El decano del Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), Jesús Sánchez García, explica en Confilegal sus principales retos y desafíos.
¿Cuáles son los principales objetivos del decano del Colegio de la Abogacía de Barcelona?
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27/2/2023 06:49
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Actualizado: 28/2/2023 13:15
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El decano del Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), Jesús Sánchez García, se ha marcado siete objetivos, según señala a Confilegal.
Sus principales desafíos y retos son el Proyecto CiberDRET, una plataforma creada por el Colegio para la actualización digital de los profesionales de la Abogacía; y desarrollar los tres observatorios del ICAB -uno es de derechos de las personas, otro de la insolvencia personal, y el tercero, para la plena igualdad-; además de luchar por la dignificación del Turno de Oficio; impulsar la Comisión de Relaciones con la Administración y la Justicia (CRAJ); y seguir reivindicando la especialización orgánica de la planta judicial en infancia, familia y capacidad hasta que sea una realidad.
También se dedicará sus esfuerzos en promover el debate y actualización del Derecho Civil catalán; en que el Colegio tenga mayor representatividad y cooperación con sus 11 delegaciones -Arenys de Mar, Badalona, Berga, Gavá, Igualada, Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Sant Boi de Llobregat, Vilafranca del Penedés y Villanueva y Geltrú- y en culminar la apuesta por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Así lo ha detallado a este diario el máximo representante del ICAB, con más de 25.000 colegiados.
«Esta Junta, que empezó con Eugènia Gay y que continúa con el mismo equipo y yo como decano, al asumir el decanato del Colegio está desarrollado los objetivos que llevaba en su programa electoral. Además, muy ambiciosos», señala Jesús Sánchez.
El pasado 18 de enero, Sánchez hizo ya un año al frente de la institución, de la que hasta entonces era vicedecano y secretario de la Junta de gobierno.
Tomó el relevo de Maria Eugènia Gay, quien lideró el Colegio desde junio de 2017 y que renunció a su cargo tras haber sido designada delegada del Gobierno en Cataluña.
Sánchez ejercerá su función de decano hasta el final de este mandato, que finaliza en junio de 2025. Al menos hasta entonces.
Desde enero de 2021 también es consejero del Consejo de la Abogacía Catalana, el órgano representativo de los colegios de abogados de Cataluña, que tiene adheridos a los de las Islas Baleares, Perpiñán y Andorra, y que reúne a más de 40.000 colegiados.
El decano declara orgulloso que el ICAB cuenta con «un equipo personal y técnico magnífico», y que es «uno de los Colegios referentes en organización y sobre todo en formación, comunicación y otros campos».
Jesús Sánchez está especializado en Derecho civil, financiero, de consumo y Derecho comunitario de consumo.
En el Colegio también había presidido la Sección de Derecho Procesal del ICAB y la Comisión de Normativa. Y desde 2021 es codirector del Instituto de Investigación e Innovación Jurídica (I+Dret), cuyo objetivo es la investigación y la innovación jurídica en todos los ámbitos del Derecho.
Ha sido profesor de la Escuela de Práctica Jurídica y de varios másteres de Derecho Procesal del ICAB, así como docente de cursos de litigación y del Máster de acceso a la Abogacía de la Universidad Abat Oliba y de la ‘Universitat Oberta de Catalunya’. Es autor de la monografía “La cosa juzgada en el ámbito de los consumidores y los efectos retroactivos de la cláusula suelo declarada abusiva”, codirector de la obra “Cláusula rebus sic stantibus”, y ha colaborado en diversas obras colectivas.
Desde la institución, participó en la elaboración de propuestas legislativas como la Ley catalana 4/2016, de protección del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión residencial o la Ley 5/2018, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación al empleo ilegal de viviendas.
1. EL PROYECTO CIBERDRET
El decano subraya que «el proyecto Justicia 2030, compuesto por los Proyectos de Ley de eficiencia organizativa, procesal y digital permitirán la aplicación de una transformación digital de la Administración de Justicia para mejorarla y modernizarla, fomentando el acceso digital y la interoperabilidad de los sistemas procesales».
