Opinión | Privilegios de los fiscales en los juicios: una mala «costumbre» que debe encontrar su fin

Cuando el reputado abogado y catedrático de derecho procesal Nicolás González-Cuéllar llama a la rebelión de los abogados frente a la normalizada y consentida atribución de privilegios de las togas de la fiscalía y la abogacía del Estado, no hace sino exteriorizar un sentimiento del que la mayoría de los miembros de la abogacía participamos.

Sin embargo, ni es nuevo ni novedoso.

Este abogado lleva años argumentando, defendiendo e interpelando públicamente el quebranto de la garantía de igualdad. No pocas líneas durante años he dedicado en este medio tan necesario como Confilegal para poner de manifiesto la asimetría del reconocimiento de las garantías procesales en función del lado del estrado en que te encuentres.

Si bien, como no podía ser de otro modo, coincido en la fundamentación jurídica, discrepo respecto del medio que propone y especialmente con la arenga que lanza a los colegiados, máxime cuando la realiza desde la presidencia de una sección del ICAM.

Cuando una situación injusta e indigna permanece inmóvil, sempiterna al paso del tiempo… sin que quienes deben inexcusablemente “combatir su mutabilidad” hagan nada para invertirla, estamos ante la “asunción cobarde de la injusticia y de lo indigno”.

Se le atribuye a Martin Luther King aquella frase de “no me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los sin ética. Lo que más me preocupa es el silencio de los buenos”.

A través de esta reflexión, la primera propia y la segunda ajena, podemos llegar al origen que motiva ahora una especie de motín suicida: la inoperancia institucional de los colegios profesionales y del propio CGAE que, durante años, ha mantenido una posición sumisa y acomplejada ante estas y todo tipo de afrentas y violaciones del ejercicio del derecho de defensa y la dignidad de los abogados.

Las alfombras rojas que cubren esas instituciones colegiales han provocado el olvido de su principal y más elemental función, cual es la defensa de la dignidad de sus “partícipes colegiados”, dejando de lado combatir, sin ambages, cualquier ataque, vulneración o limitación de la dignidad y el ejercicio independiente de la abogacía, de tal modo que apoltronarse en lo políticamente correcto, la ingenuidad o el acomplejamiento solo les convierte en corresponsables de la injusticia.

POSEO LA AUTORIDAD MORAL PARA ESCRIBIR ESTE TEXTO

Tengo la autoridad moral y profesional para escribir lo que aquí escribo porque resulta notorio que, durante años, un pequeño grupo de abogados hemos defendido esa dignidad de nuestra vocación y el ejercicio de nuestra profesión sin respaldo institucional alguno o, en ocasiones incluso, con una expresa oposición u obstaculización.

Así recuerdo cómo el 4 de octubre de 2016, durante la sesión inicial del juicio de Gürtel Época I, en sede de cuestiones previas, denuncié en directo ante miles de telespectadores y cientos de periodistas acreditados que se estaba vulnerando la garantía de igualdad de armas por cuanto que tan solo los miembros de la fiscalía:

• Contaban con acceso directo a internet para acceder a miles de archivos digitales de esa macrocausa.

• Podían usar la sala de vistas antes del inicio y en los recesos de las jornadas dispuestas, mientras que los abogados debíamos permanecer en las escaleras de la sede judicial de San Fernando de Henares.

• Disponían de salas y despachos en la zona “vip” junto a la de los magistrados, teniendo a su disposición incluso los servicios de “secretaria” de las oficiales del juzgado.

• Disponían de acceso a plazas de aparcamiento dentro de la sede judicial, mientras que los abogados debíamos buscar lugares de estacionamiento en las inmediaciones de la sede, sita en un polígono industrial, debiendo abrirnos paso entre los manifestantes, nubes de periodistas y demás ciudadanos que se agolpaban a diario en la entrada.

El ICAM y su Junta de Gobierno de entonces (entre la que se encontraba el actual decano) nada hicieron al respecto, y si conseguimos ese acceso a internet transcurrida una semana fue porque el presidente del Tribunal así lo ordenó.

Nada ha cambiado en la sede de San Fernando de la Audiencia Nacional desde entonces.

LOS FISCALES UTILIZAN EL MISMO ACCESO A LAS SALAS QUE LOS MAGISTRADOS

Son numerosas las ocasiones en las que he denunciado verbalmente o por escrito la existencia de esos privilegios en la Audiencia Provincial, donde los fiscales y abogados del Estado permanecen en sala antes del inicio y en los recesos del juicio, tienen su propia entrada a sala utilizando el mismo acceso de los magistrados…, todo lo cual se repite de manera habitual en las sedes de los juzgados de instrucción y de los juzgados de lo penal, donde incluso utilizan esos recesos entre juicio y juicio para intercambiar opiniones con los jueces o magistrados.

