La Comunidad de Madrid da luz verde a 4,2 millones para el turno de oficio de abogados y procuradores
Altodo reclama al Gobierno de Pedro Sánchez que «modifique de una vez por todas» la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita para dar cobertura legal en todo el territorio nacional a estas situaciones. En la imagen, la viceconsejera de Justicia y Víctimas, Yolanda Ibarrola, y el consejero de Presidencia, Justicia y Víctimas de la CAM, Enrique López.

La Comunidad de Madrid da luz verde a 4,2 millones para el turno de oficio de abogados y procuradores

Se trata de dos subvenciones que garantizan el pago de los abogados y procuradores en caso de solicitudes de Justicia Gratuita denegadas y archivadas

25 / 03 / 2022 06:40

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha autorizado esta semana una inversión de 4,2 millones de euros para abogados y procuradores que prestan servicio de turno de oficio en los juzgados de la región. Según ha informado, se articularán a través de dos subvenciones nominativas: la primera, de 3,6 millones de euros para los letrados y la segunda, de 600.000 euros, dirigida a los procuradores.

Con este objetivo, la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior suscribirá sendos convenios de colaboración con el Consejo del Colegio de Abogados de la Comunidad de Madrid (CCACM), que engloba a los Colegios de Abogados de Madrid y de Alcalá de Henares, y con el Consejo General de Procuradores de los Tribunales de España (CGPE).

De esta manera, desde el Ejecutivo autonómico se prestará cobertura a aquellas actuaciones de los profesionales del turno de oficio cuando no exista para los ciudadanos beneficiarios un reconocimiento expreso del derecho a la asistencia jurídica gratuita. «Se trata, en definitiva, de garantizar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que reconoce la Constitución», señala.

La Comunidad de Madrid ha destacado que la financiación del turno de oficio y todas las demás actuaciones del Gobierno regional en relación con la justicia gratuita «constituyen uno los pilares de las competencias que tiene la Comunidad de Madrid en materia de Administración de Justicia».

En este sentido, recuerda que el Consejo de Gobierno dio luz verde, la semana pasada, a una inversión de 46 millones de euros para que los ciudadanos de la región puedan acogerse a este derecho, también a través de subvenciones a los colegios profesionales de abogados y procuradores.

ALTODO EXIGE LA MODIFICACIÓN DE LA LEY ESTATAL DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA

La Asociación de Letrados y Letradas por un Turno de Oficio Digno (Altodo) reclama al Gobierno de Pedro Sánchez que «modifique de una vez por todas» la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita para acabar con la situación de impagos en la que se encuentra el Ministerio de Justicia frente a los abogados del turno de oficio en los casos de justicia gratuita denegadas y archivadas y también en caso de asistencia a personas jurídicas a requerimiento judicial.

«Todo lo demás son parches, que se agradecen, pero que no solucionan de forma definitiva el problema», sentencia Isidro Moreno, portavoz de la asociación, en declaraciones a Confilegal.

En la misma línea se ha pronunciado recientemente el vicesecretario general de Ciudadanos, Edmundo Bal Francés, quien reclama al Gobierno que se deje ya de excusas y pague a los abogados del turno de oficio puntual y adecuadamente.

Bal denuncia «las malas condiciones en las que los abogados del turno de oficio tienen que realizar su trabajo, incluso gratis». Frente a esta situciación, el pasado 12 de marzo registró dos preguntas al Ejecutivo, atendiendo las reivindicaciones de la Altodo.

Quiere que el Gobierno explique «si tiene intención de promover las modificaciones legislativas pertinentes para acabar con la situación de impagos en la que se encuentra el Ministerio de Justicia» y hasta que llegue a producirse dicha modificación, qué medidas piensa tomar «para que no se sigan produciendo requerimientos obligatorios por parte de los juzgados si la intervención de los letrados no es considerada como remunerable, bajo los actuales criterios de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita».

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