Y afirma que «ante una situación legislativa de este tipo, el Colegio de Barcelona se ha de posicionar y ha de ser un referente». «Ha de ayudar y desarrollar un proyecto que entusiasme a nuestra abogacía», declara.
¿Y qué es lo que quiere hacer el ICAB? «Convertir a nuestra abogacía en una abogacía digital, porque tenemos ahora esos tres proyectos de ley donde esos instrumentos digitales son vitales para el ejercicio profesional», explica.
El objetivo con el Proyecto Ciberdret, la Plataforma de actualización digital del ICAB, es «permitir que cualquier profesional sea capaz de usar los recursos digitales necesarios para poder llevar a cabo su tarea diaria con sus compañeros, con sus clientes, con la administración o con el Colegio».
Abordará ámbitos tan importantes para la rutina diaria de la abogacía como ciberseguridad; herramientas digitales (ofimática, firma digital, imagen y presencia en web y redes sociales); gestiones y trámites ‘online’ (con clientes y Juzgados): presentación de escritos (principalmente E-justicia y Lexnet); juicios telemáticos (Webex…); intercambio de documentos de forma segura (uso de herramientas de encriptación, winzip…); visionado de juicios y actuaciones judiciales (Arconte); reuniones (Zoom, Teams…); y Legaltech: bases de datos, optimización de despachos (CRM, facturación y contabilidad, gestión de expedientes…).
«Los tres primeros viernes de cada mes queremos organizar talleres formativos gratuitos, con tres franjas horarias de una hora y media cada una, en los que los compañeros vengan con sus ordenadores y expertos en informática les expliquen todos esos instrumentos digitales para poder trabajar en un entorno seguro y herramientas digitales», informa el decano.
Esos talleres durarán tres semanas, y se celebrarán los viernes por la mañana. Además, quienes se hayan inscrito a estos cursos básicos digitales, durante ese mes van a tener a su disposición en una franja horaria de laboral hábil expertos informáticos para poder resolver cualquier duda o consulta que les haya surgido durante esas tres semanas en el proceso formativo.
«Esto es revolucionario», apunta.
2. DESARROLLAR LOS OBSERVATORIOS
Como señala el decano, «una de las esencias de la Abogacía institucional es la función social que está obligada a llevar a cabo». Pues bien, en el ICAB han puesto en marcha tres observatorios.
Uno es el Observatorio de Derechos de las Personas, que «va mucho más allá del observatorio de Derechos Humanos», comenta el decano. «Es discapacidad, salud, infancia, extranjería… Abarca todos los derechos que tienen las personas y el amparo que desde la abogacía institucional hemos de dar a todos los colectivos», explica.
Su creación fue acordada en septiembre de 2021, dentro de la Comisión de Normativa, y tiene por objetivo analizar, estudiar y realizar propuestas legislativas que amparen la tutela y garantía de los derechos de las personas en todos los ámbitos», expone Sánchez.
Según informa, este observatorio presta especial atención a la tutela y defensa de los derechos de las personas que se han visto afectadas por la crisis económica, acentuada por la crisis sanitaria derivada del covid.
Entre sus actividades figuran: desarrollar proyectos y programas de reflexión, debate e investigación y elaboración de recomendaciones para el diseño de las políticas legislativas, así como elaborar informes, dictámenes, recomendaciones, libros blancos, guías prácticas, y de buenas prácticas.
Otro es el Observatorio de la Insolvencia Personal, también adscrito a la Comisión de Normativa. Fue presentado en sociedad en noviembre de 2021, durante el primer Congreso Europeo sobre Segunda Oportunidad.
Su principal objetivo es «aportar datos que ayuden a la toma de decisiones del legislador y permitan un mayor conocimiento de las situaciones de insolvencia y del mecanismo de la Segunda Oportunidad».
«La Ley de Segunda Oportunidad permite a la gente que se arruina volver de nuevo a la vida, pero necesitábamos un Observatorio de la Insolvencia Personal. Lo pusimos en marcha hace un año y medio y lo estamos desarrollando con un equipo de expertos que están haciendo una función social brutal, al frente del cual está Martí Batllori«, indica el decano.
