Marcos Molinero, abogado penalista con base en Madrid, consiguió recientemente repetir, por segunda vez un hito, sin precedentes: En este caso logró que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional autorizase que un cliente suyo, en prisión, pudiera disponer de un ordenador portátil para estudiar su causa en su celda y que se pudiera reunir con él, privadamente, en un cuarto con una mesa y dos sillas, para trabajar en su defensa.
Un ordenador portátil sin conexión a internet.
También obtuvo, del tribunal de apelación al que recurrió, que le permitieran entrar en la prisión con su ordenador y la tableta correspondiente.
Son dos hitos históricos. Porque la normalidad es que nada de eso sea posible, a día de hoy. De hecho, esta autorización es excepcional.
Y debería ser la norma.
Molinero, un abogado peleón, que no se achica ante nada ni ante nadie, tiene muy claro quién tiene la culpa: «Instituciones Penitenciarias vulnera sistemáticamente el derecho a la defensa de los presos. Y lo hace con la anuencia del Ministerio Fiscal, de los jueces y de nosotros, los abogados, porque la mayor parte de mis compañeros se acomodan. Para no molestar».
De acuerdo con Molinero, esto no puede ser. «El derecho de defensa, contemplado en el artículo 24 de la Constitución, no es del abogado. Es del cliente. Y el cliente tiene tener derecho a acceder a su causa. Que está en formato digital. Porque estamos en la era digital».
Y añade: «Lo que yo he conseguido todavía se considera un privilegio. En un estado democrático los derechos no pueden ser un privilegio. Los derechos se ejercen. No se piden«.
Molinero llama la atención, de forma expresa, al hecho de que, a día de hoy, en 2022, los abogados van a las prisiones con las manos en los bolsillos, un bolígrafo y un folio.
«Así no podemos ejercer de formar efectiva, real y rigurosa nuestro trabajo», subraya.
El abogado, además, se pregunta «¿por qué el cliente preso tiene peores condiciones para defenderse que un cliente en libertad? La prisión no puede reducirle sus condiciones de defensa, pero lo está haciendo. En la actualidad se vulneran sistemáticamente los derechos de los presos. Porque desde los juzgados, las Audiencias Provinciales, la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo e Instituciones Penitenciarias esto de lo que estoy hablando se consideran privilegios. Porque no nos podemos reunir con nuestros clientes con un ordenador. No te dejan».
QUIÉN TIENE QUE PONER EL ORDENADOR
A juicio de Marcos Molinero, hay cuatro opciones.
«La primera es que lo compre el interno en el centro penitenciario; la segunda es que utilice el PC que hay en los módulos, cosa difícil porque suele haber uno para un montón de personas; la tercera es que lo proporcione la propia Administración de Justicia, como sucedió el pasado mes de septiembre cuando la Audiencia Provincial de Madrid lo autorizó, indicando expresamente que la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid lo proporcionara; y cuarto, que sea comprado en el exterior, o que siendo propiedad suya, en el exterior, se le lleve, previa supervisión por el juzgado. No hay más», aclara.
El abogado tiene muy claro que si el preso no tiene recursos economicos le corresponde a la Administración facilitarle un ordenador portátil.
