El TSJCV da dos días a las partes para que aleguen sobre su competencia para investigar a Oltra
En abril, el juez instructor solicitó al TSJCV que investigara a Oltra porque existen “indicios racionales y sólidos” de la participación de la aforada en los hechos por los que ya se siguen diligencias contra 13 investigados, entre altos cargos de la Consejería y trabajadores del centro donde ocurrieron los hechos. Foto: Rober Solsona/EP

El TSJCV da dos días a las partes para que aleguen sobre su competencia para investigar a Oltra

En relación con la competencia de este órgano para decidir sobre la posible imputación de la vicepresidenta del Gobierno valenciano y consejera de Igualdad, Mónica Oltra, en el caso del presunto encubrimiento de los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada
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31/5/2022 15:51
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Actualizado: 31/5/2022 17:11
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El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha dado dos días a las partes para que presenten alegaciones en relación con la competencia de este órgano para decidir sobre la posible imputación de la vicepresidenta del Gobierno valenciano y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, en el caso del presunto encubrimiento de los abusos sexuales de su exmarido, Luis Eduardo Ramírez Icardi, a una menor tutelada, por los que fue condenado.

En la diligencia, fechada a 31 de mayo, la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJCV expone que habiendo transcurrido un tiempo «prudencial» para el examen de las actuaciones remitidas por el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, y a fin de determinar la competencia de la Sala, se da un plazo de dos días a las partes -Fiscalía, defensas y resto de acusaciones- para pronunciarse sobre esta cuestión. Tras las alegaciones de las partes, el tribunal decidirá si admite a trámite el procedimiento. En caso afirmativo, se producirá la imputación formal de Oltra.

Hoy se ha comunicado a las partes la composición del tribunal que, en aplicación de las normas de reparto de la propia Sala, deberá decidir sobre la admisión o inadmisión de la exposición razonada. Está intregrado por los magistrados María Pilar de la Oliva Marrades, como presidenta; Vicente Manuel Torres Cervera; y Antonio Ferrer Gutiérrez, como ponente. Una resolución contra la que cabe recurso de reposición.

El pasado mes de abril, el magistrado Vicente Ríos Segarra, titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, pidió al TSJCV la imputación de Oltra al ver indicios delictivos. Se remitió a este órgano judicial ante la condición de aforada de la consejera. Afirma que existen “indicios racionales y sólidos” de la participación de la aforada en los hechos por los que ya se siguen diligencias contra 13 investigados, entre altos cargos de la Consejería y trabajadores del centro donde ocurrieron los hechos. 

El instructor considera que no resulta ya posible “progresar en la investigación ordenada” sin que la vicepresidenta del Consell “sea oída como investigada, sin perjudicar su derecho constitucional de defensa y sin perjudicar el derecho de acción de las partes acusadoras y de defensa de las partes acusadas”. 

DENUNCIA DE LA VÍCTIMA Y QUERELLA DE CRISTINA SEGUÍ

En concreto, en este procedimiento se investiga el presunto encubrimiento de los abusos sexuales que sufrió en un centro una menor tutelada, de 14 años, a manos del exmarido de Oltra entre los años 2016 y 2017.

Los abusos a la menor, según ha quedado probado por la Justicia, se produjeron a finales de 2016, cuando Luis Eduardo Ramírez estaba casado con Oltra, vicepresidenta de la Generalitat desde junio de 2015, y por estos hechos fue condenado a cinco años de prisión por la Audiencia Provincial de Valencia, a inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio que conlleve contacto con menores durante un plazo de 10 años, y a cinco años de libertad vigilada, con obligación de participar en cursos formativos de educación sexual.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia fue confirmada por el TSJ de la Comunidad Valenciana en septiembre de 2021 y se encuentra recurrida ante el Tribunal Supremo. En este proceso, la Fiscalía reprochó a la Consejería de Igualdad que silenciara durante cuatro meses la denuncia que la menor hizo en 2017 contra el educador.

