Propone penas de prisión de uno a tres años para quienes accedan ilegalmente a una vivienda, de dos a cuatro si se trata de la vivienda habitual de los propietarios, y de cuatro a seis años para quienes lo hagan además con violencia o intimidación.
VOX defiende en el Congreso aumentar las penas a ‘okupas’ y que la Policía pueda desalojar de forma preventiva
Pide modificar el artículo 245 del Código Penal para "agravar las penas a los delitos de usurpación de inmuebles, ofrecer mejores herramientas a los agentes y ampliar la protección de los legítimos titulares de derechos reales"
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27/4/2022 10:45
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Actualizado: 13/9/2022 10:19
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VOX defendió ayer en el Pleno del Congreso de los Diputados su plan contra la ‘okupación’: una reforma del Código Penal para agravar las penas a los ‘okupas’ y que la Policía pueda desalojarlos de forma preventiva, sin la correspondiente orden judicial previa, que sería ulterior a la actuación policial para adoptar las medidas pertinentes.
Reclama modificar el artículo 245 para «agravar las penas a los delitos de usurpación de inmuebles, ofrecer mejores herramientas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y ampliar la protección de los legítimos titulares de derechos reales».
En su propósito de «sancionar con más dureza» la ‘okupación’, propone penas de prisión de uno a tres años para quienes accedan ilegalmente a una vivienda, de dos a cuatro años si se trata de la vivienda habitual de los propietarios, y condenas de cuatro a seis años para quienes lo hagan además con violencia o intimidación.
El partido de Santiago Abascal lleva tiempo abogando por esta reforma. Registró esta Proposición de Ley en julio de 2020. La firman la secretaria general del Grupo Parlamentario VOX, Macarena Olona -abogada del Estado en servicios especiales- y los diputados Javier Ortega Smith-Molina, Eduardo Luis Ruiz Navarro, José María Sánchez García, Patricia de las Heras Fernández y Carlos José Zambrano García-Raez, integrantes todos ellos de la Comisión de Justicia.
Ayer se debatió su toma en consideración y mañana será votada en Pleno.
VOX sostiene que «la actual regulación penal del delito de ocupación de inmuebles no da respuesta suficiente a la inquietud creciente de la mayoría de los españoles ante la aparente impunidad con la que actúan algunos individuos y grupos organizados, quienes toman ilegítimamente para sí viviendas u otros inmuebles ajenos ante la incapacidad de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de actuar por causa de la falta de cobertura legal».
Destaca que aunque la vivienda constituye un bien de primera necesidad, el derecho a la propiedad privada está reconocido por la Constitución, sin perjuicio de que la ley pueda delimitar su contenido atendiendo a su función social. «Un Estado de Derecho no puede permitir que individuos o grupos organizados, actuando fuera de las vías legales y/ o so pretexto de una pretendida necesidad de vivienda, se apoderen de inmuebles que no les pertenecen y sobre los cuales no tienen título válido alguno para disfrutarlos», subraya.
RADIOGRAFÍA DE LA ‘OKUPACIÓN’
VOX denuncia que en los últimos años se ha producido un «notable incremento» de los delitos de usurpación de inmuebles y que las condenas por este tipo de ataques a la propiedad privada se han multiplicado por siete, pasando de 488 condenados en 2008 a 3.278 en 2015, 6.132 en 2016, 6.757 en 2017 y 6.028 en 2018.
Señala que al mismo tiempo, se observa una cifra total de usurpaciones significativamente al alza, con 22.461 en 2015, un 92% superior respecto a las de 2014.
Además, expone que cada vez son más los casos de irritación y protesta entre los vecinos de los barrios afectados. «En muchas ocasiones, los vecinos se ven incluso obligados a contratar vigilancia privada contra la ocupación, debido a que los autores de estos delitos pertenecen a organizaciones criminales organizadas, por lo que aumenta la inseguridad y el riesgo de los legítimos propietarios de las viviendas cercanas a la vivienda ocupada o usurpada», explica VOX.
