Es la consecuencia directa de la decisión que el tribunal de apelación de la Audiencia Provincial de Málaga ha tomado. Ha desestimado el recurso que interpuso el exdecano del Colegio de Abogados de Málaga, Francisco Javier Lara, contra un auto del juez instructor.
Con lo que ahora se va a dar paso a la Fiscalía para que lo acuse formalmente por un supuesto delito de desobediencia a la Autoridad judicial.
Lara solicitaba en ese recurso que el titular del Juzgado de Instrucción 6 de Málaga Juan Carlos Velasco Báez, competente en este caso, llamara a declarar a una serie de personas antes de remitir la causa a la Fiscalía.
Lo que pretendía Lara, que ha declarado que respeta la resolución de la Sala, «pero no la comparto», era que el juez de Instrucción tuviera más piezas de valoración para tomar una decisión final justa que, por lógica, tendría que haber sido el archivo.
El tribunal de la Seccion Novena de la Audiencia Provincial, compuesto por Enrique Peralta Prieto, Cristina Jariod Alonso y Julián Javier Cruz Guerra, ha sorprendido con su decisión.
Porque no considera necesario que el magistrado Velasco llame a declarar a la denunciante, su compañera, Estela Gómez Giner, del Juzgado de Instrucción 10 de Málaga, al letrado judicial, a los funcionarios de dicho órgano judicial que el 6 de mayo de 2020 estuvieron de guardia, cuando sucedieron los hechos denunciados.
Tampoco a los 14 miembros de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Málaga, que han declarado públicamente que ellos suscribieron la decisión de su decano de negarse a enviar a ningún abogado para asistir a cuatro detenidos para impedir que se pudieran contagiar del COVID-19.
Porque suponía poner en riesgo sus vidas.
Con ello, el instructor, después de haberlos escuchado, por lógica, debería haber ampliado el encausamiento a todos ellos.
El origen de la denuncia fue el requerimiento al Colegio de Abogados de Málaga, por parte de la magistrada Estela Gómez Giner, de guardia aquel día, para que enviara a cuatro abogados del turno de oficio para que bajaran a los calabozos de la Ciudad de la Justicia, con el fin de asistir a unos detenidos.
Los hechos sucedieron en un contexto de terror generalizado, en medio del confinamiento, cuando no había remedio alguno y en el que los abogados del turno de oficio se jugaban la vida
En aquel momento España llevaba bajo confinamiento, en estado de alarma, 51 días. Ya habían muerto 26.834 personas. 122.439 estaban hospitalizadas y 235.400 habían sido diagnosticadas de COVID-19.
En Andalucía los contagiados se elevaban a 12.450 personas. 1.334 ya habían muerto.
CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES
Nadie sabía cómo se transmitía la enfermedad. Los calabozos eran focos claros de infección donde no existía protección de ningún tipo.
La magistrada, al parecer, no dio la posiblidad de que la asistencia se produjera por videoconferencia o por teléfono, como estaba sucediendo en el resto de España.
En ese contexto de terror generalizado, en nombre del Colegio de Abogados de Málaga, el decano respondió al Juzgado de la única forma: Informando que los abogados del turno de oficio solo harían esas asistencias por videoconferencia por razones obvias.
La consecuencia de aquella negativa fue la denuncia que interpuso la magistrada contra el entonces decano del Colegio de Málaga por desobediencia a la Autoridad Judicial.
Las circunstancias eran excepcionales. Y todo indica que desde el Colegio de Abogados de Málaga existiera intencionalidad de desobedecer a la magistrada sino, por el contrario, de proteger a los miembros de un colectivo, como es el de los abogados, en riesgo alto cuya vida estaba en peligro.
Ahora definitivamente la pelota pasa al fiscal del caso.
Su superior, el fiscal jefe de Málaga, Juan Carlos Caballero, nunca tuvo una buena relación durante el mandato del decano Lara por su afán de defensa de los colegiados a los que representa.
