Eduardo Esteban Rincón tomando posesión del cargo el pasado 9 de abril. Foto: FGE
El TS estudiará el 15 de febrero el recurso de la AF contra el nombramiento de Eduardo Esteban Rincón como fiscal de Sala de menores
Esta asociación considera que dicho nombramiento discrecional "puede incurrir en arbitrariedad"
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17/1/2022 13:26
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Actualizado: 17/1/2022 14:15
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El Tribunal Supremo (TS) estudiará el próximo 15 de febrero el recurso contencioso-administrativo de la Asociación de Fiscales (AF) contra el nombramiento de Eduardo Esteban Rincón, exfiscal de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional, como fiscal de Sala de menores y como coordinador de protección y reforma en la materia.
Deliberará sobre el recurso la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Se ha designado como ponente al magistrado José Luis Requero.
Esta asociación, la mayoritaria de la Carrera Fiscal, considera que «dicho nombramiento discrecional puede incurrir en arbitrariedad».
También impugnó la designación el fiscal de Sala José Miguel de la Rosa, perteneciente a la AF, que se había postulado para esa plaza.
La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, propuso al Consejo Fiscal en el Pleno del 12 de marzo de 2021 el nombramiento de Esteban, quien ingresó en la Carrera Fiscal en 1988, fue fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid entre 2008 y 2013, y vocal electivo del Consejo Fiscal por la Unión Progresista de Fiscales (UPF) desde 2014 a 2018.
Delgado destacó que «la capacidad de gestión demostrada» por Esteban durante su jefatura en la Fiscalía territorial más numerosa y compleja de todo el territorio nacional, su «talante y disposición para generar sinergias positivas, y el conocimiento y sensibilidad en una materia tan especial, que ha plasmado en su brillante plan de actuación, son méritos indiscutibles que avalan su designación para esta responsabilidad», a la que, según dijo, aportará «la extensa experiencia en materia de protección de derechos fundamentales adquirida durante sus ochos años en la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional».
Eduardo Esteban Rincón fue nombrado el 30 de marzo y tomó posesión del cargo el 9 de abril.
La Asociación de Fiscales ve necesario que los tribunales se pronuncien «sobre la concurrencia de fundamento suficiente para considerar que no existe arbitrariedad en este nombramiento por parte de la fiscal general del Estado», según señaló entonces a Confilegal su presidenta, Cristina Dexeus, decana de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Barcelona.
Dexeus destaca que la plantilla de fiscales de Sala está «sobredimensionada«, por lo que afirma que «ascender a un compañero a la primera categoría supone un coste innecesario, pues perfectamente podría asumir la coordinación otro de los fiscales de sala ya existentes, en concreto el otro peticionario, José Miguel de la Rosa».
Por otro lado, indica que «frente a Eduardo Esteban, que carece de formación en materia de la jurisdicción de menores, se enfrentaba José Miguel de la Rosa, verdadero especialista en la materia«, por lo que la AF considera que el nombramiento de De la Rosa es «el más fundamentado, tanto por razón de mérito, capacidad, antigüedad, como de respaldos en el Consejo Fiscal», donde este último contó con mayor número de apoyos, seis frente a cinco.
«Con De la Rosa se aseguraría la eficacia del servicio público que en esa materia da la Fiscalía a los ciudadanos, al tener como fiscal coordinador de todos los especialistas a un fiscal de Sala absolutamente preparado, pues desde 1999 y en los distintos destinos en los que ha servido se ha dedicado a la especialidad de menores», indica.
La AF también reclama a la fiscal general del Estado que «optimice los recursos humanos ya existentes en la Carrera y actúe conforme a los principios de mérito y capacidad».
Este es el segundo nombramiento recurrido por la Asociación de Fiscales. También recurrió el Decreto de Delgado que designó al fiscal del Tribunal Supremo Javier Zaragoza como refuerzo de la Fiscalía Antidroga para el Campo de Gibraltar.
En este caso, no recurrió el nombramiento en sí, sino «el vaciamiento de competencias que con la delegación de funciones acordada se hacía de las competencias de la Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional, por cuestión de interpretación jurídica del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal».
Tras conocer el recurso de la AF, Javier Zaragoza presentó su renuncia.
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