Antonio Salas: ‘Es esquizofrenia jurídica que el CGPJ deba nombrar magistrados del TC y no pueda nombrar magistrados del Supremo’
Antonio Salas Carceller, magistrado emérito del Tribunal Supremo, analiza en Confilegal la situación de la Justicia en España. Foto: Rosalina Moreno/Confilegal.

Antonio Salas: ‘Es esquizofrenia jurídica que el CGPJ deba nombrar magistrados del TC y no pueda nombrar magistrados del Supremo’

Destaca que no es bueno legislar "en caliente" y que "nunca se había vivido una situación en que se legisle tanto para conseguir finalidades inmediatas a costa de sacrificar los principios"
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20/12/2022 06:50
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Actualizado: 25/9/2023 11:43
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«Es esquizofrenia jurídica que el CGPJ deba nombrar magistrados del Tribunal Constitucional (TC) y no pueda nombrar magistrados del Tribunal Supremo (TS)». Así lo señala a Confilegal el magistrado emérito de la Sala de lo Civil del Supremo Antonio Salas Carceller.

Salas se jubiló hace ya dos años, con 67 años -10 días antes de cumplir los 68- y todavía sigue sin cubrirse su plaza como consecuencia de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) aprobada posteriormente que impide al órgano de gobierno de los jueces realizar nombramientos discrecionales en la cúpula judicial con el mandato vencido, situación en la que lleva desde diciembre de 2018.

Podría haber seguido en activo hasta los 72, el máximo que permite la Carrera Judicial, pero se jubiló, tras 43 años de servicio, para incorporarse como consultor externo al despacho SRF Abogados, de Murcia, integrado por su hija, Victoria Salas, su yerno, Ginés Riquelme, y un socio, Luis Ferrer.

En esta entrevista analiza la situación de la Justicia en España. Y lo hace, como siempre, sin pelos en la lengua.

¿Qué opina de estas declaraciones del presidente del Gobierno sobre el Pleno de urgencia del Constitucional para decidir sobre el recurso del PP: «Estamos ante un intento de atropellar nuestra democracia por parte de la derecha, no solo la política, sino la jurídica, jaleada por la derecha mediática y esto es inaceptable»? 

Que el presidente el Gobierno reaccione así ante un recurso al TC demuestra, a mi entender, sobre todo dos cosas: en primer lugar, que sabe que el recurso podría prosperar y, en segundo lugar, que piensa que el resultado puede depender de que el TC esté “dominado” por uno u otro partido, lo cual es gravísimo y constituye un insulto al Tribunal.

Antonio Salas dice basta «a que políticos a los que no interesa el bien de España como conjunto estén sentados en el Parlamento»

¿Le parece grave esto? Si es así, ¿por qué? ¿Qué consecuencias pueden tener? ¿Qué mensaje se está transmitiendo a la ciudadanía?

Es muy grave. Se está relativizando el valor de instituciones básicas en nuestro sistema jurídico y generalizando el insulto por parte de los políticos a los jueces, así como la desconfianza en su imparcialidad, todo ello especialmente extendido a los magistrados del TC.

A su juicio, ¿qué es lo intolerable?

Lo que me parece más intolerable es que el Derecho, que es la base de una convivencia civilizada, se esté adulterando con finalidades ajenas a la Justicia, el bien común y la seguridad jurídica, que constituyen su objetivo.

Usted, ¿a qué dice basta? 

A muchas cosas. Pero sobre todo a que políticos a los que no interesa el bien de España como conjunto estén sentados en el Parlamento.

El magistrado José Luis Requero señalaba en una reciente entrevista en Confilegal que le preocupa que los ciudadanos pierdan el respeto a los tribunales «porque el poder político es el primero que no los respeta». ¿A usted también?

Por supuesto, los tribunales no gozan hoy del respeto que merecen y ello sobre todo se debe a esa falta de respeto desde partidos políticos que pretenden monopolizarlos en su beneficio.

