La Audiencia Provincial de Murcia (APMU) ha confirmado el auto que cerró la instrucción del ‘caso AVE’, también conocido como ‘caso César’ o ‘fraude en las obras del AVE’, y ordenaba la continuación del procedimiento, en el que se ha investigado el supuesto desvío de fondos públicos en las obras de reposición de infraestructuras hidráulicas, afectadas por la construcción de la plataforma ferroviaria de Alta Velocidad del Levante.
El tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia ha dictado un total de 26 resoluciones que resuelven los recursos presentados contra dicho auto de la magistrada Olga Reverte Villar, titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Murcia, de diciembre de 2020.
La instrucción se ha centrado en la actuación de diversas empresas constructoras integrantes de las cuatro UTE (encargadas de los cuatro tramos de la línea del AVE de Crevillente a Murcia), además de responsables de ADIF.
También figuran como investigados, responsables del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela y de la Comunidad de Regantes San Felipe Neri, el director e interventor de una sucursal bancaria en Santomera, personas relacionadas con la empresa subcontratista de los trabajos de reposición y representantes legales de empresas aparentemente creadas para posibilitar el desvío de fondos. En total, más de 50 investigados.
La resolución, ahora en gran parte confirmada, ordenaba la continuación del proceso por los trámites del procedimiento abreviado, por si los hechos investigados fueren constitutivos, según los casos, de delitos contra la Hacienda Pública, organización criminal, estafa, malversación de caudales públicos, falsedad documental, blanqueo de capitales o insolvencia punible.
Frente a los hechos que la juez instructora expuso en el auto recurrido, se interpusieron 26 recursos alegando, en esencia, la falta de determinación en la imputación. A ellos se opuso la Fiscalía, al entender que el auto apelado contiene un relato de hechos claramente incriminatorio, y el Abogado del Estado indicando que quedaba “acreditada la participación” de los recurrentes en el procedimiento de desvío de fondos investigado.
El tribunal analiza en las diferentes resoluciones, para cada uno de los investigados, de forma pormenorizada, los indicios de criminalidad existentes. Así, confirma que continúe la tramitación de la causa contra más de 50 investigados relacionados con el Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, la comunidad de Regantes San Felipe Neri, las constructoras de los cuatro tramos en los que se denuncia el fraude y algunos de los responsables de ADIF en el momento de los hechos.
No obstante, la Audiencia ha estimado tres de los recursos presentados y sobresee la causa respecto los que fueran director general de Grandes Proyectos y director de Infraestructuras de la Línea de Alta Velocidad de ADIF y el secretario de la Comunidad de Regantes San Felipe Neri.
Además, en otros cinco casos los recurrentes, familiares de un administrador de sociedades que habrían facturado hasta 1,6 millones por reposiciones hidráulicas no llevadas a cabo, dejan de ser investigados y se convierten en responsables civiles subsidiarios o participes a título lucrativo.
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