La Fiscalía pide casi 10 años de cárcel para ‘El Pequeño Nicolás’ por obtener información policial y usarla a cambio de favores
El juicio comenzará el próximo lunes, 6 de febrero, en la Audiencia Provincial de Madrid. Foto: EP.

La Fiscalía pide casi 10 años de cárcel para ‘El Pequeño Nicolás’ por obtener información policial y usarla a cambio de favores

La Asociación de Policía Municipal Unificada reclama 23 años de prisión para él, mientras que el Ayuntamiento solicita 10
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04/2/2023 06:50
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Actualizado: 04/2/2023 14:55
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La Fiscalía Provincial de Madrid solicita nueve años y nueve meses de prisión para Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como ‘El Pequeño Nicolás’, por supuestamente crear una red dedicada a la obtención de información policial de manera ilícita para utilizarla a cambio de favores.

Le imputa los delitos de pertenencia a grupo criminal, descubrimiento y revelación de secretos, y cohecho activo.

El juicio comenzará el próximo lunes, 6 de febrero, a las 10.00, en la Audiencia Provincial de Madrid.

En el banquillo de los acusados se sentarán otras cuatro personas: tres policías municipales de Madrid, un guardia civil que estaba entonces en la Casa Real y el que era coordinador de Emergencias en el Consistorio, Emilio García Grande. 

El representante del Ministerio Público pide ocho años y seis meses de prisión para F. G. S. y J. G. H., funcionario y cabo de la Policía Municipal de Madrid, respectivamente.

Para el guardia civil F. J. S. L. reclama dos años y ocho meses de prisión por un delito de descubrimiento y revelación de secretos, mientras que para el que fuera coordinador de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, solicita una multa de 4.500 euros por un delito de violación de secretos. 

La Asociación de Policía Municipal Unificada (APMU) pide 23 años de cárcel para ‘El Pequeño Nicolás’; 9 años y medio para el exresponsable de Seguridad del Ayuntamiento; para los tres agentes municipales pide 15 años y medio, 12 y medio, y tres años, respectivamente, y para el guardia civil siete años.

El Ayuntamiento de Madrid reclama 10 años para Gómez Iglesias; cinco para el exresponsable municipal; 8 años y 9 meses para dos policías, siete años y medio para el otro, y cinco años para el guardia civil. 

LOS HECHOS

Según relata la Fiscalía en su escrito de acusación, ‘El pequeño Nicolás’ comenzó a pedir informaciones acerca de la titularidad de varias placas de matrículas a los otros dos acusados, un funcionario y un cabo de la Policía Municipal de Madrid.

Señala que ambos consiguieron acceder a la aplicación Objetos del Cuerpo Nacional de Policía, dado que estaba autorizados, “pero solo en el ejercicio de la funciones que tienen encomendadas y en el marco de una concreta actuación policial en la que participen”. De ahí que toda consulta que se produjera al margen de dichos parámetros, no estaba autorizada, destaca el Ministerio Fiscal.

Añade que los datos relativos a las matrículas eran utilizados en algunos casos por Gómez Iglesias para contactar con los titulares de las placas, “a quienes hacía creer que tenía relación con distintos organismos y autoridades de las Administraciones Públicas y les ofrecía su ayuda para hacer gestiones ante las mismas, con la única finalidad de obtener dinero a cambio de una intermediación que, en realidad, era ficticia”.

A cambio de la información, los dos funcionarios de la Policía Municipal de Madrid obtenían gratificaciones económicas, manifiesta la Fiscalía.

De acuerdo a su relato, los tres acusados llegaron a crear un grupo de WhatsApp llamado “Dpto Seguridad Nacional”, a través del cual concretaban cuándo se repartían el dinero por su colaboración.

Adirma que llegaron a consultar varias placas de matrículas de automóviles que en la mayor parte de los casos resultaron ser propiedad de empresarios.

Paralelamente, añade, el 29 de septiembre de 2014  ‘El Pequeño Nicolás’ contactó con el otro acusado F. J. S. L., un funcionario de la Guardia Civil con destino en la Casa Real, que también accedió a facilitar la identidad del titular del vehículo con la matrícula que le había facilitado.

Según el Ministerio Público, gracias a la aplicación “Sigo” le comunicó que la matrícula constaba como “Placa reservada de secretaría de estado” y le explicó que “no podemos saber a quién está asignada en concreto, salvo al servicio central”. 

Por último, indica que el 29 de septiembre de 2014, Gómez Iglesias pidió por WhatsApp al entonces coordinador de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, información sobre si la placa de matrícula de la que no había obtenido información acerca de su titular se correspondía a algún vehículo de la contra vigilancia de la PMM, en los siguientes términos: “ándamelo al secreto!!!! A este!!! Puedes hablar? , que los de la casa real tardan más en mirarla,…, queremos saber si es de contra vigilancia”.

Seguidamente, el acusado le comunica que la matrícula no correspondía a ningún vehículo del Ayuntamiento de Madrid, asevera la Fiscalía.

‘EL PEQUEÑO NICOLÁS’ YA TIENE TRES CONDENAS

El ‘Pequeño Nicolás’ ha sido ya juzgado en cuatro ocasiones y en tres de ellas ha sido condenado, aunque ha recurrido las sentencias ante el Tribunal Supremo.

El pasado mes de diciembre fue condenado por la Audiencia Provincial de Madrid a tres años y cinco meses de cárcel por un delito de usurpación de funciones públicas y un delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por un particular, al haber simulado ser un miembro del Gobierno.

Se suma a una condena de un año y nueve meses de cárcel, que le impuso en junio de 2021 la Audiencia Provincial como autor de un delito de falsedad en documento oficial, por falsificar un DNI para que un amigo le aprobara Selectividad.

En julio de ese año también fue condenado por la Audiencia a una pena de tres años de cárcel por hacerse pasar como enlace entre el Gobierno y la Casa Real. En concreto, le impuso nueve meses de prisión como autor responsable de un delito de usurpación de funciones públicas con la atenuante analógica de anomalía psíquica y dilaciones indebidas, y otros dos años y tres meses por un delito de cohecho activo, en el que concurren las mismas atenuantes.

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