«Es intolerable que el Derecho, que es la base de una convivencia civilizada, se esté adulterando con finalidades ajenas a la Justicia, el bien común y la seguridad jurídica, que constituyen su objetivo»

¿Qué opina de las enmiendas de PSOE y Podemos a un Proyecto de Ley que suprimen el delito de sedición, reforman el de malversación y modifican la elección de los dos magistrados del tribunal de garantías que corresponde nombrar al CGPJ?

Creo que no se puede legislar para el día siguiente ni se pueden crear mayorías artificiales para satisfacer determinados intereses. Siempre se dijo que no es bueno legislar “en caliente” y nunca se había vivido una situación en que se legisle tanto para conseguir finalidades inmediatas a costa de sacrificar los principios.

¿Qué dice del mecanismo utilizado, que priva de los preceptivos informes del Consejo de Estado, del CGPJ y del Consejo Fiscal y, además, impide el debate sosegado que debe preceder a tan importantes cambios normativos?

Está claro que se trata de un mecanismo fraudulento, con independencia de que se haya utilizado también anteriormente. Las enmiendas son para enriquecer y mejorar las leyes sobre las que se está discutiendo y no para legislar “ex novo”.

 ¿Y qué piensa de la ley del ‘sólo sí es sí’? 

Creo que es una modificación del Código Penal que tenía una finalidad positiva, pero se ha hecho mal, en el sentido de que no se han medido las posibles consecuencias negativas para la protección de las víctimas.

Dice Patxi López que la enmienda a esa ley es un “toque de atención a los jueces”… ¿Cómo califica esto?

Decir algo en un preámbulo o exposición de motivos no tiene valor normativo, y en cuanto al “toque de atención” se define por sí solo. La intención del legislador en un caso concreto no puede alterar los fundamentos básicos del Derecho Penal y en particular la doctrina sobre la retroactividad favorable al reo. 

Antonio Salas, con la preceptiva toga, en una foto oficial del Tribunal Supremo. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.

Bolaños ha exigido al PP que retire su recurso ante el Tribunal Constitucional porque sus efectos tendrían “consecuencias impredecibles”… Ha señalado usted en Twitter que un ministro no puede decir eso. Explique por qué.

Refleja, una vez más, el temor del Gobierno, porque sabe que existen razones jurídicas que podrían dar lugar a la estimación del recurso, ya que el mismo se refiere a una cuestión sobre la que el TC ya se ha pronunciado de forma contraria a lo que ahora sostiene el Gobierno. 

Así, en su sentencia número 155/2017, de 21 diciembre, dice textualmente que “la facultad de enmienda de los grupos parlamentarios en el procedimiento legislativo, disciplinada por los reglamentos de las respectivas Cámaras, no carece de límites constitucionales”; y está claro que las enmiendas tienen como única finalidad mejorar una ley, no añadir una ley distinta. En este caso se trata, además, de leyes orgánicas. 

«Los tribunales no gozan hoy del respeto que merecen y ello se debe sobre todo a esa falta de respeto desde partidos políticos que pretenden monopolizarlos en su beneficio»

¿Qué opina de la situación del Tribunal Supremo y otros tribunales que no pueden cubrir plazas vacantes por la reforma de la LOPJ? Su marcha en el TS por su jubilación anticipada, hace ya dos años, todavía no ha sido cubierta… La Sala de lo Social y la de lo Contencioso, sobre todo, afrontan una situación delicada… De colapso…

La situación del CGPJ es insostenible y está dando lugar a la paradoja de que, por intereses meramente políticos, se conmina al Consejo a nombrar a dos magistrados del TC cuando, si los que se nombren proceden del TS, el propio Consejo no puede cubrir las vacantes que dejan. Esto es pura esquizofrenia jurídica.

¿Qué solución ve usted a la situación de bloqueo del CGPJ? 

La inmediata sería que quienes presiden las Cámaras convocaran a los grupos parlamentarios y arbitraran un sistema para elegir a los vocales uno por uno y por mayoría de 3/5, sin necesidad de pacto previo de reparto de puestos entre Gobierno y Oposición. Ya hay nombres. Que se sometan a votación y sólo quien alcance 3/5 de los votos será vocal. Eso es lo más democrático. 

