Patricia Suárez (Asufin): ‘La futura ley de acciones colectivas debe contemplar mecanismos para no atascar los juzgados’
Asufin propone la creación de un fondo dotado con el dinero de las multas que ayude a las entidades habilitadas a poner en marcha acciones colectivas, inspirado en lo que ocurre en otros países.

Patricia Suárez (Asufin): ‘La futura ley de acciones colectivas debe contemplar mecanismos para no atascar los juzgados’

Destaca que de lo contrario, se pierde la oportunidad de dotar a la futura autoridad bancaria independiente de una capacidad resolutiva eficaz para simplificar esfuerzos y costes a los consumidores en la reclamación de sus derechos
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24/1/2023 11:30
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Actualizado: 24/1/2023 11:47
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«La futura ley de acciones colectivas debe contemplar mecanismos para no atascar los juzgados». Así lo subraya Patricia Suárez, presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), y así se lo ha hecho saber ya al Ministerio de Justicia.

«La experiencia que tenemos con los juzgados especializados es que no se han dotado de medios ni humanos ni materiales para resolver rápidamente el problema al que se enfrentan los consumidores, y de esta manera se producen dilaciones indebidas, procesos larguísimos y respuestas muy tardía», declara Suárez a Confilegal.

Indica que en la nueva ley de acciones colectivas, «se prevé que provincialmente se designen juzgados que habrán de entender solamente de estos temas», y advierte que «si no los dotamos de recursos, de jueces que tengan formación y trayectoria en temas colectivos, así como del personal y del material que necesitan estos juzgados, se van a retrasar los asuntos eternamente, como está sucediendo en la actualidad».

«Debe preverse que realmente haya una dotación presupuestaria que evite que estos problemas colectivos tarden mucho tiempo en resolverse», destaca.

Asufin ha enviado al Ministerio sus alegaciones y aportaciones al Anteproyecto de Ley de Acciones de Representación colectivas, que servirá como futura guía para el desarrollo de acciones colectivas de mayor alcance y eficacia en nuestro país. Todas ellas cuentan con el apoyo de cuatro asociaciones territoriales que se han adherido a su documento: la Asociación de Consumidores Torre Ramona Aragón (Actora Consumo), Consumidores y usuarios de las Islas Baleares (Consubal), la Unión de Consumidores de Asturias y la Unión de Consumidores de Galicia.

Estas organizaciones consideran importante que la futura ley reconozca «una vía administrativa previa al paso por tribunales, y de carácter vinculante, para las acciones colectivas», que, según exponen, «contribuiría a aliviar la saturación de nuestro sistema judicial y a simplificar los esfuerzos y costes de las entidades encargadas de llevar a término estas macrodemandas».

«No se nos escapa que esta vía administrativa tiene un encaje idóneo con la propia Autoridad independiente bancaria, que se encuentra actualmente en tramitación parlamentaria, y que ha descartado la posibilidad de mecanismo colectivo para la resolución de conflictos», indica Suárez, que considera que «se está perdiendo una oportunidad valiosa para dotar de eficacia y rapidez la defensa del consumidor financiero».

Señala que la futura ley prevé la posibilidad de crear a nivel provincial, juzgados especializados en conocer estas acciones de representación, y afirma que solo ve algo positivo en esta medida si se acompaña de suficientes recursos humanos y materiales. «De lo contrario será un fracaso que nos recordará a los propios especializados en cláusulas abusivas, absolutamente saturados», apunta.

Asufin y las citadas asociaciones también son críticos «con el destino final de las multas derivadas de las sentencias que, según reza el texto actual, pasan a engrosar las arcas del Tesoro Público, además del remanente que no sea reclamado por los afectados, que se devolvería a la empresa infractora».

«Con la finalidad de servir mejor al desarrollo de estas acciones, que en última instancia benefician a todos los consumidores», proponen que estas cantidades pasen a engrosar un fondo público de apoyo a las acciones de representación, en forma de préstamos sin interés o a fondo perdido. «Se conseguiría dar soporte a las entidades habilitadas, además de disuadir a la empresa infractora de reincidir, en tanto que tendrá que pagar por el daño causado con independencia del número de afectados que finalmente reclame», indica Patricia Suárez.

Apunta que esta sugerencia enlaza con el hecho de que el coste recaiga en la entidad demandante, no sólo los necesarios para poner en marcha una plataforma electrónica que permita gestionar el procedimiento, también los que deriven de la gestión y atención de afectados, sean o no socios, según establece el actual texto.

A su juicio, esto acarrea «un coste desproporcionado, que podría entorpecer el correcto desarrollo del derecho a la acción colectiva, en tanto que la entidad habilitada tiene que adelantar los gastos y el texto legal no define con claridad en qué medida va a recuperar estos costes».

En definitiva, desde Asufin y las asociaciones que respaldan el documento consideran que debe observarse una especial protección también de las entidades habilitadas para desarrollar los procedimientos colectivos, así como las personadas, ya que la regulación opta acertadamente por el mecanismo más ambicioso, el opt-out.

«Todos los consumidores afectados por la cuestión demandada se podrán beneficiar del resultado final, formen parte o no de la demanda y a menos que de forma expresa se desvinculen de la acción», concluye.

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