"Pactar leyes para evitar el cumplimiento de las penas en delitos graves es una forma de corrupción del Estado de Derecho difícilmente imaginable para la UE, pero es real", asegura.
Cs denuncia ante la Comisión Europea la estrategia de ‘ingeniería jurídica y política’ de Sánchez y sus socios
Destaca que los pactos entre el Gobierno y sus socios independentistas conforman una estrategia compuesta de reformas que afectan a los delitos de sedición y malversación, "con el fin de defender intereses particulares y desproteger el Estado"
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15/11/2022 11:47
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Actualizado: 15/11/2022 11:49
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La eurodiputada de Ciudadanos y vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del Parlamento Europeo, Maite Pagazaurtundúa, ha denunciado ante la Comisión Europea que los pactos entre el Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios independentistas «conforman una estrategia de ingeniería jurídica y política, compuesta de reformas que afectan a los delitos de sedición y malversación, con el fin de defender intereses particulares y desproteger el Estado».
“El actual gobierno español ha iniciado reformas jurídicas que parecen tender a debilitar la protección jurídica del propio Estado de Derecho, así como a conceder o completar la impunidad a los autores de graves delitos cometidos en 2017 contra la integridad territorial, la integridad del Estado de derecho y el presupuesto”, advierte la eurodiputada en una misiva enviada ayer a los comisarios Didier Reynders y Vera Jourová, responsables de Justicia y de Valores y Transparencia de la Comisión Europea, respectivamente.
Pagazaurtundúa alude en la carta a las revelaciones realizadas por el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, respecto a los pactos con el gobierno sobre el incumplimiento de las sentencias sobre el español, la eliminación del delito de sedición, e incluso la reforma sobre los delitos de malversación, todos ellos relacionados con líderes independentistas catalanes.
El pasado 14 de octubre ya informó a ambos de que el presidente de la Generalidad de Cataluña, Pere Aragonès, reconoció en TV3 que la decisión del Gobierno español de no recurrir ante el Tribunal Constitucional las leyes catalanas que burlan las sentencias confirmadas por el Tribunal Supremo sobre la obligatoriedad de impartir al menos un 25% de clases en español, «forman parte de un acuerdo con el Gobierno de Pedro Sánchez».
Les indica que ahora, Aragonés ha revelado que también corresponde a un pacto con el Gobierno central la reforma presentada para la eliminación del delito de sedición, que afectaría directamente a los líderes independentistas condenados por los graves hechos de octubre de 2017, y que Sánchez también ha dejado claro que existe ese compromiso
La vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior llama la atención respecto a estas acciones, y especialmente sobre la modificación del Código Penal, porque “tienen por fin la impunidad de delincuentes o presuntos delincuentes, así como debilitar la protección legal de la integridad territorial del Estado hacia el futuro”.
LOS BENEFICIADOS
Les transmite que los partidos Socialista y Podemos han sido los encargados de presentar la Proposición de Ley para rebajar las penas a los condenados y encausados del ‘procés’.
Con ello beneficiarían, según detalla, a Josep Maria Jové y Lluis Salvadó, procesados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por los delitos de desobediencia, prevaricación, malversación y revelación de secretos por su participación en la organización del referéndum del 1 de octubre de 2017. «Jové es uno de los interlocutores de la negociación -cuyos pactos para la impunidad van descubriendo- entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña», apunta Pagazaurtundúa.
También beneficiaría, añade, a los 29 cargos intermedios del gobierno catalán procesados en la Audiencia de Barcelona, a la espera de juicio, que participaron en los hechos del 1 de octubre de 2017; a los líderes independentistas indultados parcialmente de forma posiblemente irregular, lo que permitiría además eliminar la parte no indultada para facilitar su futura incorporación a listas electorales; y a condenados socialistas por malversación.
BUSCAN ‘LA IMPUNIDAD DE DELINCUENTES Y DEBILITAR LA PROTECCIÓN LEGAL DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL DEL ESTADO HACIA EL FUTURO’
La eurodiputada denuncia que todas estas acciones, especialmente la modificación del Código Penal, «tienen por fin la impunidad de delincuentes o presuntos delincuentes, así como debilitar la protección legal de la integridad territorial del Estado hacia el futuro».
“Resulta preocupante la construcción intencionada de ese medioambiente específico que, a través de reformas combinadas, debilita la protección del Estado frente a los ataques que líderes de partidos secesionistas propiciaron; creando una vulnerabilidad evidente también para el futuro de nuestra democracia”, expone Pagazaurtundúa.
“Pactar leyes para evitar el cumplimiento de las penas en delitos graves es una forma de corrupción del Estado de Derecho difícilmente imaginable para la UE, pero es real”, sentencia.
Asimismo, destaca que «una eventual reforma del delito de malversación de fondos públicos, con el objetivo de reducir las penas, también concurriría contra el Principio básico del Buen Gobierno, pues ésta iría en contra del artículo 9 de esta Ley, que aboga por la gestión, protección y conservación adecuada de los recursos públicos, que no podrán ser utilizados para actividades que no sean las permitidas».
Y recuerda que dicha ley señala que tampoco “se valdrán de su posición en la Administración para obtener ventajas personales o materiales”.
Basándose en la legislación que obliga a las Administraciones al buen gobierno, Pagazaurtundúa indica que aliviar las penas de determinados delitos «para satisfacer intereses políticos es una muestra de irresponsabilidad que va contra la Ley y contra los principios de derechos penal, que debilita tanto al poder judicial como institución como al entramado institucional democrático».
Por último, denuncia «la degradación de las instituciones democráticas a causa de estos usos impropios del Gobierno», y concluye que los pactos entre las administraciones central y catalana «para torcer la ley, para no aplicar las sentencias y para la impunidad de hechos», son “suficientemente graves como para introducir una advertencia en el informe del Estado de Derecho de España”.
Pagazaurtundúa termina su misiva preguntando a los comisarios si la Comisión Europea va a realizar comprobaciones sobre las revelaciones de Aragonés y si va a actuar ante «las operaciones de ingeniería jurídica y política dirigidas a desproteger el Estado y a defender los intereses de políticos que atacaron gravemente la democracia española y su Estado de Derecho».
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