Tráfico abre expedientes penales a venezolanos al no reconocer sus licencias de conducir convalidadas
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20/2/2023 06:49
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Actualizado: 21/2/2023 11:05
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Cuando Miguel López, venezolano y residente en España, pasa conduciendo por un punto de control policial, no puede evitar ponerse nervioso. «Siempre queda el temor de que me vuelvan a informar de una incidencia», dice.
Miguel pasó dos semanas detenido después de que la Policía le dijera que su licencia de conducir, que ya había canjeado para poder usarla en territorio español, era una falsificación.
«Y eso a pesar de que no era uno de los emitidos oficialmente, no autoimpreso y plastificado», aclara.
El suyo es uno de los numerosos expedientes penales que ha abierto la Dirección General de Tránsito y las autoridades policiales a residentes venezolanos por considerar que las licencias o permisos de conducir son falsas.
Esta consideración surge en una mayoría de casos del hecho de que los documentos han sido expedidos en formato digital por el Instituto Nacional de Transporte Terrestre, la autoridad venezolana competente, para que sus mismos beneficiarios los impriman o plastifiquen.
Algunos de los afectados han sufrido privaciones de libertad, medidas cautelares, el asiento de antecedentes policiales, la obstaculización de procedimientos migratorios, y la limitación del derecho a conducir, a pesar de que varios de los documentos señalados como fraudulentos fueron convalidados a través de convenios entre España y Venezuela que reconocen su legitimidad.
Según Amílcar Villavicencio, socio fundador de VCA Firm, «hay un volumen alto de detenciones y de privaciones de libertad iniciados por la policía, luego el juzgado suele conceder la libertad condicional por el que la persona queda en un régimen y sometido a un procedimiento», denuncia. «Este cargo deriva en antecedentes policiales que limitan los procedimientos migratorios que están atravesando varias de estas personas, lo que causa daños personales y patrimoniales».
También señala que estos procedimientos en los que se supone una falsificación documental son «una nefasta equivocación burocrática» cuyos procesos judiciales y policiales derivan en un costo inmenso de tiempo y recursos para la Administración de Justicia, especialmente por la posibilidad de tener que pagar indemnizaciones por los daños causados.
UN CONVENIO GENERAL DE CANJE ESPAÑA-VENEZUELA SUSPENDIDO
Otro caso común es el de los venezolanos que presentan su documentación en una comisaría para hacer el canje garantizado por el convenio entre los dos países y, en vez de esto, inician un procedimiento penal en su contra.
Es la situación que vivió Paola Vásquez cuando intentó convalidar su licencia de acuerdo al convenio de canje entre España y Venezuela. «Cuando me respondieron, me notificaron que se había iniciado un procedimiento penal», cuenta.
Paola, que había obtenido su carné de forma legal, atravesó una inmensa angustia y agobio cuando recibió la boleta que describía cómo le habían imputado un delito de falsedad documental.
«Me imagino que si lo haces, no te sorprende tanto, pero yo había obtenido mis documentos de forma legal, y esto podía perjudicar mi estatus de residencia».
El convenio general de canje entre España y Venezuela, suspendido recientemente, regulaba las formas de canje, pero no el tipo de documento que se podía presentar, según Villavicencio. «Y por documento, estoy hablando del sustento material, no del contenido ideológico, no de los sentimientos, sino del contenido material», aclara, indicando que la convalidación del carné «se vuelve una causal eximente de responsabilidad penal».
Incluso ha habido situaciones en las que citan por el mismo delito a personas que ya contaban con un permiso español después de haber realizado la convalidación correspondiente. «Lo delicado de esto es que vulnera el derecho de progresividad, que es universal», dice el abogado venezolano.
CARNETS PLASTIFICADOS
A raíz de las carencias materiales, el Estado venezolano renunció a la responsabilidad exclusiva de imprimir licencias de conducir y otros tipos de documentos oficiales en agosto del año 2017, facultando a los usuarios para que pudieran hacerlo por sus propios medios, previa recepción de los archivos digitales correspondientes.
De esta manera, reconocía los carnés que los ciudadanos imprimían y plastificaban como auténticos.
VCA Firm ha llevado numerosos casos de venezolanos que enfrentan este problema, con un éxito fulminante en todos los casos, como afirman. Villavicencio señala dos razones de estos triunfos: «En primer lugar, el Estado español no puede demostrar que ha habido mala intención al imprimir los carnés. También hemos alegado que tener un documento que ha sido impreso por su propio poseedor está contemplado y permitido en normas internacionales».
El artículo 26 del Código Penal reconoce la validez de un documento dentro de cualquier «soporte material que exprese o incorpore datos, hechos o narraciones con eficacia probatoria o cualquier otro tipo de relevancia jurídica», una consideración dentro de la que entraría un carné que imprime el propio usuario después de recibirlo en formato PDF por parte de las autoridades estatales.
Sin embargo, también se guarda una carta que juega en todos los juicios y le permite alcanzar una sentencia favorable: el anexo seis del Convenio sobre Circulación Vial de Viena de 1968, del cual España es firmante y que especifica que se debe permitir el uso de documentos impresos en papel o en plástico.
«La autoimpresión es el principal factor que toma la DGT para argumentar que las licencias son falsas», critica Amílcar, destacando que ha podido salir airoso del «cien por ciento de los casos» que ha llevado en este tema.
600 PERMISOS DE CONDUCIR VENEZOLANOS SUPUESTAMENTE FALSOS
Una vez que se logra que se sobreseen los casos, luego de que los juzgados llegan a la conclusión de que el contenido del documento es real, sin importar el material, se deja la puerta abierta a denuncias formales contra la Administración por estos atropellos, según Villavicencio. «Cuando hay tantas personas que son víctimas de un mal proceder del Estado, tiene que existir una consecuencia».
Un matiz curioso surge de una comunicación oficial de la policía que en julio del 2021 cifraba en 600 los permisos de conducir venezolanos que calificaban de supuestamente falsos. El motivo del inicio de la llamada «operación Driver» era un «grupo criminal» que cobraba 90 euros por hacer las impresiones que los ciudadanos podrían haber realizado solos. La policía calificó los hechos de falsificación de licencias.
El informe calculaba las intervenciones en 1695, en varios casos de españoles nacionalizados, que derivaban en procesos penales, con 1.237 detenciones. «Te garantizo que ahora va por el doble», asegura Villavicencio.
«Si las instituciones se miden siendo más o menos eficaces por las estadísticas que presentan, entonces, ¿qué estadística puede presentar un policía sino las detenciones, que generan cifras que dan la impresión de eficiencia», declara Villavicencio. «Un mejor titular sería el que determine cuántos de todos los documentos intervenidos eran falsos en realidad y cuántas personas fueron condenadas».
En la opinión del abogado, se trata de una situación que saca a relucir los «defectos dentro de los estados». «De Venezuela, porque dejó de cumplir los estándares internacionales de emisión de permisos de conducción, y de España por continuar con los procedimientos en los que considera que los documentos presentados por venezolanos son falsos cuando no lo son».
Aun con una sentencia favorable, un procedimiento penal en el país al que se llega como migrante para empezar una nueva vida es una experiencia que genera daños y estrés. Las causas de Miguel y Paola quedaron sobreseídas, pero ambos relatan que el agobio y la angustia duraron mucho más que los procesos penales.
«Que te detengan en un país que no es tuyo es algo que te cambia la vida como migrante», expresa Miguel. «Más allá del mal rato, te afecta laboralmente cuando era algo que tenías por seguro».
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