La Sala Segunda del Tribunal Constitucional finalmente se ha decantado por denegar el amparo a Victoria Rosell, actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género y magistrada en servicios especiales, ratificando así la sentencia previa del Tribunal Supremo, que había dado la razón a la Fiscalía en su recurso de casación, según ha confirmado Confilegal de fuentes jurídicas.
Rosell había conseguido, previamente, que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias anulara las investigaciones preprocesales que había llevado a cabo la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas de Gran Canaria entre 2015 y 2016 sobre la venta de una emisora de radio en relación con su persona.
Dicha emisora era propiedad de su pareja, Carlos Sosa, quien se la vendió al empresario Miguel Ángel Ramírez, imputado por deltios contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social desde un año y diez meses en uno de los casos de los que la magistrada era competente, cuando ejercía la jurisdicción en el Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas.
El TSJC, en su sentencia, había dicho que el Ministerio Fiscal no podía investigar ni a jueces ni a magistrados.
El Supremo corrigió esa opinión estableciendo el derecho del Ministerio Fsical a comprobar, de forma preliminar, y hasta un límite, hechos de una posible responsabilidad disciplinaria de jueces y magistrados.
Ahora la Sala Segunda del Constitucional, formada por los magistrados Juan Antonio Xiol, vicepresidente del órgano, Antonio Narváez, Cándido Conde-Pumpido, Ramón Sáez Valcárcel, Enrique Arnaldo Alcubilla y Concepción Espejel Jorquera, han validado la opinión del Supremo, convirtiéndola en doctrina.
Lo que después no se investigó fue la venta de la emisora de radio. El contrato de venta fue firmado el 26 de octubre de 2015, dos días antes de que Rosell cesara como magistrada para presentarse a las elecciones generales de diciembre de ese año. El 14 de octubre, Sosa recibió un adelanto de 60.000 euros, según testigos.
El periodista Francisco Chavanel informó un mes antes, en septiembre, de la existencia de ese contrato y de su inminente firma. Fue el 15 de septiembre de 2015, a través de su programa de radio «El Espejo Canario». Y cifró la cantidad a pagar en casi 250.000 euros.
