Julián Sánchez Melgar, magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y exfiscal general del Estado, analiza en esta entrevista en Confilegal la actualidad judicial. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
Julián Sánchez Melgar: ‘Etiquetar políticamente a los jueces es contribuir a que se pierda la confianza en la Justicia’
Destaca que los magistrados no deben ser ni conservadores ni progresistas y que "si se parte de ese error, se prostituye el sistema judicial"
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10/1/2023 06:52
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Actualizado: 10/1/2023 07:15
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«Etiquetar políticamente a los jueces es contribuir a que se pierda la confianza en la Justicia». Así lo manifiesta Julián Sánchez Melgar, magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) y exfiscal general del Estado.
Destaca que los magistrados no deben ser ni conservadores ni progresistas y que «si se parte de ese error, se prostituye el sistema judicial».
Julián Sánchez Melgar (Palencia, 1955) tiene a sus espaldas 39 años de servicio ininterrumpido en la carrera judicial.
Desde enero del año 2000 ocupa plaza en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y entre diciembre de 2017 y junio de 2018 estuvo al frente de la Fiscalía General del Estado (FGE), donde sucedió a José Manuel Maza, tras su inesperado fallecimiento.
¿Qué análisis hace de la calidad del Estado de Derecho y del clima político en España?
El Estado de Derecho no solamente es un principio constitucional básico, sino el termómetro para medir el nivel de democracia que se disfruta. Tal principio parte de la separación de poderes y de la prevalencia de la ley sobre cualquier otro poder del Estado. La ley es consustancial al Estado de Derecho, y sin ley no hay democracia ni Estado de Derecho.
Sobre el clima político en España solamente puedo decir que me parece elevado, y aquí también es necesario luchar contra ese «cambio climático», con medidas como el uso de la concordia y el consenso, porque la democracia pasa necesariamente por el entendimiento y la negociación, de ahí que valore muy positivamente la política de Pactos de Estado en materias troncales para la construcción de una gran nación y sobre todos los temas básicos en cualquier democracia (sociales, educativos, sanitarios, económicos, etc.).
«Cuanto más se avance en materia de pactos entre las fuerzas políticas sobre aspectos básicos, más controlado será el clima político y mejor funcionarán las instituciones»
A partir de ahí, una vez que exista consenso en lo sustancial, cada partido podrá aplicar sus programas en lo que considere más adecuado. Cuanto más se avance en materia de pactos entre las fuerzas políticas sobre aspectos básicos, más controlado será el clima político y mejor funcionarán las instituciones.
¿Qué retos deberían llevarse a cabo este año en Justicia, a su juicio, como magistrado y con la visión de exfiscal general del Estado?
Otro de los principios básicos de la constitucional separación de poderes es que los miembros del poder judicial no entren en la política partidista. Ésta es necesaria para la formación de las cámaras, y en la política de los otros dos poderes, el ejecutivo y el legislativo, pero no para el poder judicial, que debe estar ausente en dicho aspecto.
El respeto es el máximo baluarte del funcionamiento de la democracia. Ello quiere decir que un magistrado de ningún modo puede entrar en un espacio que constitucionalmente le está vedado.
Podrá analizar técnicamente una ley, como paso previo para aplicarla, pero en modo alguno podrá sustituir al poder legislativo en su función de la elaboración de las normas jurídicas con rango de ley.
Desde esta perspectiva no puedo señalar los retos concretos que deberán acometerse en Justicia para este año que comienza.
Puedo decir que hay problemas que deben afrontarse en materia de una buena organización de los Tribunales, avanzar por intensificar la independencia de los jueces y magistrados, conseguir que el mecanismo procesal en que consiste el proceso sea cada vez más ágil, que todos tengan acceso a una tutela judicial efectiva de calidad y en tiempos más cortos, pero el modo de conseguirlo es una misión que corresponde exclusivamente al ejecutivo político, y en tal aspecto, no seré yo quien me pronuncie por una determinada opción.
En Juzgados de lo Social ya se están fijando señalamientos para 2026. ¿Las resoluciones en un plazo razonable es otro de sus anhelos?
Por supuesto que sí. En los frontispicios de nuestros Palacios de Justicia, yo pondría, a modo de subtítulo, tras la palabra Justicia resoluciones predictibles en un tiempo razonable, como eslogan de nuestro servicio.
El Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado acerca de la dilación por la que me pregunta, para considerarla indebida, y estará también de acuerdo en ello cualquier ciudadano.
Dicho esto, también he de poner de manifiesto que todas las encuestas muestran la satisfacción de la ciudadanía con el nivel de las resoluciones, incluyendo la complacencia de los profesionales del Derecho y de sus colegios profesionales, que nunca se han quejado de la calidad de la respuesta judicial.
Respecto al CGPJ, ¿ve necesario que se modifique el sistema de elección de los vocales de procedencia judicial -12 de un total de 20- para que sean los jueces directamente quienes les nombren?
Los jueces y magistrados deben poder elegir el CGPJ, como órgano de gobierno de los jueces, en la parte que les corresponde, a tenor de lo dispuesto en la Constitución española.
Y por varias razones: primero, porque es una opción absolutamente constitucional, resulta así del artículo 122.3 de nuestra Carta Magna, y el Tribunal Constitucional así lo ha ratificado.
En segundo lugar, porque es la fórmula más natural que el órgano de gobierno del poder judicial sea elegido por quienes ejercen el poder judicial. Si tales jueces y magistrados están plenamente legitimados para ejercerlo, y sobre esto no creo que haya muchas dudas, también lo estarán para elegirlo en la medida que la Constitución les atribuye su composición, en número de 12, y en número de 8, por las Cámaras legislativas.
Además, con esta fórmula jamás se hubiera producido un desacuerdo en tal elección.
Por si fuera poco, aleja la política partidista de tal órgano, lo que le confiere mayor independencia y le dota de mayor prestigio en sus decisiones, y finalmente, porque esa parece ser la orientación de los vientos que nos vienen de Europa.
La renovación del CGPJ es una obligación constitucional que, hoy por hoy, deben cumplir las Cámaras y, ya con el tiempo transcurrido, cuanto antes.
¿Y qué cree que debe hacerse primero? ¿Renovar o reformar?
Desde mi punto de vista, se debería renovar con el sistema actual, que es el vigente, pero con el compromiso también, si así fuera procedente mediante un gran pacto en este sentido, de que en el futuro lo sea mediante elección, en la parte que les corresponde, por los jueces y magistrados.
Con las negociaciones del Consejo para elegir a dos magistrados del TC, en las que usted sonaba con fuerza, se hablaba de magistrados conservadores y progresistas. ¿Esas denominaciones perjudican a la Justicia?
En efecto, los magistrados no deben ser ni conservadores ni progresistas. Si se parte de ese error, se prostituye el sistema judicial. Idea, por cierto, que fue ayer destacada por el presidente del Tribunal Constitucional en su discurso de despedida.
Etiquetar políticamente a los jueces es contribuir a que se pierda perder la confianza en la Justicia. ¿Quién creerá en la independencia judicial si quien arbitra el partido pertenece a uno de los dos equipos contendientes? Sobre este aspecto tanto la ciudadanía como la clase política deberían salir al paso.
E incluso también los propios magistrados, no tomando en modo alguno posición en cualquier tema de política partidista, lo cual, si para los integrantes de la clase política es necesario, para la Justicia es corrosivo.
A propósito del Tribunal Constitucional creo que es un órgano de una gran importancia, porque dibuja la construcción del Estado de acuerdo con la Constitución, pero el verdadero poder judicial radica en todos los integrantes de los juzgados y tribunales, en cuya cúspide se encuentra el Tribunal Supremo, que es el máximo intérprete de la legalidad ordinaria, fuera aparte el diseño constitucional.
Este doble prisma de apreciación no debería ser perdido de vista.
A propósito del Tribunal Supremo, ¿qué papel juega la Sala Segunda, donde usted se encuentra integrado como magistrado desde hace más de 20 años?
La Sala Segunda, con Manuel Marchena al frente, está impulsando un buen ritmo de calidad y transparencia; me parece que estamos viviendo un buen momento. Hay un magnífico equipo, unos extraordinarios magistrados de los que yo aprendo cada día, y contamos con el apoyo del Gabinete Técnico, que es como nuestra sala de máquinas, sin cuyo buen funcionamiento el buque no podría navegar. Pero no disponemos de apoyos técnicos personales, fuera de algún asunto puntual, y yo creo sería necesario.
