Carmen Giménez Cardona, candidata a vicedecana, y Alberto García Barrenechea, candidato a decano del Colegio de Procuradores de Madrid que el próximo jueves 21 celebra sus elecciones a la Junta de Gobierno. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
Barrenechea y Giménez: «El arancel planteado pone en peligro la propia existencia de la procura: no es aceptable»
Se presentan a las elecciones que tendrán lugar el próximo 21 de abril a las 15.30 horas en primera convocatoria y a las 16.00 horas, en segunda, las cuales se celebrarán en el Hotel Meliá Castilla de Madrid
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19/4/2022 06:49
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Actualizado: 19/4/2022 09:58
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Fueron puntales en la Junta saliente del Colegio de Procuradores de Madrid (ICPM), que saldó su mandato con una exitosa gestión en la época más difícil en estos 44 de democracia. Con una pandemia, un temporal que sepultó Madrid al que alguien un tanto chistoso llamó Filomena y ahora una guerra en el extremo oriental de Europa que está afectando a la economía como nunca antes, merced a la omnipresente globalización. Son la candidatura Barrenechea y Giménez.
Alberto García Barrenechea, candidato a decano, y Carmen Giménez Cardona, candidata a vicedecana, lo llevan muy a gala. Lo mismo que cinco de sus trece compañeros, que tienen la misma procedencia, y que les acompañan en estas próximas elecciones en un «ticket» muy compacto en las elecciones a la Junta de Gobierno previstas para el próximo 21 de abril en el Hotel Meliá Castilla de Madrid.
Elecciones a las que están llamados a votar los 1.550 procuradores ejercientes y los 450 no ejercientes, que representan el 20 % de los de toda España, encuadrados en los 67 colegios existentes.
«Jamás antes el Colegio ha estado tan saneado económicamente. Nuestra candidatura es una apuesta segura. Porque combinamos la experiencia de una gestión exitosa y un conocimiento profundo del Colegio y de la profesión. Sabemos muy bien lo que hay que hacer. Lo hemos resumido en 11 puntos en nuestro programa. Sin embargo, sobre todos ellos, a estas alturas, se resumen a uno: dignificar la profesión«, explica García Barrenechea.
REFORMULAR LA PROPUESTA DE REGULACIÓN DE ARANCELES
«Y cuando hablo de dignificar la profesión me estoy refiriendo a la defensa del arancel. A reformular la propuesta de regulación de aranceles de los procuradores, recogida en el Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre. ¿Por qué? Porque el arancel planteado pone en peligro la propia existencia de la procura: no es aceptable»
García Barrenechea, con 29 años de ejercicio de la procura y 15 años en diferentes Juntas de Gobierno del ICPM –ocho años con Antonio Álvarez Buylla y siete años con Gabriel María de Diego Quevedo, el decano saliente–, cuenta que ya han presentado las respectivas alegaciones a ese Real Decreto.
En esto no están solos. La profesión se está movilizando. Primero ha sido el Consejo de Procuradores de los Tribunales de Cataluña, luego el de Galicia. El Consejo General de Procuradores de España también está en ello.
Se está gestando un nuevo Fuenteovejuna procuraduril. Una contestación rotunda al Ministerio de Justicia.
«La lucha en defensa del arancel supone también la defensa de la propia dignidad de la profesión», interviene Carmen Giménez Cardona, y 30 años de experiencia como procuradora. «Porque, desgraciadamente, nos estamos viendo abocados a que nuestros despachos se vean reducidos, en cuanto a volumen de asuntos, por la existencia de una serie de plataformas que en el fondo tiran la calidad del trabajo del procurador por los precios que ponen. Un procurador con ganas de trabajar no puede asumir esos precios».
SE ELIMINA EL ARANCEL MÍNIMO
El problema fundamental que se presenta es que en la propuesta de Real Decreto se elimina el arancel mínimo y se establece un tope de arancel máximo de 75.000 euros.
«Supone la muerte lenta de la procura», subraya García Barrenechea. «Porque facilita la existencia de 50 plataformas grandes que pueden tener un solo procurador para firmar los escritos y el resto se subcontratan».
Pero no solamente eso. No existe actualización económica de dichos aranceles. Desde 2003, hace 19 años, han sufrido una pérdida de poder adquisitivo del 40 %.
El Real Decreto nace de la reciente Ley 15/2021, de 23 de octubre, en el que se contempla un plazo de un año para la modificación de los aranceles. O para ser más exactos para la supresión de los aranceles mínimos y la estipulación de un techo máximo de aranceles de 75.000 euros, cuando antes estaba en 300.000 euros.
