El presidente de CSIF Justicia en Andalucía, Manuel Moreno, analiza en Confilegal la situación de los juzgados y tribunales andaluces.
CSIF advierte que Andalucía necesita más de 50 nuevos juzgados y ampliar las plantillas para poner fin a la Justicia tardía
Destaca que "la infradotación de juzgados y personal perpetúa una Justicia lenta y con enormes retrasos", con juicios señalados para 2024, 2025 y 2026
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08/2/2022 10:10
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Actualizado: 08/2/2022 10:33
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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) valora positivamente la puesta en marcha de ocho nuevos juzgados en Andalucía, pero advierte que el déficit de órganos judiciales y plantilla “es estructural e histórico y no se resuelve con estas nuevas plazas”. «Andalucía necesita más de 50 nuevos juzgados y ampliar las plantillas para poner fin a la Justicia tardía», afirma a Confilegal el presidente de CSIF Justicia en Andalucía, Manuel Moreno.
Explica que las ratios de asuntos que entran en las distintas jurisdicciones sigue siendo muy elevada, por lo que ha calculado que sería necesario hasta medio centenar de unidades, con la consiguiente ampliación y mejora de las plantillas, «para paliar las carencias que hay y ofrecer a la ciudadanía una Justicia bien dimensionada”.
Los ocho nuevos juzgados que empezaron a funcionar el pasado 31 de enero son los de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Arcos de la Frontera y 4 de San Fernando, en Cádiz; el Contencioso-Administrativo número 8, el Social 14 y el Mercantil 3 de Málaga; el Social 8 de Granada; el Social 13 de Sevilla; y el Mercantil 2 de Almería.
“Estos juzgados se necesitan, pero el volumen de población, el alto índice de litigiosidad y la pandemia evidencian que sigue habiendo muchas necesidades”, señala Moreno, quien lamenta que “la infradotación de juzgados y personal perpetúa una Justicia lenta y con enormes retrasos”.
Por ejemplo, el Juzgado de lo Social número 11 de Sevilla está señalando juicios para noviembre de 2024, como ha denunciado el abogado Daniel Sánchez Bernal, por considerar un «auténtico despropósito» y un «atropello a los derechos de los justiciables» los juicios tardíos, y ha presentado dos quejas sobre este caso que le afecta, señalado a tres años vista, ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Además, informa a este diario que en Sevilla, en la jurisdicción de lo Social se están señalando juicios para abril de 2026, en concreto en el Juzgado de lo Social 2, y en el orden civil se están admitiendo a trámite demandas en materia de cláusulas suelo señalando la audiencia previa sine die, como le han transmitido otros abogados para que lo recoja en su demanda de amparo ante el Tribunal Constitucional.
«Siempre ha habido una alta litigiosidad, pero esto que estamos padeciendo en Sevilla con señalamientos a tres, cuatro o cinco años vista, jamás se ha visto», apunta Sánchez Bernal. En su opinión, «la solución no es tanto crear nuevos juzgados, sino reorganizar los medios materiales y humanos y, además, afianzar el anhelado expediente digital».
RADIOGRAFÍA DE LA PLANTA JUDICIAL EN ANDALUCÍA
Según el último informe del CGPJ, Málaga tiene los juzgados de Instrucción con la carga de trabajo más alta del país (149%), cuando el promedio nacional es del 88,7%. «Es necesario reforzar la planta judicial en esta jurisdicción, así como aumentar el número de juzgados de lo Penal, Contencioso y Social, aunque el mayor esfuerzo se ha de realizar en la creación de juzgados de Primera Instancia puros, es decir, sin llevar asuntos específicos como familia o cláusulas suelo. Los que existen en la actualidad afrontan un nivel de trabajo insoportable. En 2021 entraron más de 40.000 demandas”, explica el responsable de CSIF Justicia Andalucía.
También urge, según manifiesta, la creación de un juzgado de Incapacidades y otro de Violencia sobre la Mujer. «En total, más de una veintena de nuevos órganos sólo en la capital», indica Moreno.
Respecto a Cádiz, destaca que el déficit de personal es “especialmente inadmisible” en el Campo de Gibraltar, donde «no existe un juzgado de lo Mercantil a pesar de que la comarca es el motor empresarial de la provincia y, en parte, de Andalucía”, pero señala que el problema más grave es la “caótica situación” de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial, con sede en Algeciras, que aunque cuenta con seis magistrados, el doble de lo normal, sólo hay una letrada de la administración de justicia y doce funcionarios.
