El Círculo de Bellas Artes de Madrid acogió el pasado miércoles 18 de enero la presentación del libro «Libertad, arte y cultura. Reflexiones jurídicas sobre la libertad de creación artística», donde los directores de los distintos capítulos compartieron sus consideraciones sobre los límites que enfrentan los artistas en España y otros países.
Con artículos sobre la libertad de creación artística firmados por juristas, profesores y catedráticos que suman 31 expertos, el libro busca superar las aportaciones «parciales, limitadas y anticuadas» sobre el tema para ofrecer una «guía que ilumine las dudas» en este campo desde el punto de vista jurídico, en palabras de Roger Dedeu Pastor, socio director de Gabeiras y Asociados y presidente de la Fundación Gabeiras, cuya editorial, La Cultivada, publicará el libro en digital.
A pesar de los avances legislativos en España y Europa, Dedeu admite que la libertad de creación artística todavía enfrenta varios obstáculos antes de cumplirse por completo. «Hay colectivos que la ponen en cuestión, por ejemplo, en base a sentimientos religiosos, sexuales o ideológicos», explica en conversación con este medio.
También destaca que «una parte minoritaria de la sociedad, desde la intolerancia, limitan a los artistas al hacer demandas en el ámbito penal y cancelando exposiciones y muestras».
Añade que las acciones contrarias a la libertad artística y los entornos prohibitivos provocan la autocensura, situación en la que el mismo artista se limita a sí mismo y que «no opera por los poderes políticos, sino que es más sutil».
En este sentido, rescata el papel de las instituciones públicas, como los museos, teatros, cines y festivales, que deben «reaccionar en defensa del creador y del derecho a la cultura», establecida en el artículo 44 de la Constitución española. «La mayoría de los poderes públicos han asumido este compromiso», dice.
Marcos Vaquer Caballería, catedrático de Derecho administrativo en la Universidad Carlos III de Madrid y coordinador del cuarto capítulo del libro, coincide en que las instituciones deben «promover de manera objetiva» la libertad artística. «Históricamente, solían abstenerse de censurar, pero eso ya no basta», indica.
«No siempre se cumple la libertad artística, por lo que es labor de los juristas idear maneras de que las instituciones favorezcan su cumplimiento» dice. «Han habido injerencias, y los profesionales del derecho deben impedirlas».
Como herramientas y medios de los poderes públicos, que «deben ponerse al servicio de la cultura y defender el arte», Vaquer señala las subvenciones y premios, sin dejar de lado las instituciones privadas que reciben financiamiento público, aunque estos se presten a situaciones en las que ciertos artistas salen favorecidos por razones fuera de su producción estética.
Para evitar estos escenarios, Vaquer propone la regulación de los procedimientos mencionados por parte de «órganos independientes y plurales, que no sean ministros ni concejales, y un proceso transparente y participativo».
En cuanto a la jurisprudencia, Roger señala que, si bien se reconoce la libertad de creación artística en la Constitución española, esta no empezó a tener la relevancia social sino hasta hace relativamente poco tiempo, antes de lo cual se asociaba a la libertad de expresión.
«La libertad de expresión se vincula tradicionalmente a la veracidad y protege las manifestaciones que cumplen con este principio sin ser vejatorias», señala. «Pero esta relación no existe en el arte, que no busca la similitud; el arte existe por el arte, y los artistas no tienen por qué ajustarse a la veracidad».
