Marcos Molinero es uno de los abogados más batalladores en defensa de los derechos de sus clientes.
El abogado Molinero consigue de la AN que a un cliente le reconozcan los mismos derechos que se ven en las películas americanas
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31/5/2022 01:00
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Actualizado: 03/6/2022 09:52
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El común de los mortales en España se cree que lo que se ve en las películas y series de televisión estadounidenses es lo mismo que sucede en España. En una de ellas, de plena actualidad, «Better call Saul», en Netflix, se ve varias veces como el protagonista, el abogado Saul Goodman, se reúne con su cliente, que se encuentra en la prisión de Alburquerque, Nuevo México, en un cuartito del establecimiento penitenciario en el que hay una mesa y dos sillas para hablar de su defensa.
En total privacidad.
Eso no ocurre en España. Bueno, sí. Ocurrió con los acusados en el juicio del «procés».
El resto de los mortales, abogados y presos preventivos o no preventivos, tienen que vérse a través de unas cabinas de cristal, mal insonorizadas; a veces a gritos.
Por eso, lo conseguido por el abogado Marcos Molinero del tribunal de la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional, es algo digno de ser noticia.
Es un hito.
Porque el mencionado tribunal, formado por los magistrados Alfonso Guevara –presidente de esa Sección y de la Sala de lo Penal, en funciones–, Carolina Rius Alarcó y Ana María Rubio Encinas, en apelación, le han autorizado a que los encuentros con su cliente se hagan como en «Better call me Saul».
Como se hacen con normalidad en la totalidad de aquellas prisiones.
«Se autoriza que las entrevistas entre el acusado XXXXX y su abogado, don Marcos Molinero Burgos, se realicen sin barreras físicas que se interpongan en la comunicación de los interlocutores, facilitando durante las mismas el intercambio y consulta de documentación y visionado de documentación digitalizada y con asistencia de intérprete de idioma holandés», porque el acusado tiene esa nacionalidad, dice la providencia suscrita por el tribunal.
La primera vez que esto se autorizó judicialmente en España fue en 2013, en el caso contra el expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrand, quien se encontraba en prisión preventiva.
El entonces magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Enrique López –hoy consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid– respondió positivamente al recurso interpuesto por el abogado de Díaz Ferrand, el catedrático Nicolás González-Cuéllar, de poderse entrevistar con su cliente en un cuarto de la prisión en la que estaba confinado. Para poder hablar y analizar la documentación del caso, de forma privada.
Esta fue una de las reivindicaciones, precisamente, de González-Cuéllar, cuando se presentó como candidato a decano en las elecciones que celebró el Colegio de Abogados de Madrid en diciembre de 2018.
El segundo en conseguir una autorización similar después fue el abogado Javier Gómez de Liaño, representante de Luis Bárcenas.
Ocho años después de que González-Cuéllar abriera el camino, este tipo de encuentros siguen siendo la excepción, en vez de la norma. Los abogados siguen teniendo que pedir autorización a los jueces para poder verse con sus clientes de esta forma.
Pero ahí no acaba la cosa.
SE PERMITE QUE EL PRESO DISPONGA DE UN ORDENADOR Y QUE EL ABOGADO PUEDA ENTRAR CON EL SUYO A LA PRISIÓN
El tribunal autoriza también al abogado Molinero a ir a esos encuentros con su ordenador portátil o tableta para facilitar el intercambio, consulta y visionado de la documentación digitalizada. Lo que suele estar prohibido.
Y al interno se le autoriza a que pueda tener un ordenador portátil sin internet para su defensa que pueda contener una copia digitalizada de las actuaciones, traducidas al idioma holandés, «bien en su disco duro, bien a través de un sistema de almacenamiento externo, siempre que no se vulneren las normas de seguridad del centro penitenciario», dice la providencia de este tribunal.
A esto se llama un cumplimiento estricto del artículo 24 de la Constitución que garantiza el derecho de defensa para todos.
Lo que, hoy por hoy, es una excepción.
Además, se da la paradoja de que en un sistema judicial español, en plena fase de transformación hacia la digitalización completa, en el que a las partes se les entrega todo en DVDs, CDs o mediante descargas desde la nube, en el que el papel está desapareciendo, a los internos penitenciarios, por el contrario, no se les permite tener un ordenador en la celda para estudiar sus casos.
Una contradicción completa.
No es la primera vez que Molinero consigue el ejercicio de este derecho en favor de sus clientes.
El pasado mes de septiembre hizo historia al obtener autorización del tribunal de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid, también en funciones de apelación, para que se facilitara, dentro de la prisión, a otro representado un ordenador ordenador portátil para poder estudiar su causa, contenida en un DVD.
Las palabras de Molinero son las mismas que entonces: «Hoy en día todos los procedimientos están en formato digital. La Administración de Justicia e Instituciones Penitenciarias están obligados a facilitar este tipo de medios a los presos. Lo que no es de recibo es que en módulos penitenciarios donde hay 200 personas exista un ordenador que solo se puede consultar en la Biblioteca de 9 a 12», subraya.
De acuerdo con Molinero, lo conseguido es un «derecho del encausado. El derecho a saber de qué se le acusa y a estudiar su sumario para una mejor defensa».
A su juicio, «Estamos ya en un mundo digital. Instituciones Penitenciarias debe actualizarse, en la línea que indica la providencia de la Audiencia Provincial de Madrid. Debe modernizarse, facilitando portátiles a los presos que lo demanden. De otra forma, seguirá vulnerando su derecho de defensa. Y tendrán problemas».
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