Oltra presentó la dimisión de todos sus cargos en el gobierno autonómico valenciano y como diputada de las cortes de la Comunidad Autónoma después de que el TSJCV declarara que los indicios para su investigación eran sólidos, para lo que deisgnó a un magistrado del Alto Tribunal territorial.
El magistrado Vicente Ríos Segarra instruirá la causa contra Mónica Oltra una vez perdido el aforamiento
El TSJCV devuelve la investigación contra Oltra al Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia
|
04/7/2022 16:05
|
Actualizado: 04/7/2022 16:58
|
Una vez que Mónica Oltra Jarque presentó el pasado 21 de junio su dimisión como vicepresidenta y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalidad Valenciana y como diputada autonómica, por lo que perdió su aforamiento, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSCV) dejó de ser competente para realizar la investigación sobre los delitos que le imputan.
Fue después de que el TSJCV se declarara competente para continuar la instrucción contra su persona.
El órgano judicial competente es el Juzgado de Instrucción 15 de Valencia, del que es titular el magistrado Vicente Ríos Segarra, que ahora recupera la jurisdicción sobre la investigación.
Así lo ha comunicado hoy el tribunal colegiado del TSJCV, formado por la presidenta, Pilar de la Oliva Marrades, y los magistrados Antonio Ferrer Gutiérrez (ponente) y Vicente Torres Cervera, en un auto en el que declara su falta de competencia «para la instrucción y el conocimiento de los hechos objeto de las Diligencias Previas número 28/2022, en las que figura como investigada» Mónica Oltra, entre otros.
Y acuerda remitir el asunto al magistrado Ríos Segarra para que prosiga la instrucción de las diligencias previas 826/2021, que inició él y cuyo contenido supuso la dimisión de Oltra del gobierno autonómico. Una resolución contra la que cabe recurso de súplica en el plazo de tres días ante el TSJCV.
En este procedimiento se investiga el presunto encubrimiento de los abusos sexuales que sufrió una menor tutelada, de 14 años, a manos de Luis Eduardo Ramírez, exmarido de Oltra, en un centro de la capital del Turia en el que trabajaba como educador. Los hechos sucedieron entre los años 2016 y 2017.
La líder de Compromís fue imputada el pasado 16 de junio. Aunque en un primer momento descartó dimitir, terminó haciéndolo cinco días después.
INDICIOS PLURALES
La Justicia encontró una «una serie de indicios plurales» que hacen sospechar la posible existencia de un concierto entre Oltra y diversos funcionarios para proteger a su entonces pareja o bien proteger la carrera política de esta.
La investigación de esta causa procede de una denuncia de la víctima, que ahora es mayor de edad, y de una querella de la exdirigente de VOX Cristina Seguí, que ejercita la acusación popular como presidenta de la asociación Gobierna-te.
Han iniciado un proceso contra la Consejería por la supuesta omisión del deber de custodia y protección, y para determinar si se produjo un delito en la elaboración de un informe interno sobre lo sucedido. VOX también es acusación popular desde el pasado mes de febrero.
En este procedimiento se investiga el presunto encubrimiento de los abusos sexuales que sufrió en un centro una menor tutelada, de 14 años, a manos del exmarido de Oltra entre los años 2016 y 2017.
Los abusos a la menor, según ha quedado probado por la Justicia, se produjeron a finales de 2016, cuando Luis Eduardo Ramírez estaba casado con Oltra, vicepresidenta de la Generalitat desde junio de 2015, y por estos hechos fue condenado a cinco años de prisión por la Audiencia Provincial de Valencia, a inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio que conlleve contacto con menores durante un plazo de 10 años, y a cinco años de libertad vigilada, con obligación de participar en cursos formativos de educación sexual.
La sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia fue confirmada por el TSJ de la Comunidad Valenciana en septiembre de 2021 y se encuentra recurrida ante el Tribunal Supremo. En este proceso, la Fiscalía reprochó a la Consejería de Igualdad que silenciara durante cuatro meses la denuncia que la menor hizo en 2017 contra el educador.
«Empezamos esto el 1 de abril de 2021 en la más absoluta soledad, la gente me decía que estaba loca, y esto se ha conseguido gracias a la venta de camisetas, a ser muy pesada con los ‘crowdfunding’ en las redes sociales y gracias a mi abogado, Pablo Delgado«, ha declarado Seguí a Confilegal.
Según explica a este diario, el coste personal por este caso ha sido enorme, por intentar conseguir los recursos a tiempo, y porque tiene dos querellas de Oltra contra ella por supuestas injurias y calumnias, la última notificada el pasado 31 de mayo.
Respecto a la primera, la Fiscalía interesó el sobreseimiento de las actuaciones. La otra, también por tuits y por supuestas injurias y calumnias.
«Son querellas instrumentales, para, por un lado intentar apartarme de la causa, y por otro lado, intentar asfixiarme económicamente», indica Seguí. «Me interesaría mucho saber, de qué bolsillo está pagando tanto esas dos querellas en cuestión, como la defensa de su marido que también pagó ella. Esperemos que con su capital privado», concluye.
LOS OTROS 13 INVESTIGADOS
Entre los investigados también se encuentran cinco personas de la Consejería, como el ‘número dos’ de Oltra, Rosa Molero, directora general de Infancia y Adolescencia. También la subdirectora general de Infancia y Adolescencia, Gemma Plaza; el secretario territorial, Jesús Esquiu; la jefa de servicio de Infancia, Adolescencia e Igualdad, María Amparo Nogués; y la técnico de la Sección del Menor, Ana Victoria García Tarín.
Su imputación se produjo después de haber sido oídas las declaraciones y ante la documentación aportada por ocho de los primeros investigados: las directoras territoriales de la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas en Valencia y Castellón en el momento en que ocurrieron los hechos, y una psicóloga y el jefe de la Sección del Menor de la Consejería.
También están siendo investigadas una funcionaria de la Consejería que instruyó una información reservada sobre los abusos, una psicóloga del Servicio de Atención Psicológica a menores Víctimas de Abusos sexuales de la Consejería, y la directora y una psicóloga del centro de acogida de menores donde ocurrieron los hechos.
Noticias Relacionadas:
