Multa de 2.500 € a Baños y Reguart –de la CUP– por negarse a contestar a Vox en el juicio
El Tribunal Supremo impuso una multa de 2.500 euros a Eulàlia Reguant y otra a Antonio Baños porque los testigos tienen la obligación de contestar a todas las partes. Foto: Poder Judicial

El Supremo juzgará en marzo a la diputada de la CUP que se negó a responder a VOX en el juicio del ‘procés’

Por delito de desobediencia grave a la autoridad

27 / 01 / 2022 16:00

Actualizado el 27 / 01 / 2022 17:11

El Tribunal Supremo (TS) ha señalado para los días 1 y 2 de marzo el juicio a la diputada de la CUP en el Parlamento catalán Eulàlia Reguant  por delito de desobediencia grave a la autoridad, en relación a su negativa a responder en el juicio del ‘procés’ a la acusación popular, ejercitada por VOX, cuando compareció como testigo.

La Fiscalía le acusa de desobediencia grave y pide seis meses de prisión y el mismo tiempo de inhabilitación.

El tribunal de la Sala de lo Penal ha declarado pertinentes las pruebas propuestas tanto por la Fiscalía como por la defensa de la diputada, que incluyen en ambos casos el interrogatorio de la acusada, que podrá declarar en catalán como ella ha pedido.

Respecto a las cuestiones previas planteadas por la defensa, tendrán respuesta al inicio del juicio.

En febrero de 2019, el tribunal que juzgaba la causa del ‘procés’ acordó una sanción de 2.500 euros para Reguant y el diputado de la CUP Antonio Baños por negarse a responder a las preguntas realizadas por el abogado de la acusación popular, algo que es de obligado cumplimiento para los testigos, quienes deben responder con la verdad a todo lo que se les pregunte. El Supremo instó a que un juzgado ordinario les investigara por desobediencia.

Esta obligatoriedad está regulada en el artículo 420 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) y puede ser penada con hasta un año de cárcel o una multa de hasta 18 meses por un delito de desobediencia.

Las sanciones fueron sufragadas con aportaciones de independentistas a la denominada «caja de solidaridad».

En octubre de 2021, la magistrada titular del Juzgado de Instrucción Número 10 de Madrid, María Antonia de Torres Díez-Madroñero, elevó elevó al Supremo el caso de Reguant. Cuando ocurrieron los hechos era concejal del Ayuntamiento de Barcelona por la CUP, pero desde 2021 es diputada autonómica y, por tanto, aforada.

LOS HECHOS

Los hechos tuvieron lugar el 27 de enero de 2019, en la octava sesión del juicio del ‘procés’. Antonio Baños comunicó al tribunal que no quería contestar a VOX “por dignidad democrática y antifascista”.

El presidente del tribunal, el magistrado Manuel Marchena -presidente de la Sala de lo Penal-, le aclaró que “ese derecho” a no responder “sólo lo tienen los acusados”, y le informó de que él es “un tercero que tiene información útil para alguna de las partes” y “no tiene derecho” a negar esa información a la sala.

El tribunal del ‘caso procés’, de izquierda a derecha: Andrés Palomo, Luciano Varela, Andrés Martínez Arrieta, Manuel Marchena (presidente y ponente), Juan Ramón Verdugo, Antonio del Moral y Ana María Ferrer.

Baños manifestó que asumía ese riesgo y se mantuvo en su posición de no contestar a VOX.

El presidente del tribunal, Manuel Marchena, tras consultar con el magistrado Andrés Martínez Arrieta, dio al testigo una fórmula alternativa: que Javier Ortega Smith-Molina hiciera su pregunta y después el propio presidente la replicara, y el abogado de VOX estuvo de acuerdo.

Pedro Fernández y Javier Ortega Smith-Molina, los abogados que ejercitaron la acusación popular por VOX. Foto: Poder Judicial. 

Así, durante unos segundos se produjo en aquella sesión del juicio una situación inédita en los tribunales. La primera pregunta versó sobre en qué periodo fue diputado de la CUP en el Parlamento catalán.

Al darse cuenta el testigo de que VOX iba a formular sus preguntas en voz alta y Marchena las iba a repetir, Baños insistió en que no quería responder a este abogado, por lo que el magistrado cortó el interrogatorio unos instantes para decidir con sus compañeros sobre qué hacer.

Un par de minutos después se retomó la vista y Marchena le anunció que el tribunal iba a proceder a dejar constancia en el acta de la sesión de su decisión de negarse a contestar. Pidió a Baños que saliera de la Sala y solicitó a la agente judicial que llamara a la siguiente testigo, Eulàlia Reguant.

Tras informar de sus datos al tribunal, ésta pidió poder declarar en catalán y también comunicó su intención de negarse a contestar a VOX. Además, calificó a este partido “de extrema derecha, machista y xenófobo”.

Marchena hizo a Reguant la misma advertencia que a Baños de que negarse a responder podía incurrir en responsabilidades penales. La testigo confirmó que se mantenía en su decisión, por lo que el magistrado le pidió igualmente que saliera de la Sala.

El pasado mes de diciembre, la diputada y portavoz de la CUP publicó en Twitter las palabras que había vertido sobre VOX en el juicio:

En VOX esperan que sea condenada.

«Delincuentes. Y no solo por su intervención en el fallido intento de segregar España, también por no contestar a Ortega Smith-Molina y Pedro Fernández en el ‘procés’. Nos alegramos que actúe la Justicia», publicó en Twiter la vicesecretaria jurídica de VOX, Marta Castro, al conocer que se había abierto juicio oral a Reguant.

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