Recuerdan, también, la sentencia que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó el 8 de diciembre de 2016 en la que consideraba que los aranceles de los procuradores españoles, establecido en el Real Decreto 1373/2003, era compatible con la normativa europea relativa a los serivcios en el mercado interior
«La sorpresa ha sido que se ha hecho por trámite de urgencia. Nos han dado un plazo de alegaciones muy corto. Por nuestra parte, las hemos presentado desde el Colegio y desde nuestra candidatura. Sin embargo, la historia es mucho más larga. El Gobierno necesita cerrar esto cuanto antes porque está condicionado a la percepción de fondos europeos», interviene García Barrenechea. «Esa es la razón de esta rapidez del Gobierno».
Ambos candidatos refieren que, desde el Consejo General de Procuradores de España, que preside Juan Carlos Estévez, a través de tres comisiones formadas por decanos de los diferentes Colegios, están trabajando en una propuesta de nuevos aranceles que recoja esa pérdida de poder adquisitivo referido y que será presentada al Ministerio próximamente.
Recuerdan, también, la sentencia que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó el 8 de diciembre de 2016 en la que consideraba que los aranceles de los procuradores españoles, establecido en el Real Decreto 1373/2003, era compatible con la normativa europea relativa a los serivcios en el mercado interior.
LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Por otra parte, tanto García Barrenechea como Giménez Cardona coinciden en que en la redacción de la propuesta del Real Decreto no han intervenido personas que conocen el trabajo de la procura.
«La propuesta de Real Decreto, al suprimir los aranceles mínimos, permite que se puedan tirar los precios. Bien, yo como procuradora, cobro 40 euros de arancel. Si el asunto es de 200.000 euros, ¿cuál debe ser mi responsabilidad?», se pregunta Giménez Cardona.
«Pero también puede darse un contencioso de 500 millones de euros. Uno solo puede cobrar 75.000 euros en todas las instancias. Pero tu responsabilidad es de 500 millones. Que se te pase un placito», interviene García Bengoechea. «Lo lógico sería que la responsabilidad vaya hasta donde cobra uno».
Este no es único desafío al que hay que hacer frente. En el horizonte también aparecen tres futuras leyes que afectan a los procuradores de forma directa: La ley concursal, la ley de eficiencia procesal y la ley de eficiencia organizativa, que están estudiando para tratar de modularlas.
FORMACIÓN
Para García Barrenechea y Giménez Cardona la clave, sobre la que van a seguir haciendo gran hincapié, de salir elegidos, está en la formación.
«La única forma de que la profesión vaya adelante es ser imprescindible. Tienes que estar formado, tienes que adecuarte a los tiempos, tienes que tener iniciativas legislativas propias, que puedan adaptarse a la profesión. En el Colegio el año pasado dimos 47 cursos de formación durante un año. Si quitas la semana de vacaciones estamos hablando de un curso por semana. Si lo piensa bien, es una barbaridad para un Colegio tan pequeño», apunta el candidato a decano.
«Tenemos la preparación que se precisa, tenemos experiencia contrastada, sabemos cómo hay que actuar en estas situaciones. Tenemos una hoja de ruta y unos objetivos muy delimitados. Solo nos queda contar con la confianza de nuestros compañeros. Pero eso será el jueves próximo», concluyen al unísono con confianza
A lo que Giménez Cardona añade: «Los servicios que hemos creado son muy eficaces. Me estoy refiriendo a laos servicios de información que tenemso en las oficinas de atención a las víctimas y en las sedes de los juzgados. O, por ejemplo, este servicio de representación procesal extendido a Instituciones penitenciarias. Está dando un resultado fantástico. Estamos demostrando que quien tiene el conocimiento del procedimiento somos nosotros. Porque somos especialistas en derecho procesal. Estamos infrautilizados Podemos asumir muchas más competencias«.
Han pasado por una pandemia, y la han superado, por una borrasca sin precedentes, que también han resuelto con eficacia. Ahora están haciendo frente a las consecuencias de una guerra, y encaran encaran un Real Decreto en ciernes cuyos efectos podrían asemejarse a los de un terremoto. Pero no se arredran.
«Tenemos la preparación que se precisa, tenemos experiencia contrastada, sabemos cómo hay que actuar en estas situaciones. Tenemos una hoja de ruta y unos objetivos muy delimitados. Solo nos queda contar con la confianza de nuestros compañeros. El jueves próximo lo sabremos», concluyen al unísono con confianza.
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