En este sentido, pone de manifiesto que el delito de usurpación u ocupación de inmuebles «no solo perturba el derecho individual del legítimo propietario, sino que también supone en muchas ocasiones una alteración de la convivencia vecinal que afecta a una comunidad de propietarios».
LAS TRES MEDIDAS PRINCIPALES
Ante esta problemática, sostiene que «resulta fundamental, por tanto, una reforma del Código Penal que prevea esta situación y que lo haga, al tiempo, por estas tres vías: sancionar con más dureza estas conductas y clarificar algunos conceptos; proveer a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de mejores medios legales, y aumentar la protección legal de los legítimos titulares de derechos inmobiliarios, víctimas de estas conductas antijurídicas».
La encargada de defender la iniciativa ha sido la diputada por Valencia Cristina Esteban Calonje, experta en materia inmobiliaria, que ha recordado que la legislación de otros países como Francia, Alemania y Holanda permite desalojar a los ‘okupas’ en las primeras horas desde que se produce la usurpación del inmueble, a diferencia de lo que ocurre en España.
También ha expuesto ejemplos concretos de familias que sufren este problema y viven un auténtico calvario. Recuerda, además, que han de soportar que la legislación en vigor les obligue a costear los suministros del inmueble de los que hace uso el delincuente, como electicidad, agua, gas, etc., y que a consecuencia de esta situación de abandono legal les provoca problemas de salud.
Al amparo de lo expuesto, VOX plantea que el artículo 245 del Código Penal quede redactado así:
«1. Al que con violencia o intimidación en las personas ocupare una cosa inmueble o usurpare un derecho real inmobiliario de pertenencia ajena, se le impondrá, además de las penas en que incurriere por las violencias ejercidas, la pena de prisión de cuatro a seis años, que se fijará teniendo en cuenta la utilidad obtenida y el daño causado.
2. El que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años. Si el inmueble, la vivienda o edificio ajenos constituyeran morada, la pena de prisión será de dos a cuatro años.
3. Si las conductas descritas en este artículo se realizaren con fuerza en las cosas, en el sentido señalado en los artículos 238 y 239 de este Código, las penas se incrementarán en un grado.
4. A efectos meramente preventivos, las fuerzas y cuerpos de seguridad podrán desalojar a quienes se encuentren en el interior de un inmueble si, mediando denuncia o querella, existiera apariencia de usurpación u ocupación ilegítima, y aquellos no dieran razón suficiente que legitimase su conducta. En el atestado se harán constar todas las circunstancias y la entrega de la posesión al titular del derecho usurpado u ofendido por la ocupación ilegítima, sobre la que la autoridad judicial competente resolverá ulteriormente lo procedente».
«Solo hay dos opciones: Estar del lado de los españoles o de los delincuentes. Cada partido tendrá que decidir con quién está», concluye VOX.
PSOE, Podemos y sus socios habituales han anunciado que se opondrán a la toma en consideración de esta iniciativa, esgrimiendo, entre otras cosas, que las medidas planteadas por VOX serían un «castigo desproporcionado» para los ‘okupas’ y generarían «inseguridad jurídica» a los agentes.
En paralelo a esta iniciativa, VOX también denunció ayer en Bruselas que Cataluña está sufriendo una oleada de delincuencia sin precedentes y reclama cooperación europea en materia de seguridad en las calles. Pide al Parlamento Europeo que garantice la seguridad en Cataluña ante delitos como la ‘okupación’ y envíe una delegación a investigar el aumento de la delincuencia.
“Hay barrios y ciudades donde la gente que ha crecido toda su vida y por donde paseaba con sus hijos con absoluta paz han pasado a ser zonas copadas de ‘okupación’, atracos, asaltos y violaciones», ha relatado el líder de VOX en Cataluña, Ignacio Garriga, a lo que ha añadido que esta comunidad autónoma es «uno de los epicentros del islamismo europeo”, la región española «con el índice de delincuencia más elevado de toda España”.
“Sin seguridad, no hay libertad”, sentencia.
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