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Estamos ante un gobierno que sufre el síndrome de Penélope

Fernando de Rosa Torner
Estamos ante un gobierno que sufre el síndrome de Penélope
Fernando de Rosa es senador por el PP, exvicepresidente del CGPJ y expresidente de la Audiencia Provincial de Valencia.
28/6/2022 06:48
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Actualizado: 27/6/2022 21:56
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Los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia reunidos en Vigo en el mes de mayo pasado han denunciado que las reformas del gobierno  que afectan a la política de nombramientos discrecionales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han producido la  «paralización y atrofia» de la administración de justicia.

El texto señala que el Consejo, aún estando en funciones, ha de asegurar la acción de gobierno del poder judicial y, con él, su independencia y la de los jueces y magistrados que forman parte del mismo.

Los máximos representantes orgánicos del poder judicial han afirmado que no puede convertirse el órgano de gobierno de jueces y magistrados en una institución sin capacidad de cumplir el mandato constitucional de proveer las vacantes judiciales para evitar el colapso de la justicia.

Han sido múltiples las voces que han denunciado este hecho y que han solicitado la colaboración a la red europea de consejos de justicia para que examine y se pronuncie sobre la citada reforma.

En este mismo sentido se han producido las declaraciones de la vicepresidenta de la comisión europea, Vera Jourová, que ha participado en la comisión de justicia del Congreso de los Diputados, en las que pone de manifiesto la necesidad de efectuar las reformas necesarias para garantizar que se despolitice el nombramiento de los vocales del CGPJ

Este pronunciamiento no le ha gustado al Gobierno, porque cada vez se encuentra más solos en su empeño en atacar la independencia judicial, porque impedir que el órgano de los jueces efectúe nombramientos discrecionales  no es acatar la constitución.

Evidentemente las declaraciones de la portavoz del Gobierno despreciando la exigencia de la vicepresidenta Jourová de garantizar la independencia judicial, unido a la pretensión de dejar sin efecto parte de la reforma llevada a cabo de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y permitir nombramientos al CGPJ únicamente para magistrados del Tribunal Constitucional, pone de manifiesto la gran hipocresía en que se mueve el Gobierno en lo que respecta al Poder Judicial.

Los hechos evidencian que no pueden continuar con su eslogan, ya caducado,  de que el partido popular no acata la constitución al no participar en la renovación del CGPJ porque es el Gobierno el  que no acepta los parámetros democráticos exigidos por Europa.

Mientras el Gobierno reforma y contrareforma atendiendo únicamente a sus intereses cortoplacistas, continua el colapso del Tribunal Supremo que ya afecta a miles de asuntos vitales para la actividad económica, a miles de problemas relativos al orden público , social o de las relaciones privadas de los ciudadanos.

Bruselas mira con lupa  la política judicial del Gobierno de España, lo cual ha motivado que inicien reformas que tienen que paralizar al momento, o hagan anuncios que tengan que guardar en un cajón a los pocos días, como Penélope que tejía y destejía sin saber muy bien lo que le iba a deparar el futuro.

Este Gobierno ya tuvo que echar freno a su pretensión de renovar el CGPJ con una simple mayoría.

EL REPARTO DE FONDOS EUROPEOS, DE FONDO

El Gobierno no puede desconocer el mecanismo de condicionalidad aprobado por el Parlamento Europeo, en diciembre de 2020, que permite bloquear el reparto de fondos europeos de recuperación a aquellos países que pongan en peligro el estado de derecho, mecanismo avalado por el Tribunal de Justicia Europeo, y que ya ha sido aplicado, tras este informe, como en los casos de los ayuntamientos que declararon espacios libres de LGTBI en Polonia.

Por eso ha tenido que echar marcha atrás en su pretensión de nombrar los dos magistrados del Tribunal Constitucional sin esperar al nombramiento de los magistrados correspondientes al Poder Judicial, porque vulneraba lo dispuesto en el artículo 159.3 de la Constitución, que establece que los magistrados serán designados por un periodo de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres años.

Ahora el Gobierno inicia otra apuesta arriesgada al presentar una nueva reforma de la LOPJ, que en sí misma es una contrareforma, basada únicamente en su deseo de nombrar a toda costa dos magistrados del Tribunal Constitucional, devolviendo la capacidad de nombramiento de forma parcial al CGPJ, arriesgándose a embarrancar de nuevo, si escuchamos las voces de protesta que se han levantado tanto en el propio órgano de gobierno de los jueces, en el Tribunal Supremo y en toda la carrera judicial.

Al Gobierno le va a costar explicar esta propuesta en Europa, puesto que si el argumento que se dio ante Bruselas para privar a un órgano constitucional de sus funciones que le permiten efectuar nombramientos discrecionales, era que cuando había transcurrido el periodo para el que fue nombrado solamente podía realizar los actos de trámite, ¿como va a razonar que se reforme la reforma, transcurrido escasamente un año, para otorgarle de nuevo sus funciones de forma limitada y referidas únicamente a aquellos nombramientos que le interesan al Gobierno?

Va a tener difícil justificación este nuevo paso dado por el Gobierno, cuando vemos que se están paralizando órganos judiciales tan importantes como el Tribunal Supremo, y no van a poder culpar a nadie más que a ellos mismos y sobre todo a su incapacidad de reconocer sus continuos errores y bandazos en un tema tan importante como es el Poder Judicial.

No se puede tejer y destejer nuestro estado de derecho, porque como en la «Odisea» de Homero, al final la maniobra será denunciada y Bruselas dirá basta,  aplicándonos  el mecanismo de condicionalidad.

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