“Esa plantilla es insuficiente, las macrocausas se están señalando para 2023 y así se tira por suelo el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”, denuncia Moreno, y reivindica la “urgente” creación de otra Sección y que la Séptima, mientras tanto, sea reforzada con al menos con tres funcionarios más.
En Sevilla capital, según CSIF, hace falta un decimocuarto juzgado de lo Social y como mínimo un nuevo juzgado de lo Penal, ya que en esta jurisdicción se sobrepasan en más de un 20% los módulos establecidos por el CGPJ. También está saturada la jurisdicción civil, con seis juzgados especializados en familia y otro en cláusulas suelo, el 29, añade Manuel Moreno. «Para los asuntos generales, el cajón de sastre de las jurisdicciones, quedan sólo 23 juzgados de Primera Instancia, por lo que deberían crearse cuatro o cinco más”, expone el presidente de CSIF Justicia en Andalucía.
Según afirma, en la provincia de Córdoba están las plantillas “más erráticas e insuficientes” dentro de la comunidad. En partidos como Montoro, Montilla, Posadas, Peñarroya, Pozoblanco, Cabra o Puente Genil hay cuatro o cinco funcionarios por órgano. “Esto es inadmisible”, critica Moreno, y añade que en la capital «falta un juzgado de Familia, dos para la jurisdicción Civil, que está muy colapsada, y un juzgado de lo Penal dedicado en exclusiva a la violencia de género».
Respecto a Granada indica que el nuevo juzgado de lo Social “ha aliviado la pendencia de asuntos”, pero CSIF considera que sólo en la capital debería haber un nuevo juzgado de Primera Instancia, otro de lo Penal y un sexto de lo Contencioso-Administrativo. También reclama que se revise la dotación de funcionarios en partidos como Baza, Guadix y Loja, donde «el número de efectivos no ha variado en más de treinta años».
Para Huelva, CSIF pide aumentar las plantillas en Ayamonte, Moguer y La Palma del Condado y estudiar en cada caso la creación de nuevos órganos, mientras que en Almería ve necesario crear al menos dos juzgados de lo Penal, uno en la capital y otro, preferentemente, en El Ejido.
«Desde CSIF, vamos a seguir reivindicando una Justicia de calidad que dé respuesta a las necesidades más evidentes en nuestra Administración. En este sentido, también exigimos un refuerzo de las plantillas en los Servicios de Guardia en partidos de la Costa que vaya más allá del periodo estival, debiéndose instaurar, como hemos pedido a la Consejería, durante todo el año en partidos judiciales como Algeciras, La Línea de la Concepción, Marbella, Estepona o Fuengirola, donde las guardias son maratonianas y muy complicadas, donde no de da a vasto literalmente con las plantillas habituales», manifiesta.
Reclama que «se dé cumplimiento a los acuerdos firmados, e instaurar en los Institutos de Medicina Legal unas guardias del personal de los cuerpos generales que den apoyo a los facultativos y médicos forenses donde no las hay e incrementar la disponibilidad donde ya funcionan». «Desde 2017, cuando se acordó revisar las existentes e instaurar donde no las había, estamos esperando a que la Consejería nos convoque a Mesa de negociación para cumplir con los compromisos adquiridos», concluye.
CSIF TAMBIÉN RECLAMA A NIVEL NACIONAL UN REFUERZO EN LAS PLANTILLAS Y MEDIOS TECNOLÓGICOS ADECUADOS
Si bien Andalucía sufre este «importante déficit de juzgados y medios personales», según asevera CSIF, este sindicato también reclama a nivel nacional un refuerzo en las plantillas y medios tecnológicos adecuados ante la «saturación actual de los juzgados». En abril de 2021 se concentró frente al Ministerio de Justicia para denunciar el «deterioro de la Justicia» y reclamar «una Justicia con medios».
La Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), por su parte, ha pedido amparo al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, para «garantizar la tutela judicial efectiva de los consumidores». Esta asociación, presidida por Patricia Suárez, denuncia que los consumidores asisten a una «flagrante vulneración» del artículo 24 de la Constitución al no ver garantizada su tutela efectiva en los tribunales, y reclama al Defensor del Pueblo que inste al Gobierno a proveer de recursos humanos y materiales suficientes «para que abusos reiterados como los gastos de la hipoteca, el IRPH o la hipoteca multidivisa encuentren un cauce adecuado y no se agolpen en los tribunales especializados hasta 3 y 4 años». «Una dilación de los procedimientos que termina disuadiendo al consumidor de reclamar», según señala.
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