” y en en abril “agentes sospechosos de Covid se reincorporaban sin haberles realizado la prueba o test con resultado negativo de coronavirus”.
Una vez efectuada la correpondiente investigación, la Fiscalía se ha dirigido al juez para solicitar el sobreseimiento de la causa.
El Ministerio Público afirma que «como es notorio y público», los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado, dada la situación de urgencia sanitaria por la que se declaró el estado de alarma, estuvieron expuestos a un riesgo «evidente» para su salud, pero solo «en el caso de que se acredite que no desempeñan el trabajo con las medidas adecuadas».
Subraya que la Policía ha sido uno de los colectivos de trabajadores «que más esfuerzo y mérito han demostrado durante la pandemia en el desempeño de su trabajo» y que «siguen siendo un pilar fundamental en la lucha contra el virus y en la defensa de la seguridad de miles de personas».
Ahora bien, manifiesta que la situación que se vivió en aquella época fue «excepcional» y que «las circunstancias extraordinarias que concurren constituyen, sin duda, una crisis sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud».
En este sentido, recuerda que en España, tras la declaración del estado de alarma, el Ministerio de Sanidad envió a los profesionales sanitarios el documento ‘Medidas excepcionales ante la posible escasez de EPIS: estrategias alternativas en situación de crisis’.
Señala que en dicho documento se determina que fue un hecho «público» y «notorio» el desabastecimiento existente en el mercado nacional e internacional de los equipos necesarios para el adecuado desempeño del trabajo de los sanitarios y de los demás colectivos esenciales como los agentes de Policía (batas, mascarillas, guantes, protectores faciales… ), «lo que determinó que en los inicios de la pandemia , que es el periodo que se denuncia, no existieran los suficientes equipos de protección».
Precisa que tales circunstancias excepcionales «con un mercado desabastecido y con todos los países compitiendo para comprar material”, determinó las dificultades para abastecer a los policías de los medios de protección necesarios.
La Fiscalía destaca la «importancia» de que todas las personas que han declarado en la causa coincidan en la «relevancia» del informe de Jose Antonio Nieto González, elaborado con casi dos meses de anticipación a la declaración del estado de alarma el 14 de marzo de 2020, «lo que demuestra que ya desde el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Policía Nacional se anticiparon a las eventuales consecuencias del Covid 19, protegiendo a los agentes con las existencias de epis existentes».
En consecuencia, señala que los investigados, testigos, Audiencia Provincial y el querellante «resaltan la importancia y el valor del trabajo del Jefe de Prevención de Riesgos Laborales y de su informe, de modo que aun aceptándose la veracidad de dichos reproches, en absoluto se aporta el más mínimo elemento que permita considerar que el sujeto legalmente obligado pudo hacer algo diferente a lo que hizo, ni mucho menos que tuvo la posibilidad de proporcionar a los Policías equipos de protección adecuados en número y por su propia voluntad no se los facilitaron. De ahí que no puede apreciarse que su conducta o sus omisiones estén embebidas del necesario dolo o imprudencia grave».
El Ministerio Fiscal también afirma que ha quedado «acreditada» la compra de material de protección en fechas anteriores a la declaración del estado de alarma, así como su «efectiva entrega a los agentes policiales», incluidos los numerosos protocolos efectuados a raíz del citado informe tantas veces citados.
Y todo, según señala, gracias al «valioso» trabajo del jefe de Prevención de Riesgos laborales, «que se anticipó incluso a las autoridades sanitarias de España, advirtiendo del riesgo grave que suponía el Covid 19 sobre todo para el desarrollo de trabajos en puestos fronterizos, interesando a sus superiores de la necesidad de entregar mascarillas FFP2 y guantes a los agentes, hecho que motivó que así se hiciera».
