El eslogan perfecto para destruir el secreto profesional.
El alegato final del Fiscal General del Estado dejó caer una frase pensada para tallarse en mármol: “La verdad no se filtra, se defiende».
Brillante, redonda, contundente… y profundamente peligrosa. Porque bajo su aparente grandeza moral, esa frase contiene la coartada perfecta para justificar lo injustificable: la revelación de una comunicación estrictamente confidencial entre un fiscal y un abogado.
Cuando el máximo responsable del Ministerio Fiscal utiliza una consigna retórica para amparar una vulneración constitucional, lo que está defendiendo no es la verdad: es su propio relato.
La verdad no exige destruir secretos: exige respetarlos.
El Fiscal General presentó la difusión de un correo privado como un acto legítimo para “aclarar” que no fue la Fiscalía quien ofreció un pacto, sino la defensa del investigado.
Pero para desmentir una noticia no hace falta dinamitar la confidencialidad. La Fiscalía podía haber dicho simplemente: “La iniciativa del acuerdo partió de la defensa.”
Nada más. Nada menos.
Convertir ese desmentido en una justificación para revelar un correo reservado es un salto ilegal, innecesario y corrosivo para el sistema penal.
Los correos no estaban circulando: estaban en dos buzones privados. Los correos: no eran públicos, no se habían filtrado antes, no estaban en manos de terceros.
Solo los tenían el abogado de Alberto González Amador y el fiscal del caso.
Y este último se vio obligado a entregarlos por requerimiento de la Fiscalía de Madrid y de la Fiscalía General del Estado.
Fue una orden, no un accidente. La frase “la verdad no se filtra, se defiende” sirve únicamente para cubrir esa decisión.
Ni la culpa ni la confesión degradan derechos fundamentales
Es imprescindible recordarlo: Un investigado culpable o confeso sigue siendo titular pleno del derecho a la intimidad, a la protección de datos y al secreto profesional.
No existe la categoría de “culpables sin derechos”. Ni existe permiso legal para exponer comunicaciones reservadas porque convenga “defender la verdad”.
El verdadero damnificado: el abogado cuya confidencialidad fue sacrificada. La víctima institucional más grave de esta actuación no es Amador: es su abogado.
La comunicación filtrada no afecta solo al investigado. Revienta la confianza entre la abogacía y la Fiscalía, pilar básico para cualquier negociación o interacción procesal.
Ese letrado envió un correo amparado en el secreto profesional. Y vio cómo su comunicación privada era exhibida en los medios por decisión jerárquica.
El ICAM, en silencio donde la ley exigía firmeza. Y aquí surge un elemento igual de inquietante: la pasividad del Colegio de Abogados de Madrid.
Actuando formalmente como acusación, su presencia ha sido poco más que simbólica, dejando de facto el peso del procedimiento en manos del abogado del investigado.
Precisamente en un caso que afecta al corazón del secreto profesional, el silencio institucional del ICAM —una institución que debería haber elevado la voz con claridad— resulta tan inexplicable como preocupante.
Cuando se vulnera la confidencialidad de un letrado, y el colegio permanece en segundo plano, el problema deja de ser puntual: pasa a ser sistémico.
La retórica de la verdad no puede usarse como arma institucional
“La verdad no se filtra, se defiende” es un eslogan atractivo. Pero no convierte un acto prohibido en legítimo. Ni transforma una vulneración de derechos en una muestra de transparencia.
En democracia: la verdad no se defiende rompiendo secretos, no se defiende vulnerando la intimidad, no se defiende exhibiendo comunicaciones reservadas. La verdad se defiende respetando la ley.
Conclusión: un eslogan brillante… al servicio de un acto inadmisible. Bajo el brillo del eslogan se esconde un hecho grave: un fiscal conminado a entregar correos privados; un abogado expuesto públicamente; un investigado sacrificado; una Fiscalía que justificó la revelación con retórica moral; y un Colegio de Abogados que, donde debía plantar cara, eligió la penumbra.
Aceptar que la Fiscalía puede romper la confidencialidad “para defender la verdad” abre una puerta que mañana otros poderes cruzarán.
Y en ese punto ya no hablaremos de garantías. Hablaremos de poder.
