El Congreso da luz verde a la ley del ‘solo sí es sí’ sin el apoyo de PP y VOX
Pone en el centro de los delitos sexuales el consentimiento expreso de la víctima para que no sea necesaria la existencia de violencia o intimidación para ser considerado agresión
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27/5/2022 11:22
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Actualizado: 27/5/2022 11:44
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El Pleno del Congreso dio ayer luz verde al Proyecto de Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual, conocida como la ley del ‘solo sí es sí’, que plantea una reforma del Código Penal para eliminar la diferencia entre abuso y agresión sexual. Contó con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, excepto de PP y VOX que votaron en contra, mientras que la CUP se ha abstenido.
Esta norma, impulsada por el Ministerio de Igualdad, dirigido por Irene Montero, recoge una nueva definición de consentimiento: «Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona». Además, con esta norma en vigor se aunará en un solo tipo penal lo que antes se dividía en dos para distinguir el abuso (sin violencia o resistencia de la víctima) de la violación.
Se ha aprobado el dictamen de la Comisión de Igualdad sobre este Proyecto de Ley, así como varias de las enmiendas que se habían mantenido vivas. Además, al tratarse de una ley orgánica, el texto se ha sometido a una votación final de conjunto. Ha sido respaldado por 201 votos a favor, 140 en contra y 3 abstenciones, por lo que ha obtenido la mayoría absoluta de la Cámara necesaria para continuar su tramitación parlamentaria, y se remitirá al Senado.
El dictamen fue aprobado por la Comisión de Igualdad el 18 de mayo, con 23 votos a favor y 14 en contra, una vez incorporadas al informe elaborado por la ponencia 15 enmiendas transaccionales y casi un centenar de enmiendas al articulado presentadas por los grupos Socialista, Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, Ciudadanos, Republicano, Plural, PNV, Mixto y EH-Bildu.
El texto del anteproproyecto fue elaborado por el Ministerio de Justicia, entonces dirigido por Juan Carlos Campo, sobre una propuesta del Ministerio de Igualdad. La revisión de estos delitos se abordó a raíz de la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra que condenó a los cinco miembros de ‘La Manada’ por un delito de abuso sexual y les absolvió del de agresión. Después, el Tribunal Supremo corrigió esta resolución y los sentenció por violación, elevando la pena a 15 años de cárcel.
El objeto de esta Ley Orgánica es «la garantía y protección integral del derecho a la libertad sexual y la erradicación de todas las violencias sexuales, la adopción y puesta en práctica de políticas efectivas, globales y coordinadas entre las distintas administraciones públicas competentes, a nivel estatal y autonómico, que garanticen la sensibilización, prevención, detección y la sanción de las violencias sexuales».
Este texto desarrolla medidas procesales de acompañamiento a las víctimas, incluyendo la posibilidad de evitar contacto visual con el presunto agresor o de declarar en salas especiales. Del mismo modo, incluye la creación de centros de crisis 24 horas, para atender a víctimas de violencia sexual mayores de 16 años, o las casas de infancia para los menores de esa edad.
Entre otras medidas, la iniciativa incluye medidas para dar respuesta a las violencias sexuales cometidas en el ámbito digital, lo que comprende la difusión de actos de violencia sexual a través de medios tecnológicos, la pornografía no consentida y la extorsión sexual. Asimismo, entre las conductas con impacto en la vida sexual, se consideran violencias sexuales la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, el acoso con connotación sexual y la trata con fines de explotación sexual.
El proyecto de ley se ha aprobado también con el acuerdo alcanzado ayer por los dos partidos en el Gobierno con ERC, PNV y EH Bildu, por el que se obligará a los agresores sexuales menores a pasar por unos cursos de educación y formación en igualdad.
SIN TERCERÍA LOCATIVA
Lo que ha quedado fuera de la norma, después del paso de esta por la Comisión de Igualdad del Congreso, es la recuperación de la tercería locativa, así como otras medidas relacionadas con la lucha contra la trata con fines de explotación sexual.
Aunque Igualdad incluyó este tema en el borrador de la ley y el PSOE buscó endurecer aún más las medidas con enmiendas al texto, finalmente se han retirado las cuestiones referentes a este tema por falta de acuerdo. Formaciones como Ciudadanos, PNV, ERC o EH Bildu abogaron porque se tratara en una ley específica y advirtieron de que no apoyarían el texto si se incluían estas iniciativas.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, intervino al final del debate para agradecer a los diputados que han formado parte de la negociación de la norma. Ha apuntado que, aunque ha habido «debates difíciles», se ha trabajado «de forma constructiva» para alcanzar «pactos más amplios» y ha destacado que son los «avances feministas» los que «más consensos consiguen en esta Cámara».