Por cierto, usted no está afiliado a ninguna asociación judicial. ¿Por qué?
Tiene algo que ver con lo que comentaba anteriormente.
Quizá fui muy exagerado en preservarme de cualquier tipo de vinculación, porque la opción de afiliación a una asociación judicial es perfectamente lícita, incluso tiene ventajas, como la mayor participación en temas de organización judicial y asociativos, pero yo me mantuve en este rango fuera del sistema de asociacionismo judicial.
No es un acierto ni un error, es simplemente una opción, acogida, por cierto, por un buen número de integrantes de la carrera judicial, en otro tiempo, por lo menos que yo sepa. Fue una opción mayoritaria.
¿Como magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, la que juzgó el ‘caso procés’, cómo acoge las reformas que se han hecho del Código Penal, que benefician a estos condenados?
De lo que llevo ya contestado puede entenderse que no entre en el contenido de la pregunta, pues repito que todo magistrado debe respetar las decisiones políticas de los demás poderes del Estado, como ellos las nuestras.
Este es el juego democrático de la separación de poderes.
¿Y qué opina de la ley del ‘sólo sí es sí’ uno de los mayores expertos en esta materia?
De nuevo tengo que decir que no quiero entrar en temas de política partidista. Pero desde el plano técnico es una ley mejorable.
Técnicamente es mejorable la definición del consentimiento, con objeto de que pueda tener más precisión en cuanto a los diversos comportamientos sexuales que se dan en la realidad y que lo percibimos en la resolución de asuntos de esta naturaleza.
«Echo en falta un tipo penal específico que resuelva el grave problema, muy repetido en la práctica, desgraciadamente, de las violaciones grupales o múltiples»
Echo también en falta un tipo penal específico que resuelva el grave problema, muy repetido en la práctica, desgraciadamente, de las violaciones grupales o múltiples, de modo que contemos con un precepto que, fuera de los resortes técnicos de la continuidad delictiva o del concurso real, ayude a construir una pena proporcionada al hecho cometido, y terminen con polémicas interpretativas al respecto.
Por lo demás, estoy seguro que el Tribunal Supremo seguirá dictando doctrina sobre su interpretación, que es lo que hace falta, de modo que sus sentencias cumplan con la función nomofiláctica que le es propia, como está ocurriendo, caso a caso, con el tema de la revisión de los procesos ya sentenciados. O aquellos otros con sentencia aún no firme, y que se opera con la revisión en el ámbito del recurso de casación, o previamente en la apelación ante los tribunales superiores de justicia.
La violencia de género es un grave problema social. ¿Qué medidas ve necesarias para combatir esta lacra?
Efectivamente, a la sociedad le preocupa este problema y a mí particularmente, que lo he intentado estudiar para atisbar algún tipo de solución, que no es particularmente fácil.
El número de mujeres muertas desde que se computan estos datos, el año 2003, se acerca ya a las 1.200 mujeres muertas. Es mucho más alta esta cifra que las muertes por la banda terrorista ETA en cuarenta años de existencia.
Y ese dato no es más que la punta del iceberg. La ley integral de 2004, aprobada con el acuerdo de todos los grupos políticos, ha servido para luchar contra esa lacra, pero hace falta mucho más todavía. Educar a los ciudadanos y concienciar a la sociedad de la importancia de erradicar, o al menos, intentar disminuir esas cifras.
La violencia de género siempre ha existido, pero era un problema silenciado, que no se quería afrontar, aunque afectaba a todas las capas sociales, que ignoraban y orillaban el problema como si no fuera con ellos.
«El número de mujeres muertas desde que se computan estos datos, el año 2003, se acerca ya a las 1.200; es mucho más alta esta cifra que las muertes por la banda terrorista ETA en cuarenta años de existencia»
Por ello, todos los poderes públicos tienen que comprometerse en su lucha, y particularmente la sociedad en su conjunto, porque la violencia de género, y su derivación al horror máximo, que es la violencia vicaria, no es un problema personal, es un delito público que tenemos que postergar entre todos. No se puede mirar para otro lado.