¿Ve necesaria una reforma del sistema de elección?

Por supuesto. Yo creo que se forzó al máximo la interpretación de la Constitución para establecer la elección parlamentaria de los doce jueces en activo. No fue posible que el TC se pronunciara previamente a la entrada en vigor de la reforma porque se había suprimido en 1984 el recurso previo de inconstitucionalidad. Así se formó un nuevo Consejo de elección parlamentaria que hizo muchos nombramientos, los que habrían quedado sin efecto si se declaraba la inconstitucionalidad de la reforma. 

El TC, en 1986, la admitió señalando los peligros que, desde el primer momento, se materializaron en el reparto de puestos entre los partidos. 

Es necesario volver al sistema anterior a 1985.

Entrega del título de juez a Antonio Salas por el entonces ministro de Justicia, Landelino Lavilla, en octubre de 1977.

¿Qué cree que debe hacerse primero? ¿Reformar o renovar?

Primero hay que renovar, porque es muy urgente. Luego reformar.

¿Qué opina de los ataques constantes contra jueces y magistrados por parte de políticos de Unidas Podemos? 

Determinados miembros de ese partido tienen un claro perfil de personas antisistema. Con ese antecedente resulta hasta lógico que ataquen a quienes puedan interponerse en su camino.

¿Qué más cosas le preocupan a usted? 

Me preocupan muchas cosas. La primera que, tras experiencias pasadas, pueda haberse producido una invasión en Ucrania sin que la ONU sea capaz de hacer nada. Luego, la Economía y la Salud Pública, hoy tan comprometida.

Actualmente. ejerce como consultor externo en SRF Abogados.

¿Qué reivindicaciones haría respecto a la abogacía? 

Debe atenderse especialmente al Turno de Oficio. También hay que tratar el tema del IVA aplicable a los honorarios de abogado. 

Los servicios de abogado prestados ante tribunales deberían estar exentos, como ocurre en el caso de la medicina. No se puede hablar de que el servicio de Justicia es gratuito para los particulares cuando la ley procesal les obliga a contratar abogado para su defensa y los honorarios devengan un 21% de IVA para el Estado. 

«Lo que está pasando es muy grave: se está relativizando el valor de instituciones básicas en nuestro sistema jurídico y generalizando el insulto por parte de los políticos a los jueces»

Habla el presidente de una «derecha mediática», como si los periodistas no fueran imparciales. Ya dijo la ministra Isabel Rodríguez que sería ideal que las televisiones y los medios de comunicación en general ofrecieran un espacio de su tiempo para que el Gobierno pudiese informar con la mayor neutralidad posible de las acciones de Moncloa, evitando, aseguró, sesgos políticos. Un NODO… ¿Retrocedemos?

Si el presidente habla de una “derecha mediática” también tendría que admitir la existencia de una “izquierda mediática”. Muchas veces sabemos de antemano lo que van a decir quienes participan en tertulias televisivas o radiofónicas. La mayoría de las veces no son en realidad periodistas. 

Lo que se echa de menos es la presencia de personas realmente cualificadas respecto de los temas que se tratan, que confronten ideas de forma respetuosa y ordenada para que se pueda favorecer la creación de una opinión pública mejor formada. 

Usted, ¿qué llamamiento haría ante la situación que atraviesa España con lo anteriormente citado?

Se trata, sin duda, de una idea utópica. Creo que los dos grandes partidos deben aproximarse, en lugar de distanciarse cada vez más. Hay que llegar a grandes pactos entre ellos que, sin desdeñar a las minorías, impidan que con unos pocos escaños se estén imponiendo decisiones contrarias a los intereses generales. Si para ello hay que prescindir de determinadas personas, no habrá más remedio que hacerlo

¿Cuáles son sus deseos para 2023?

Mis deseos van dirigidos especialmente a que se restablezca el orden y la seriedad en las instituciones públicas. También a que todas las familias puedan vivir dignamente en un mundo en que los medios económicos se repartan de un modo justo. En lo personal, como es lógico, seguir disfrutando de mi familia y de mis amigos, lo que, al final, es lo más importante.

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