La investigación de esta nueva causa procede de una denuncia de la víctima, que ahora es mayor de edad, y de una querella de la exdirigente de VOX Cristina Seguí, que ejercita la acusación popular como presidenta de la asociación Gobierna-te.

VOX también es acusación popular desde el pasado mes de febrero. Han iniciado un proceso contra la Consejería por la supuesta omisión del deber de custodia y protección, y para determinar si se produjo un delito en la elaboración de un informe interno sobre lo sucedido.

A juicio del magistrado instructor, «nos hallamos ante un expediente administrativo o una ‘información reservada’ indiciariamente ordenado por Oltra, no orientado sino a desacreditar a la menor e interferir en un procedimiento penal en curso en el que su marido era el investigado».

El pasado abril, el magistrado Vicente Ríos acordó elevar exposición razonada al TSJV. Cristina Seguí declaró entonces a Confilegal que estaba «muy contenta» con la noticia «por la víctima y por los 175 niños que han denunciado haber sido abusados mientras han estado tutelados por Mónica Oltra».

«Empezamos esto el 1 de abril de 2021 en la más absoluta soledad, la gente me decía que estaba loca, y esto se ha conseguido gracias a la venta de camisetas, a ser muy pesada con los crowdfunding en las redes sociales y gracias a mi abogado, Pablo Delgado«, señaló.

La Fiscalía expresó su respaldo a la decisión del titular del Juzgado de elevar al TSJCV la causa por la actuación de la Consejería de Igualdad en ese caso de abusos y pedir la imputación de la vicepresidenta, dada su condición de aforada como diputada en Las Cortes Valencianas.

DOS QUERELLAS DE OLTRA CONTRA SEGUÍ

«Esto tiene que marcar un antes y un después para desalojar de la Comunidad Valenciana a una izquierda absolutamente inmoral que con la connivencia del Partido Socialista es responsable del encubrimiento institucional de abusos sexuales como mínimo a una menor», manifiesta Seguí.

Además, subraya que «de los 13 imputados hasta la fecha, 14 cuando imputen a Mónica Oltra, 12 son mujeres». «12 feministas y han podido llegar tan lejos en la comisión de varios delitos gracias a la carta de impunidad de ser feminista», concluye. Seguí es publicista y escritora, exdirigente de VOX y colaboradora en medios de comunicación. Ha publicado varios libros en los que combate el movimiento feminista.

Según explica a este diario, el coste personal por este caso ha ha sido enorme, por intentar conseguir los recursos a tiempo, y porque tiene dos querellas de Oltra contra ella por supuestas injurias y calumnias, la última notificada hoy. Respecto a la primera, la Fiscalía interesó el sobreseimiento de las actuaciones. La otra, también por tuits y por supuestas injurias y calumnias.

«Son querellas instrumentales, para, por un lado intentar apartarme de la causa, y por otro lado, intentar asfixiarme económicamente», señala Seguí, y añade que «interesaría mucho saber, de qué bolsillo está pagando tanto esas dos querellas en cuestión, como la defensa de su marido que también pagó ella». «Esperemos que con su capital privado», apunta.

13 INVESTIGADOS

Entre los investigados se encuentran cinco personas de la Consejería, entre los que figura el ‘número dos’ de Oltra, Rosa Molero, directora general de Infancia y Adolescencia. También la subdirectora general de Infancia y Adolescencia, Gemma Plaza; el secretario territorial, Jesús Esquiu; la jefa de servicio de Infancia, Adolescencia e Igualdad, María Amparo Nogués; y la técnico de la Sección del Menor, Ana Victoria García Tarín.

Su imputación se produjo después de haber sido oídas las declaraciones y ante la documentación aportada por ocho de los primeros investigados: las directoras territoriales de la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas en Valencia y Castellón en el momento en que ocurrieron los hechos, y una psicóloga y el jefe de la Sección del Menor de la Consejería. 

También están siendo investigadas una funcionaria de la Consejería que instruyó una información reservada sobre los abusos, una psicóloga del Servicio de Atención Psicológica a menores Víctimas de Abusos sexuales de la Consejería, y la directora y una psicóloga del centro de acogida de menores donde ocurrieron los hechos.

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