La Fiscalía ve indicios de prevaricación y malversación en la actuación de Casero en su etapa de regidor durante 2017 y 2018.
El TS cita a declarar como investigado a Casero el 20 de junio por contratos cuando era alcalde de Trujillo (Cáceres)
Abrió procedimiento contra el diputado el pasado marzo por un supuesto delito continuado de prevaricación administrativa
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27/5/2022 13:07
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Actualizado: 27/5/2022 13:11
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El magistrado del Tribunal Supremo (TS) Andrés Palomo ha citado para el próximo 20 de junio, a las 11.30 horas, al diputado del PP Alberto Casero como investigado para que preste declaración voluntaria en el marco de la causa en la que se investigan determinados acuerdos y contratos de servicios que habría realizado cuando era alcalde de Trujillo (Cáceres) en 2017 y 2018.
La decisión del magistrado tiene lugar después de que la Sala de lo Penal acordara el pasado marzo abrir una causa al diputado a raíz de la exposición razonada que elevó la magistrada Patricia Gutiérrez Escobero, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Trujillo, pidiendo que se tomara declaración como investigado a Casero por considerar que existen claros indicios de la comisión de un delito continuado de prevaricación administrativa (artículo 404 del Código Penal).
La Fiscalía ve indicios de prevaricación y malversación en la actuación de Casero en su etapa de alcalde de Trujillo, quien saltó en febrero a primera plana por la votación de la reforma laboral del Gobierno, que salió adelante, por 175 frente a 174, por la contabilización de un voto a favor que, por error, emitió, telemáticamente.
Las diligencias previas contra Casero se abrieron por la denuncia presentada por la Fiscalía a la luz del estudio de diversos contratos, acuerdos o convenios concertados por Casero como regidor de Trujillo. Casero es aforado por ser diputado y, por tanto, el órgano competente es el Tribunal Supremo.
El TS concluyó que, siendo necesaria la investigación de estas actuaciones, procedía asumir la competencia y acordar la incoación del oportuno procedimiento, siendo designado instructor el magistrado Andrés Palomo.
LOS CONTRATOS
En aquella resolución, el Supremo hizo un repaso de la exposición razonada del Juzgado de Trujillo. Según la prueba documental y testifical aportada por el Juzgado, existen indicios sólidos de que los citados actos de contratación se realizaron por Casero sin sujetarse al procedimiento administrativo previsto para ello, por lo que a su juicio se comprometió al pago de diversas cantidades sin comunicarlo al Ayuntamiento y sin los informes necesarios.
El Juzgado señaló, a su vez, que en marzo de 2017 contrató a un psicólogo ocultándolo al Consistorio, sin aportar el contrato, sin expediente de contratación, sin informe sobre la necesidad del servicio y sin aprobación del gasto.
En septiembre de 2017, firmó con el presidente de la Cámara de Comercio de Perú en España un contrato comprometiendo al Ayuntamiento al pago de 25.000 euros, sin dar cuenta a los servicios económicos y jurídicos del Ayuntamiento, sin que el acuerdo fuera aprobado previamente y sin someterlo a información pública ni publicarse en el BOE.
Ese mismo año, Casero habría acordado verbalmente aportar 18.000 euros a un evento organizado por la Asociación Cultural Bon Vivant, sin seguir procedimiento alguno y sin informar a los servicios del Ayuntamiento. En junio de 2018, firmó un contrato de patrocinio con la misma asociación comprometiéndose a la aportación de 18.000 euros, asumiendo además otros costes, sin seguir procedimiento alguno de contratación.
La exposición razonada recogía, además, un contrato en 2018 con la empresa Icaro Consultores en Comunicación, SLU, para la organización de un evento por importe de 14.303 euros más IVA, sin informar a los servicios competentes y sin seguir el procedimiento adecuado. Y otro contrato, de ese mismo año, con Radio Interior SL -un contrato de servicios de comunicación y promoción de la Feria del Queso de Trujillo- en cuantía superior a 15.000 euros, acudiendo al procedimiento propio del contrato menor cuando, por la cuantía, debería ser licitado en procedimiento abierto.
Los investigados no están obligados a decir la verdad y pueden responder o no a las preguntas del instructor, de la Fiscalía y de su abogado.
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