Fue interpuesta por Simona Chambi (en la foto, a la derecha), exempleada doméstica de la delegada del Gobierno contra la violencia de género, por haberla denunciado por unos hechos que se probaron falsos.
Admitida la querella criminal contra Victoria Rosell por un delito de denuncia falsa y otro de simulación de delito
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22/1/2023 01:00
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Actualizado: 21/1/2023 19:21
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Francisco Javier García García-Sotoca, magistrado titular del Juzgado de Instrucción 7 de Las Palmas de Gran Canaria, ha admitido la querella criminal interpuesta por la trabajadora Simona Chambi contra Victoria Rosell, actual delegada del Gobierno contra la violencia de género y afín a Unidas Podemos, por los supuestos delitos de denuncia falsa y simulación de delito.
En un auto fechado el pasado 18 de enero, el magistrado reconoce que los hechos por los que la exempleada doméstica de Rosell interpuso la querella «presentan características que hacen presumir la posible existencia de un delito de acusación o denuncia falsa y simulación de delitos».
Por ello ordena que se incoen las consiguientes diligencias previas (que se abra una investigación, en lenguaje común) contra la también magistrada en servicios especiales en la actualidad.
El magistrado cita, por ello, a Simona Chambi el próximo 20 de febero a las 9.30 de la mañana para que preste declaración y ratifique su querella contra Rosell.
La querella fue interpuesta el pasado mes de noviembre. Y es la consecuencia directa del sobreseimiento libre –equivalente a un archivo definitivo–, decretado por el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de esa ciudad, de las cuatro denuncias que Rosell había presentado previamente contra Chambi por los delitos de extorsión, amenazas, coacciones y estafa procesal.
Fue la respuesta de Rosell tras haber sido demandada ante la jurisdicción social.
Previamente Chambi había sido despedida en plena pandemia de COVID-19.
Los magistrados José Luis Goizueta Adame, como presidente, María Pilar Verástegui Hernández -ponente– y Mónica Herreras Rodríguez, validaron, el pasado mes de septiembre, la decisión del titular del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas que, en primera instancia, acordó el sobreseimiento libre, y concluyeron que Chambi ni extorsionó, ni amenazó, ni coaccionó a Rosell.
El delito de denuncia falsa, por el que ahora Chambi acusa a la magistrada, está tipificado en el artículo 456.1 del Código Penal: «Los que, con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, imputaren a alguna persona hechos que, de ser ciertos, constituirían infracción penal, si esta imputación se hiciera ante funcionario judicial o administrativo que tenga el deber de proceder a su averiguación, serán sancionados: Con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de doce a veinticuatro meses, si se imputara un delito grave».
El de simulación de delito tiene su encaje en el artículo 457 del mismo Código: «El que, ante alguno de los funcionarios señalados en el artículo anterior, simulare ser responsable o víctima de una infracción penal o denunciare una inexistente, provocando actuaciones procesales, será castigado con la multa de seis a doce meses».
DAÑOS MATERIALES Y DAÑOS MORALES EVIDENTES
En la querella, a la que ha tenido acceso Confilegal, el representante legal de Chambi, Federico Vicente, argumenta que su cliente ha sufrido un «lucro cesante» del que es responsable directa Rosell ya que las acusaciones de la delegada del Gobierno contra la violencia doméstica le han impedido conseguir un nuevo trabajo durante estos dos años, hasta que la Audiencia Provincial se ha pronunciado de forma definitriva.
«¿Quién va a contratar a una persona que ha sido denunciada por extorsionar a una Magistrada con un alto cargo del Gobierno y además la querellada lo público y divulgó en diferentes medios de comunicación? (Hay que hacer constar que cualquier ciudadano/a de este país puede consultar en internet el nombre de Doña Simona y aparecen dichas publicaciones falsas)», dice el texto legal.
Para el letrado los «daños morales» son, igualmente evidentes. «Como consecuencia de la haber sido denunciada por extorsión y su divulgación pública, su coste de la calidad de vida a efectos sociales y económicos ha sido brutal. Puesto que, socialmente no está bien visto, ni aceptado, que te acusen de ser una mujer extorsionadora«.
TODO FUE UN MONTAJE
Por ello, Chambi solicita que se le imponga a la magistrada de Podemos una fianza de 60.000 euros, «al amparo de lo dispuesto en el artículo 764 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 727y 728 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al objeto de la responsabilidad civil en haber incurrido por los hechos de la presente querella».
De acuerdo con la querella, Victoria Rosell, para “amedrentar y perjudicar a la querellante (dado su nivel de humildad, escasos medios económicos para litigar y nivel cultural bajo)» utilizó una estrategia ‘sibilina’ propicia «para que Doña Simona se asustara al ser citada por la Policía y desistiera de su reclamación laboral previamente presentada 10 días antes que la denuncia interpuesta por la querellada ante el Grupo de Delitos Patrimoniales de la Brigada Provincial de Policía Judicial«.
La denuncia de Rosell fue interpuesta el 18 de julio de 2020. La delegada del Gobierno contra la violencia de género pretendía que se condenara a su exempleada doméstica «a sabiendas por la denunciante en su momento que estaba faltando a la verdad» y que los hechos no eran ciertos ni relevantes.
«Teniendo en cuenta que la querellada es Licenciada en Derecho, ha trabajado como Magistrada durante decenas de años y sobre todo el gran prestigio reconocido en el mundo jurídico de este país, puesto que, en ocasiones algunos medios la han tildado o reconocido como la mejor ‘Jueza de España’; esto asegura que fue una denuncia instrumental defensiva en toda regla para conseguir otro objetivo diferente que el de denunciar unos hechos presuntamente delictivos, en tanto, que así ha sido ratificado por un Juzgado de Instrucción y una Audiencia Provincial», añade la querella.
Además, se acusa a Rosell de inventarse una estrategia para culpar a su exempleada de participar de una trama «vinculada con el partido político VOX» para ser reconocida «como víctima».
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