En una guardia cualquiera del turno de oficio en los Juzgados de Plaza Castilla, mientras los fiscales permanecen en la sala de vistas trabajando, nosotros tenemos que atender a los ciudadanos en los pasillos o sentados en las escaleras, o, como me ocurrió el pasado día 28, entrevistarme con un detenido en los baños del juzgado porque la sala estaba ocupada por el fiscal preparando escritos.

La fiscalía está exenta en Madrid de la presentación telemática de escritos, incluso de su presentación en plazo, tal y como reconoce el propio Tribunal Supremo cuando interpreta que no se puede considerar como extemporánea la presentación fuera de plazo de un escrito de acusación.

«Los abogados no somos colaboradores necesarios del sistema judicial, sino la mitad imprescindible de los únicos actores principales y esenciales de todo proceso judicial: los ciudadanos sometidos a la acción de la justicia».

Resulta interminable la lista de ejemplos que evidencian que el sistema jurídico español, convertido en el “sistema judicial” o un “iura imperii”, coloca a los abogados como una simple necesidad abnegada y servil del ritmo que imponen, con mayor o menor arbitrariedad y soberbia, una gran parte de jueces, magistrados y la casi totalidad de los miembros de la fiscalía.

Y de esta habitualidad costumbrista son colaboradores necesarios los colegios profesionales.

Durante la celebración de un complejo juicio que se celebraba ante la Sección 4ª de la Audiencia Provincial, me vi obligado a formular un incidente de nulidad por vulneración de derechos fundamentales.

Entre las varias vulneraciones que denunciaba se incluía la de igualdad de armas y la de la libertad de expresión, la independencia, la ética profesional y la probidad procesal del abogado de la defensa.

Durante mi exposición, el presidente de la Sala, don Mario Pestana, me interrumpió para interpelarme: “…¿Sabe usted, letrado, cuál es su problema?”, “Dígame, señor”, le contesté. “…que usted se cree que está al mismo nivel que la Sala, sino no se atrevería a exponer lo que está fundamentando jurídicamente”.

Respiré y, transcurridos unos segundos de silencio, le respondí: “…con el máximo respeto, señor, el problema no es ese, sino la creencia de que los abogados estamos en un plano inferior a pesar de que los estrados se encuentran al mismo nivel”.

Situaciones parecidas y similares hemos tenido que vivir muchos abogados ante magistrados tan reputados como Alfonso Guevara.

COMPLEJO DE INFERIORIDAD

Ante todo esto, ¿qué ha hecho durante años el CGAE o los colegios profesionales? La respuesta es nada. Tan solo la absoluta indefensión y ausencia efectiva en la tutela de nuestros derechos como abogados.

Este complejo de inferioridad es el que nos lleva a arengar rebeliones para obligar a fiscales y abogados del Estado a salir de las salas de juicios para entrar todos “a la vez con los abogados”.

No, no se trata de que salgan, sino de que nosotros entremos con la misma libertad que ellos y hagamos uso de las instalaciones de la sede judicial al igual que lo hacen ellos.

La diferencia de matiz es importante, dado que la misma reside en que los abogados no somos colaboradores necesarios del sistema judicial, sino la mitad imprescindible de los únicos actores principales y esenciales de todo proceso judicial: los ciudadanos sometidos a la acción de la justicia.

En definitiva, los abogados somos autoridad, de tal manera que mientras las instituciones colegiales no sepan entender y defender sin complejos esta postura, seguiremos sometidos a la lacerante quiebra de la garantía de igualdad de armas.

Pero claro, si lo hacen con el ayuno rigor jurídico con que lo han hecho frente a la actuación del Sr. García Ortiz, difícilmente podemos alcanzar ese reconocimiento dentro del sistema.

Solo basta echar un vistazo a la patética Ley Orgnica del derecho de Defensa aprobada accidentalmente hace unos días para darnos cuenta de que estamos muy lejos de situarnos al mismo nivel en estrados que el Ministerio Fiscal.

Mientras tanto, las individuales rebeliones por el camino de la crucifixión civil de los letrados poco o nada aportan, salvo vernos compelidos por la policía de estrados a lo que con suerte el colegio profesional concederá un amparo que tan solo sirve para “otorgarnos la razón moral” sin ninguna consecuencia práctica.

Como decía don Miguel de Cervantes en su Quijote: “Luchamos contra gigantes: amigo Sancho…el miedo, la ignorancia y la injusticia…”.

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