Con la publicación de la Orden Ministerial INT/74/2022, la Dirección General de la Policía ha actualizado la norma que regula las bases de las convocatorias de ingreso en la Policía Nacional, modificando la normativa de 1989 que desarrollaba el Reglamento de Ingreso, Formación, Promoción y Perfeccionamiento de Funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía.
Según ha informado, esta mejora conllevará «una selección más eficaz asentada en los principios de mérito, capacidad, publicidad, transparencia, objetividad y seguridad jurídica», basando la prueba de conocimientos en la contestación por escrito de un cuestionario de preguntas que estará compuesto por el número de Ítems relacionados con la función policial que se determinen en la convocatoria.
El Tribunal será el encargado de elaborar el conjunto de cuestiones para cada una de las materias encuadradas en las áreas de ciencias jurídicas, sociales y técnico-científicas y conocimiento general y de lengua extranjera.
Uno de los elementos esenciales de la reforma es la eliminación de la ortografía como prueba de selección excluyente, aunque se podrá evaluar esta materia dentro de la prueba de conocimientos.
«Es del triunfo de la lógica frente a una postura que nadie entendía. Ni siquiera el Defensor del Pueblo, que a instancias de CEP ya había descalificado esta prueba por no ajustarse a lo que se necesita en una oposición», ha señalado al respecto a Confilegal Víctor Vigil, secretario general de la Confederación Española de Policía (CEP).
«Nos alegramos de que el trabajo del CEP haya dado resultado, porque en pleno siglo XXI una prueba como ésta o bien se ajusta a lo que requiere el perfil de un futuro policía o no tiene sentido que cada vez que trasciende el contenido se genere una polémica o, en otras ocasiones, se caiga en el ridículo», indica Vigil, y destaca que los procesos selectivos de Policía Nacional «deben estar muy por encima de la polémica y ajustarse a los fines que persiguen y no a medir cuántas palabras del diccionario conoce un opositor».
Otra modificación será que las bases de la convocatoria determinarán el número máximo de aspirantes aptos en la prueba de conocimientos, que coincidirán con las mejores calificaciones obtenidas, ordenadas de mayor a menor.
Por último, se mantendrá el idioma voluntario en el acceso a la categoría de Inspector por oposición libre, distinto al escogido en la prueba de conocimientos, con lo que la valoración del dominio de la segunda lengua seguirá incrementando la nota final una vez superado el proceso selectivo.
EL DEFENSOR DEL PUEBLO CUESTIONÓ LA PRUEBA ORTOGRÁFICA DE ACCESO A LA ESCALA BÁSICA
El Defensor del Pueblo cuestionó el pasado mes de julio la prueba de ortografía de acceso a la Escala Básica de la Policía Nacional a la que tuvieron que someterse el 6 de marzo de 2021 los opositores que optaban a una de las 2.366 plazas de policía a través de la oposición libre -cuando accede la población civil- convocada el 27 de agosto de 2020.
La CEP le pidió en marzo de 2020 amparo ante las «numerosas quejas» recibidas por opositores que la realizaron al considerar que el enfoque de la prueba era ajeno al recogido en la base sexta de la convocatoria del proceso selectivo para el ingreso en la Policía Nacional (“evaluar la capacidad ortográfica del opositor”).
Analizada la información trasladada, el Defensor del Pueblo, que entonces era Francisco Fernández Marugán, señaló a la Dirección General de la Policía que «no cuestiona en modo alguno la inclusión o no de una prueba ortográfica en el proceso selectivo para el acceso a la Escala Básica», ahora bien, «sí considera, y así se hizo constar en el inicio de actuaciones por parte de esta institución, que el contenido de dicha prueba debe responder a la finalidad de la misma», que, como señalaba la base 6 de la convocatoria es evaluar la capacidad ortográfica del opositor, «es decir, los conocimientos ortográficos de los aspirantes como, por ejemplo, el uso correcto del abecedario o de las reglas de acentuación».
Por ello, aún procediendo a finalizar las actuaciones de oficio, el Defensor del Pueblo reiteró a la DGP «que ha de reparar en que el criterio de evaluación empleado para la corrección de esta prueba» -consistente en determinar en un tiempo máximo de ocho minutos si una palabra, de entre un listado de cien, figuraba o no en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española- «puede medir la riqueza léxica del opositor, pero no alcanzar a medir el conocimiento de la lengua a través de sus reglas ortográficas y gramaticales, lo que podría alterar la finalidad de la misma y generar inseguridad y poca fiabilidad en los participantes en el proceso selectivo», tal y como ponía de manifiesto la CEP en su denuncia.
«Desde el CEP seguiremos velando por los derechos de los policías y para que las pruebas de acceso y promoción sean justas», concluye Vigil.
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