En los últimos días hemos asistido, atónitos, a los ataques indiscriminados que desde una asociación de Letrados de la Administración de Justicia se han lanzado contra los Procuradores.
No podemos negar que resulta difícil mantener las formas ante el tono hiriente de algunos comentarios. Pero no vamos a caer en la provocación porque resulta innecesario recurrir a la descalificación para reivindicarse.
Lo realmente importante es conocer el papel que desarrollamos cada uno y, sobre todo, en los últimos dos años.
Para ello, debemos empezar resaltando que los órganos judiciales funcionan diariamente por la labor coordinada de todos los operadores que intervienen en su actividad diaria.
Los jueces imparten justicia con la necesaria colaboración de una oficina judicial que tramita y gestiona los procedimientos hasta el momento en que se dicta la resolución final.
No sería posible obtener una sentencia sin la labor del Letrado de la Administración de Justicia y de los funcionarios que integran el Juzgado o Tribunal.
De la misma manera, que no tendría sentido el trabajo de toda la oficina judicial sin contar con el Juez ya que es el eslabón final de todo el proceso y el que ostenta la función constitucional de impartir justicia.
El resto de operadores, Fiscales, Abogados, Graduados Sociales y Procuradores instamos actuaciones y trabajamos para dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos. Cada profesional se integra, según su función, en el engranaje de la Administración de Justicia en cada uno de los procedimientos que gestiona, procurando que se tramiten conforme a la legalidad vigente y dentro de un tiempo razonable.
«Es un hecho patente que la Administración de Justicia por la carencia de medios, tiene un problema de lentitud en la respuesta y en dar eficacia de a las resoluciones judiciales que se dictan y la solución comienza por reconocerlo y dejarse ayudar por aquellos, los profesionales del Derecho, que ya han demostrado que están dispuestos a hacer las aportaciones necesarias»
Por tanto, parece indudable la necesaria colaboración de todos para el buen fin de la Administración de Justicia. Cada uno de sus intervinientes trabaja en su ámbito para cumplir con la función legal que tiene atribuida en la consecución de la noble tarea de que se administre justicia al ciudadano que lo solicita.
Esta necesaria colaboración se ha hecho más patente desde que hemos sufrido los efectos devastadores de la pandemia más que palpables en la Administración de Justicia. La COVID-19 no sólo nos trajo enfermedad y dolor por la pérdida de muchos de los nuestros sino que, una vez relajado el confinamiento, nos hizo contemplar en Justicia un escenario casi dantesco de colapso y temor no sólo a contraer la enfermedad sino a como se iban a gestionar los asuntos paralizados y pendientes y los nuevos a presentar.
Desde entonces, los operadores jurídicos, Abogados, Graduados Sociales y Procuradores hemos realizado un mayor esfuerzo de colaboración ya que nos hemos encontrado con medidas restrictivas de acceso a los Juzgados y a las salas de vistas; con la necesidad de solicitar citas previas para acudir a realizar una diligencia ya no sólo el ciudadano sino incluso el profesional; con el intento de realizar gestiones a través de teléfonos que, en algunos casos, sonaban y no se cogían, o el envío de correos electrónicos en solicitud de información que, algunas veces, no se contestaban.
Esta situación la hemos sufrido los profesionales durante mas de dos años.
Hemos sacrificado nuestra asistencia a las vistas para evitar contagios, hemos respetado las limitaciones de acceso para no solo evitar la expansión del virus, sino también para que la oficina judicial avanzara en el trabajo pendiente, hemos tolerado el trato recibido en atención a que la pandemia estaba creando una situación insostenible a nivel judicial.
Y la pregunta es : ¿por qué se ha hecho ese sacrificio ?
En primer lugar, porque los profesionales tenemos interiorizada la necesidad de ayudar para que las cosas funcionen.
Por otra parte, porque la situación excepcional planteada nos hizo a todos asumir que teníamos que arrimar el hombro.
En este orden de cosas, manifestar la intención de colaborar para la mejora de la Administración, no significa tener la voluntad de suplir o eliminar a nadie, porque nadie sobra en el panorama judicial. Como en todo para empezar a mejorar las cosas, hay que empezar por reconocer el problema y que se requiere de ayuda para resolverlo.
Es un hecho patente que la Administración de Justicia por la carencia de medios, tiene un problema de lentitud en la respuesta y en dar eficacia de a las resoluciones judiciales que se dictan y la solución comienza por reconocerlo y dejarse ayudar por aquellos, los profesionales del Derecho, que ya han demostrado que están dispuestos a hacer las aportaciones necesarias.
No es el momento de ataques injustificados y gratuítos sino que con la generosidad que caracteriza a todos los colectivos jurídicos pongamos sobre la mesa todas las herramientas de las que disponemos para seguir trabajando en una Administración de Justicia mejor.
