El auto de la Audiencia Provincial de Las Palmas es de sobreseimiento libre –archivo definitivo–; el tribunal no encuentra ningún indicio a las acusaciones vertidas por Victoria Rosell contra su exempleada doméstica inmigrante, Simona Chambi. El abogado de esta, Federico Vicente, afirma que la delegada del Gobierno contra la violencia doméstica presentó una denuncia falsa. En la foto, la empleadora y la exempleada, a la izquierda.
La Justicia desestima la denuncia de Victoria Rosell: su exempleada ni la extorsionó, ni la amenazó, ni la coaccionó
|
02/11/2022 01:00
|
Actualizado: 01/11/2022 23:10
|
El tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, en funciones de apelación, ha desestimado la denuncia que interpuso la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell Aguilar, contra su exempleada doméstica, la ciudadana bolivana inmigrante Simona Chambi, a la que le imputó nada menos que los delitos de extorsión, amenazas, coacciones y estafa procesal por haberla demandado ante la jurisdicción social.
Rosell Aguilar, magistrada en servicios especiales, fue diputada por el partido de izquierdas, Unidas Podemos, antes de ser nombrada para su actual cargo.
Los magistrados José Luis Goizueta Adame, como presidente, María Pilar Verástegui Hernández -ponente– y Mónica Herreras Rodríguez, han validado la decisión del titular del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas que, en primera instancia, acordó el sobreseimiento libre –equivalente a un archivo definitivo– de la causa al no hallar indicios que soportaran las acusaciones de Rosell.
«Esto supone un varapalo de grandes dimensiones», afirma Federico Vicente, abogado de Simona Chambi. «La resolución demuestra, como dijimos en su momento, que la denuncia de Rosell había sido inventada con un objetivo muy claro: amedrentar a mi defendida y ella aparecer como una falsa víctima que estaba siendo extorsionada. La verdad finalmente ha emergido. Todo fue mentira. Presentó una denuncia falsa«.
En su auto, muy duro en los términos redactados, el tribunal afirma con toda claridad que el hecho de que Simona Chambi mostrara su desacuerdo con la indemnización fijada no puede considerarse una coacción.
«La circunstancia de presentar una demanda ante la jurisdicción social, por considerar la trabajadora que la indemnización ha sido calculada de forma errónea, o mostrando su desacuerdo con la indemnización fijada o con los conceptos valorados por el empleador no constituye una coacción«, dicen los tres magistrados.
Tampoco considera que sea pertinente que Rosell convierta una acción legítima, como fue la demanda laboral interpuesta por Chambi, «en un presunto delito de extorsión, estafa procesal, amenazas o coacciones».
Los tres magistrados, por ello, no pueden entender los hechos como constitutivos de los delitos de «extorsión, amenazas o coacciones, cuando la denunciada se limita a interponer una demanda ante la jurisdicción laboral, previa remisión de la papeleta de conciliación, que debe ser interpretada en dicho contexto, como también así deben ser valoradas las manifestaciones.
«La resolución demuestra, como dijimos en su momento, que la denuncia de Rosell había sido inventada con un objetivo muy claro: amedrentar a mi defendida y ella aparecer como una falsa víctima que estaba siendo extorsionada. La verdad finalmente ha emergido. Todo fue mentira. Presentó una denuncia falsa», afirma el abogado de Simona Chambi
Tampoco encuentra el tribunal indicio alguno de que los hechos denunciados por la exdiputada de Podemos puedan encajar en un delito de estafa procesal, que «se basaría en la circunstancia de haber inventado la denunciada una serie de hechos para obtener una indemnización económica de la denunciante».
«Debemos añadir, también sobre este particular, que, una vez más, se trata de la versión de los hechos que sostiene la demandante en el contencioso que mantiene con su empleador, considerándose la denunciada perjudicada por las circunstancias que expone, conducta que en ningún caso puede entenderse como constitutiva de estafa, al exigir el tipo una manipulación de pruebas o un fraude procesal análogo que, en el presente caso, no existe».
Simona Chambi trabajó en el domicilio de Rosell como empleada de hogar, contratada por la pareja de esta, desde noviembre de 2015 hasta julio de 2020. Su despido provocó la interposición de una demanda laboral, con la interposición de la previa papeleta de conciliación.
Victoria Rosell presentó esta denuncia contra su exempleada un sábado por la mañana ante la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Judicial de la Policía Nacional. Una vía que no es en absoluta ortodoxa.
Noticias Relacionadas:
