La UE inicia el procedimiento administrativo para sancionar a Hungría por vulneraciones en su Estado de Derecho. Ahora el gobierno de Orbán tendrá dos meses para corregir la situación si quiere tener acceso a los fondos (incluidos los fondos de recuperación europeos). Foto: EP
La Comisión Europea notifica a Hungría el inicio del trámite formal para el bloqueo de fondos por violaciones en el Estado de derecho
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27/4/2022 14:07
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Actualizado: 27/4/2022 14:16
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Bruselas ha dado hoy el primer paso a nivel legal para activar el mecanismo de bloqueo del desembolso de fondos comunitarios a Hungría, atendiendo a las dudas por posibles vulneraciones del Estado de derecho.
Es la primera vez que la Comisión Europea inicia este trámite en su historia.
No obstante, en esta primera fase nos encontramos ante un proceso administrativo, no judicial, según han aclarado desde la institución, por lo que no tiene efectos legales.
El Gobierno de Viktor Orbán tiene ahora un plazo de dos meses para corregir la situación y evitar que Bruselas siga avanzando en el proceso para congelar los fondos.
La UE cuenta con un reglamento que permite a Bruselas denegar el pago de fondos comunitarios a países que han violado los principios del Estado de derecho para proteger los intereses financieros del bloque.
Entre estos fondos también se incluirían los previstos en el plan de recuperación, asegura la institución europea.
La notificación llega después de que Bruselas haya identificado una serie de situaciones irregulares en Hungría relacionadas con el uso del presupuesto, como contratación pública, control financiero, auditorías, contabilidad y transparencia entre otros incumplimientos legislativos.
El bloqueo de fondos no es inmediato ya que quedan aún varios meses antes de que se adopte una decisión en el seno de la UE, pero supone un paso definitivo de un mecanismo inédito que tanto Hungría como Polonia consideraron un exceso por parte de las instituciones comunitarias.
La intención del Ejecutivo comunitario con esta notificación es abrir una ronda de discusión formal con Hungría tras identificar «motivos suficientes» para considerar que se han vulnerado los pilares del Estado de derecho y que, además, podría poner en riesgo los intereses financieros de la Unión Europea.
Mecanismo de condicionalidad de los fondos
La regulación se aplicaría desde la entrada en vigor de la normativa de condicionalidad de los fondos, el pasado 1 de enero de 2021, y se aplicaría a todos los pagos realizados desde esa fecha, «incluido los compromisos legales previos».
«No buscamos la aplicación de sanciones si no la protección del presupuesto», ha matizado un portavoz comunitario, que ha añadido que la Comisión Europea ha considerado que no existe otro procedimiento para tratar de solventar la situación.
A partir de ahora las autoridades nacionales húngaras tendrán un plazo de dos meses para responder a los requerimientos de la Comisión y ofrecer una explicación. De no obtener una respuesta satisfactoria, el proceso continuará y puede extenderse entre cinco y nueve meses.
Si el Estado miembro no resuelve la situación, se abrirá otro plazo de respuesta y de no llegar a un acuerdo, la Comisión Europea propondrá medidas para remediar la situación que deberán ser aprobadas en el Consejo Europeo por mayoría cualificada.
La aplicación del mecanismo de condicionalidad del presupuesto conllevaría la puesta en marcha de medidas administrativas como la suspensión e interrupción de pagos, aun que no se trata de sanciones, han aclarado fuentes comunitarias.
Estas medidas en cualquier caso deberán ser proporcionadas de acuerdo al impacto de las violaciones del Estado de Derecho.
Se inicia el trámite tras años advirtiendo a Orbán
La Comisión Europea ha recordado que lleva años alertando a las autoridades húngaras de los niveles excepcionalmente elevados de irregularidades financieras.
Ésta dio el pasado noviembre un último aviso a los gobiernos de Polonia y Hungría antes de activar formalmente el mecanismo para congelar el desembolso de fondos comunitarios por su deriva autoritaria y ataques contra el Estado de derecho.
En este marco, el Ejecutivo comunitario envió previamente «cartas administrativas» e informales a Varsovia y Budapest en la que solicitó «información que podría ser relevante para la aplicación del régimen general de condicionalidad».
Polonia y Hungría llevaron el mecanismo al TJUE
La normativa de condicionalidad de los fondos (vigente y aplicable desde el pasado 1 de enero de 2021) fue aprobada con el rechazo de los gobiernos de Hungría y Polonia.
Éstos consideraron que es arbitraria y carece de base jurídica, por lo que durante varias semanas bloquearon la adopción del presupuesto europeo y del plan anticrisis de 800.000 millones de euros.
Ambos países miembro levantaron su veto antes de que finalizara 2020, pero advirtieron de que llevarían sus dudas ante el Tribunal de Justicia de la UE. A cambio, el Ejecutivo comunitario se comprometió a no iniciar ningún procedimiento hasta conocer el veredicto de la Justicia europea.
El pasado febrero, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea avaló el mecanismo que condiciona el desembolso de fondos europeos al respeto del Estado de derecho emitiendo dos sentencias.
En ellas, la Gran Sala del Tribunal europea consideró que el mecanismo fue adoptado sobre una base jurídica adecuada, que es conforme con otros procedimientos existentes en los Tratados y respeta los límites de las competencias atribuidas a la Unión y el principio de seguridad jurídica.
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