También ha destacado que las violencias sexuales serán reconocidas por primera vez en nuestras leyes como «violencias machistas». Además, ha reprochado a la derecha y «extrema derecha» su actitud y el «ruido reaccionario» hacia este texto. «Hacen mucho ruido, pero hemos demostrado que las feministas somos más», ha señalado.
MONTERO AFIRMA QUE EL ESTADO ‘TIENE UNA DEUDA CON LAS MADRES PROTECTORAS’
También ha indicado que esta norma sale adelante «a pesar de los agresores» y de la «justicia patriarcal». En este sentido, ha apuntado que el Estado «tiene una deuda con las madres protectoras» y que mientras el «Gobierno de coalición esté, va a hacer lo posible por saldar y proteger» a estas mujeres que, a su juicio, están «defendiéndose a sí mismas y a sus hijos de la violencia de sus maltratadores».
Hizo referencia así a las críticas por el indulto parcial concedido por el Ejecutivo a la presidenta de la organización Infancia Libre, María Sevilla, que también ha estado presente en el debate, en la intervención de VOX y Unión del Pueblo Navarro (UPN). Sevilla fue condenada a dos años y cuatro meses de prisión por un delito de sustracción de menores (artículo 225 bis del Código Penal), y también se le retiró durante cuatro años la patria potestad.
Sevilla sustrajo en 2019 a su hijo, nacido en julio de 2007 y, por tanto, de 11 años entonces, y tuvo al menor en una finca de Cuenca sin escolarizar y sin contacto con su padre. Fue detenida en abril de 2019. Se encontraba fugada de la Justicia desde septiembre de 2018.
La diputada de VOX Carla Toscano, portavoz del grupo parlamentario en la Comisión de violencia de género, ha acusado al Gobierno de hacer «apología del secuestro» con esta decisión.
Por su parte, desde UPN Carlos García Adanero ha criticado que el Ejecutivo indulte cuando «no le gusta una sentencia» y ha acusado a la propia Montero de «estar de acuerdo» con el secuestro de los hijos por parte de Sevilla.
PP Y VOX, EN CONTRA
La portavoz del PP en este debate, Marta González, ha lamentado que no se incluya en ella la prostitución y ha explicado que esta no es «la ley que gustaría» al PP por su exposición de motivos que, según ha indicado, «parece una soflama electoral de Podemos», porque «pone en riesgo la presunción de inocencia sobre la que se sustenta el derecho penal» español, y porque «no libera a la víctima de la revictimización», entre otros motivos.
La representante de VOX ha denunciado que la ley del «solo sí es sí» «destruye la presunción de inocencia, y termina con la igualdad entre hombres y mujeres ante la Justicia». También lamenta que «fuerce al sistema a creer a la mujer sin pruebas», permitiéndole que «se vengue o destroce la vida de un inocente».
«El Gobierno que indulta secuestradoras es el que nos trae esta ley», subraya.
MEJORAS
Algunos partidos llaman a continuar con mejoras en esta norma. Así, desde el PNV, su portavoz en materia de Igualdad, Joseba Agirretxea, se ha referido a la «perspectiva punitiva» que se refleja en ella o el hecho de que la redacción «peque de un tono centralizado».
La portavoz de Igualdad de ERC, Pilar Vallugera, ha asegurado que soluciona una situación se estaba dando en la Justicia: el hecho de que «los jueces no estaban funcionando como aliados de las víctimas». «Por eso, les hemos tenido que dar instrucciones más claras a los señores jueces», ha manifestado.
Por su parte, el PSOE ha criticado que en el texto no se proteja «a todas las mujeres que sufren el yugo de la prostitución» y ha lamentado que los partidos no rechacen «un sistema que pone los cuerpos de las mujeres para que, medio pago, sean violadas». «Legitiman un mercado en el que el consentimiento se puede comprar y se llama prostitución», ha señalado la portavoz de Igualdad socialista, Laura Berja.
La diputada de Ciudadanos, Sara Giménez, portavoz de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad, ha destacado que la ley de libertad sexual «no es de ningún partido» y que es «una mejora en la protección de las mujeres que tanto preocupa a la sociedad». «Apoyaremos la ley de libertad sexual porque hemos logrado sacar de ella el sectarismo del Gobierno», ha dejado claro. En este sentido, ha dicho que «es un orgullo que, gracias al esfuerzo de Cs, el rigor haya desplazado al sectarismo que querían introducir PSOE y Podemos».
«No debatimos la ley del ‘solo sí es sí’, debatimos una legislación que hemos mejorado para proteger a las mujeres. Cs siempre estará en el camino de la igualdad», ha concluido.
La ministra de Educación, Pilar Alegría, ha puesto hoy el foco en atajar la «violencia machista» a través de la educación emocional y afectiva. En una entrevista en TVE, ha señalado que «hay que trabajar desde la base para poder prevenir este tipo de conductas y afianzar valores positivos como el respeto».
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