No estaría de más que este año que procede renovar el Pacto de Estado para luchar contra la violencia de género, lo fuera con el consenso de todas las fuerzas políticas como primer paso para su unión en estos temas troncales, esenciales para la sociedad.
¿Qué opinión le merecen los ataques a los jueces desde el poder político?
Como decía, el juego constitucional de la separación de poderes es consustancial a la salud democrática. Solamente desde el respeto mutuo, y el acatamiento a las decisiones de los demás poderes del Estado saldremos ganando todos, y avanzando por este camino, que, en ocasiones, es tan difícil de transitar.
Conviene hacer un ejercicio de responsabilidad, y ese ejercicio pasa por el respeto de todos los poderes.
Cuando era fiscal general reclamaba mayor autonomía para la Fiscalía. En definitiva, presupuesto propio y no depender del Ministerio de Justicia. Todavía no ha sido atendida esta reivindicación. ¿La vinculación orgánica del Ministerio Fiscal con el Poder Ejecutivo es un lastre para la imparcialidad plena?
En la época que fui fiscal general del Estado solía decir que debemos “desanclarnos” del Ministerio de Justicia, y por consiguiente, ganar en autonomía frente al poder ejecutivo.
Para ello hay que tener presupuesto propio, tomar decisiones no mediatizadas y conseguir que el conjunto de la institución sea cada vez más autónomo, incluso independiente en algunos aspectos, de manera que, de esa forma, se prestigie la Institución.
«Cuanto más independiente sea la Fiscalía, más prestigiosas serán sus instrucciones. Y lo contrario ocurrirá, el descrédito, si se da una férrea dependencia política»
Cuanto más independiente sea la Fiscalía, más prestigiosas serán sus instrucciones. Y lo contrario ocurrirá, el descrédito, si se da una férrea dependencia política.
Para ello, es necesaria también una política de transparencia, como aquella que decía que no haríamos nada sin dar cuenta a la ciudadanía, y desde luego que aquello que no pudiéramos explicarlo muy claramente, no lo íbamos hacer.
Dicho esto, y como conozco el cargo, y sé de la dureza del mismo, no seré yo quien critique la actuación de cualquier fiscal general en el ejercicio de sus funciones.
Por lo demás, tengo un concepto altísimo de los integrantes de la carrera fiscal, que cuenta con un capital humano extraordinario. Admiro dos cosas: su especialización y su trabajo en equipo.
El Ministerio Fiscal no solamente persigue delitos, tiene también otra faceta más desconocida, pero totalmente necesaria, como ser el garante y defensa de los menores, ancianos y discapacitados; en general, un amparo a las personas más vulnerables.
¿Cuáles son sus propósitos para 2023?
En realidad mis propósitos coinciden con mis deseos, que ya expresé en un reciente reportaje en Confilegal.
Desde el plano internacional, el mundo padece una guerra que es necesario detener. El mes que viene hará un año, y es angustioso ver las penurias de la guerra y el propio horror de su realidad histórica. Eso, lo primero.
Pido también al nuevo año 2023 la superación de la crisis institucional que padecemos y la vuelta a una política de diálogo y de conciliación.
Pido también porque todos los que trabajamos en la Justicia, jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, abogados, procuradores, graduados sociales, mediadores, y en suma, todos los cuerpos jurídicos, sean o no funcionarios públicos, podamos unir nuestros anhelos y nuestra labor en pro de una Justicia de calidad que sirva a los ciudadanos que nos demanden nuestra ayuda. Estamos para servirles el próximo año y todos los venideros.
Finalmente, que la horrible lacra de la violencia de género deje de golpearnos.
¿Mira al 2023 con esperanza?
Siempre hay que mirar con esperanza todos los años que comienzan. Si no, ¿qué nos quedaría?
Por último, ¿qué consejos daría, desde su experiencia, a las nuevas generaciones?
Las nuevas generaciones tienen un porvenir muy complicado en un mundo cada vez más individualizado, cada vez más exigente y cada vez más insolidario.
Por eso, debemos prestarles toda nuestra ayuda y colaboración, arbitrando las prestaciones necesarias para que ese porvenir sea más soportable, pues una de las funciones del Estado es ayudar a la juventud a superar sus dificultades.
Les animo a que afronten su futuro con vocación y confianza.
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