El presidente de Impulso Ciudadano, José Domingo, destaca que es "inconveniente" que el Gobierno de España dé "respaldo expreso y solemne" a una Ley que los tribunales consideran que presenta visos de inconstitucionalidad, pero afirma que "por desgracia, coherente" con la práctica seguida hasta ahora tanto por el Ejecutivo como por el PSC y el PSOE, "quienes han servido de apoyo a las maniobras de los nacionalistas para evitar que el castellano sea lengua vehicular en el sistema educativo catalán".

Impulso Ciudadano denuncia que el Gobierno ‘ampare la exclusión del español’

Esta entidad advierte que el acuerdo aprobado ayer en la denominada mesa de diálogo sobre la lengua incluye elementos que "profundizan en el deterioro de los valores constitucionales perjudicando seriamente la convivencia en Cataluña"

Rosalina Moreno

28/7/2022 09:08

Actualizado: 28/7/2022 09:14

La asociación Impulso Ciudadano denuncia que el Gobierno «ampare la exclusión del español«. Advierte que el acuerdo aprobado ayer en la denominada mesa de diálogo entre el Gobierno y el ejecutivo autonómico catalán, titulado “Acuerdo para la protección y el impulso de la lengua catalana”, incluye elementos que «profundizan en el deterioro de los valores constitucionales perjudicando seriamente la convivencia en Cataluña».

Destaca que «este planteamiento, que supone colocar al castellano en una posición de sumisión respecto al catalán, contradice flagrantemente la doctrina constitucional que con claridad ha establecido que el castellano ha de ser lengua usada con normalidad como lengua vehicular y de aprendizaje en el sistema educativo; siendo esta utilización normal del castellano en la educación una consecuencia que se desprende de su carácter de lengua oficial en toda España según establece el artículo 3 de la Constitución».

Y señala que dicho documento supone un respaldo explícito por parte del Gobierno de España a la Ley 8/2022, de 9 de junio, sobre el uso y aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza; una Ley que «asume como eje vertebrador la posición subordinada del castellano en la educación, razón por la que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) ya ha indicado que ve en ella vicios de inconstitucionalidad».

Esta entidad, presidida por José Domingo Domingo, letrado de la Administración de la Seguridad Social y exdiputado en el Parlamento de Cataluña, subraya que el hecho de que el Gobierno de España dé «respaldo expreso y solemne» a una Ley que los tribunales consideran que presenta visos de inconstitucionalidad es «inconveniente»; pero dice que «por desgracia, coherente con la práctica seguida hasta ahora tanto por el Gobierno como por el PSC y el PSOE, quienes han servido de apoyo a las maniobras de los nacionalistas para evitar que el castellano sea lengua vehicular en el sistema educativo catalán».

«Unas maniobras que han incluido la expresa desobediencia a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 16 de diciembre de 2020 que establecía la necesidad de que la Generalitat adoptara medidas efectivas e inmediatas para que todos los alumnos catalanes recibiesen una educación en la que el castellano fuera lengua en la que se enseñara y no únicamente un idioma que se enseñara», expone.

Y denuncia que hasta la fecha «ni la Generalitat ha adoptado ninguna medida en ese sentido ni el Gobierno de España ha realizado actividad alguna orientada a conseguir el cumplimiento» de la sentencia del 25%.

Esta asociación siempre se ha mostrado crítica con la mesa de diálogo entre el Gobierno y el ejecutivo autonómico catalán. Afirma que es «incompatible» con principios constitucionales básicos y que «excluye» las demandas y planteamientos de los catalanes no nacionalistas, y que mejor podría denominarse “Mesa de Cesiones”.

Critica que en el documento aprobado ayer, el Gobierno de España apoya expresamente la política educativa de la Generalitat, «una política educativa que implica, por ejemplo, considerar como única lengua de la escuela el catalán, obligando a que se desarrollen en catalán las actividades internas de los centros (reuniones, actividades, informes y comunicaciones), las exposiciones de los profesores, las actividades de aprendizaje y evaluación, la interacción entre docentes y alumnos y las actividades de formación del profesorado, con la única excepción de aquellas actividades que tengan como finalidad promover el conocimiento y uso de otras lenguas».

«Una política en la que cualquier presencia del castellano en el espacio físico del centro (paredes, rótulos, etc.) queda limitada a las producciones de los alumnos», agrega.

Esta entidad hace hincapié en que «el propósito nacionalista» es que «la única lengua de la escuela como institución sea el catalán, de tal manera que el resto de lenguas, incluido el castellano, sean percibidas como lenguas que se pueden o deben aprender, pero que son ajenas al sistema educativo». Un propósito que, según afirma Impulso Ciudadano, encaja en el «propósito nacionalista» de que la escuela sirva para “conformar una ciudadanía catalana identificada con una cultura común, en la que la lengua catalana se convierta en un factor básico de integración social”, como recoge el punto 72 del documento sobre el proyecto educativo de centro, dentro de las instrucciones del Departamento de Educación para el curso 2022/20223.

«Este es el propósito nacionalista y, hoy sabemos, que también el propósito del Gobierno de España, y ante esto hay que decir alto y claro, que es un propósito no solamente incompatible con la Constitución, sino también con la convivencia en Cataluña y de los catalanes con el conjunto de los españoles», sostiene Impulso Ciudadano.

HACE UN LLAMAMIENTO A LA CIUDADANÍA A OPONERSE AL ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO Y EL EJECUTIVO CATALÁN

Esta entidad hace en el comunicado «una llamada» a los actores políticos y sociales y al conjunto de la ciudadanía a mostrar su oposición a un acuerdo entre el Gobierno de España y la Generalitat que «convierte al Gobierno de todos los españoles en un agente más del plan nacionalista de construir una Cataluña artificial, depurada de todos aquellos elementos que contribuyen a vincularla al conjunto de España y en el que los derechos de quienes se oponen al nacionalismo son ignorados o pisoteados».

«Hacemos una llamada para recuperar la convivencia, mediante un diálogo sincero que tenga como presupuesto irreductible el respeto a los valores constitucionales y la garantía de los derechos que reconoce la Constitución y el conjunto del ordenamiento», concluye.

Esta entidad, fundada en septiembre de 2009, defiende los valores constitucionales y de la Unión Europea a través de los mecanismos del Estado de Derecho, defiende la igualdad y la libertad de todos los españoles y actúa para hacerlo posible, y trabaja para hacer de España una nación de ciudadanos con una buena calidad democrática. Para ello, defiende la neutralidad institucional, denuncia la intolerancia política y rechaza los nacionalismos identitarios

Noticias Relacionadas: