El Tribunal de Justicia de la Unión Europea pondrá fin al contencioso con su pronunciamiento sobre las euroórdenes del magistrado Pablo Llarena sobre los fugados. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
El TJUE aclara finalmente mañana el alcance de las euroórdenes de Llarena sobre Puigdemont y los exconsejeros fugados
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30/1/2023 06:52
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Actualizado: 30/1/2023 10:49
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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictará sentencia mañana sobre las cuestiones prejudiciales remitidas por el magistrado del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena para aclarar el alcance de las euroórdenes que dictó contra el expresidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña, Carles Puigdemont, y los exconsejeros Antoni Comín, Clara Ponsatí y Lluis Puig, todos ellos fugitivos de la justicia española.
El pasado mes de julio, Richard de la Tour, abogado general para este caso, dio la razón a Llarena al considerar que la Justicia belga no puede rechazar la entrega de Puigdemont y los tres reclamados por la Justicia española basándose en el riesgo de que se violen sus derechos fundamentales si no demuestra deficiencias sistémicas y generalizadas en España, ni puede poner en duda las competencias del Supremo como autoridad para emitir tales euroórdenes.
La figura del abogado general no existe en la jurisdicción española. Fue importada de la francesa por el TJUE. Actualmente existen 11 abogados generales; el polaco Maciej Szpunar es el abogado general jefe.
Aunque los abogados generales son parte de cada tribunal su función es la de asistir a los jueces emitiendo un escrito de conclusiones, previo a la sentencia, explicando cuál creen ellos que es la solución legal en cada caso.
Estas conclusiones no son vinculantes y de obligado cumplimiento para el tribunal, aunque le ayudan a centrar cada causa. De hecho, solo en el 67 % de los casos los jueces del TJUE suelen seguirlas. Ahora queda que el tribunal del caso se pronuncie mediante sentencia.
Llarena dirigió la cuestión prejudicial al Tribunal con sede en Luxemburgo en marzo de 2021 después de que la Justicia belga rechazara entregar a las autoridades españolas al exconsejero Puig por considerar que el tribunal competente para reclamar su extradición debería ser el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y que, de ser entregado a España, podrían ponerse en riesgo derechos fundamentales como la presunción de inocencia.
De la Tour recordó en sus conclusiones de julio pasado el «principio de confianza mutua» entre los Estados miembros que prima en materia judicial y lo defendió como un elemento «de importancia capital» que debe aplicarse plenamente para proteger el espacio sin fronteras dentro de la UE y simplificar la cooperación judicial para «luchar contra la impunidad».
Por ello, subrayó que pretender que la autoridad judicial de ejecución compruebe en profundidad la existencia de un riesgo para los derechos fundamentales del reclamado sin que existan «deficiencias sistémicas o generalizadas» en el sistema judicial desde el que se dicta la euroorden «no sería sino la expresión de una desconfianza contraria» de las reglas de la UE sobre euroórdenes.
También advirtió de que, para denegar una euroorden por riesgo para los derechos fundamentales del reclamado, la autoridad judicial debe demostrar con «datos objetivos, fiables, precisos y debidamente actualizados, la existencia de un riesgo real» debido a deficiencias «sistémicas o generalizadas» en el funcionamiento del sistema judicial del Estado miembro emisor.
Cabe recordar que, durante la vista celebrada en Luxemburgo sobre este asunto, la Comisión Europea, en tanto que guardiana de los Tratados, certificó que no existe un problema sistémico para el Estado de derecho en España.
FAVORABLE A UNA NUEVA EUROORDEN CONTRA PUIG
Con esta cuestión prejudicial, Llarena quiere aclarar el alcance de las euroórodenes antes de que la Justicia belga se pronuncie sobre los expedientes de Puigdemont y los exconsejeros Comín y Ponsatí, procesados también en la causa independentista y residentes ahora en Bélgica.
Además de la cuestión prejudicial, la Justicia europea debe resolver otro recurso sobre la inmunidad como eurodiputados de Puigdemont, Comín y Ponsatí antes de que los Tribunales belgas reactiven sus casos.
El magistrado del Supremo preguntó, además, al TJUE si podría cursar una nueva euroorden contra Puig si la conclusión de la Justicia europea resulta que Bélgica incumplió las normas de la UE y la opinión del abogado general es favorable.
El objetivo de «luchar contra la impunidad» aboga en favor de que se emitan contra la misma persona varias euroórdenes dirigidas a la misma autoridad judicial cuando ésta haya denegado la anterior «contraviniendo el Derecho de la Unión», razonó el abogado, que advirtió de que limitar tal recurso podría «debilitar» los esfuerzos para sancionar las infracciones dentro de la UE y pondría en entredicho la efectividad del sistema de cooperación judicial.
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