Y pone de manifiesto que ya ha llevado a cabo un informe, «con un interesante Análisis Estadístico de la Insolvencia Personal, del que se pudieron extraer unas valiosísimas conclusiones, como el perfil del deudor, la duración de los procedimientos o el importe de la deuda aproximada que se consigue acoger al beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho».
«Trabajamos para reforzar el papel de la abogacía en el acompañamiento a las personas en una de las situaciones más complicadas: la insolvencia. Y lo hacemos mediante más formación a la abogacía, más difusión del mecanismo a todos los niveles, más colaboración con las instituciones», explica.
El tercero es el Observatorio es para la Plena Igualdad, que preside la diputada y tesorera del ICAB Yvonne Pavía. Fue anunciado en el ‘4th Women Business & Justice European Forum’, celebrado el pasado septiembre.
En este observatorio se analiza la realidad en términos de paridad y equidad, y se promueven acciones para fortalecer las redes de liderazgo de las mujeres, crear alianzas y conseguir la paridad completa 50/50.
«Aglutina todas las acciones del ICAB en pro de la plena igualdad. Se trata de englobar las actuaciones esporádicas que se hacían en reivindicación de la Igualdad en un proyecto permanente», señala el decano.
Él se declara «un comprometido para la plena igualdad en derechos y en obligaciones», y asegura que dará la batalla «para romper de una vez por todas el techo de cristal».
3. CULMINAR LA APUESTA POR LOS ODS
El ICAB también está «comprometido» con la Agenda 2030 de Naciones Unidas. «Hemos sido el primer ICA en haber obtenido la certificación de alineamiento real por la Federación Internacional de Tecnologías de la Información y Comunicación Global y Verde», informa Sánchez.
Desde marzo de 2022, el Colegio promueve los Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de una campaña.
«Nuestro propósito para 2023, liderado por nuestra vicedecana, Susana Ferrer Delgadillo, es integrar los ODS en los valores propios del Colegio; hacer difusión y pedagogía sobre los mismos; estar atentos y abiertos a colaborar con iniciativas que surjan en otros foros en materia de ODS; posicionar al ICAB como una institución de referencia en materia de ODS, liderando su impulso e inspirando a quienes tienen un compromiso férreo y compartido en esta materia; y organizar actividades formativas y de investigación o difusión», explica.
4. IMPULSO DE LA CRAJ Y EL TURNO DE OFICIO
La Comisión de Relaciones con la Administración y la Justicia (CRAJ) interviene cuando se producen disfunciones o incidencias en las diferentes administraciones, que puedan vulnerar tanto el libre ejercicio de la profesión, como el legítimo Derecho de Defensa.
«Se pone al servicio de la abogacía del ámbito competencial del ICAB, que abarca 13 de los 25 partidos judiciales de la provincia de Barcelona, para velar por la corrección en el trato a la abogacía en los procesos judiciales; intervenir frente a las posibles disfunciones o incidencias que se produzcan ante la Administración de Justicia o ante otras administraciones, como la Agencia Tributaria, Registros Públicos u organismos de la Seguridad Social, que puedan vulnerar tanto el libre ejercicio de la profesión, como el legítimo Derecho de Defensa», precisa el decano.
Él es pionero de la CRAJ.
La primera en España la fundó Jaume Alonso Cuevillas y la presidió Silvia Jiménez Salinas. Y Jesús Sánchez tiene «el privilegio» de formar parte de ese grupo, «con Jordi Pina, Jorge Navarro, Ester Capella…».
«Éramos gente joven con una gran ilusión para amparar y defender los derechos de nuestros compañeros. Esa es la esencia de la CRAJ y nosotros la estamos potenciando muchísimo desde el Colegio de Barcelona», señala Sánchez.
Así, el ICAB luchará por «el respeto por el tiempo de la Abogacía», declara Jesús Sánchez en alusión a «los retrasos en señalamientos y los efectos de la huelga de los LAJ». También dará la batalla «por la conciliación; frente a falta de suspensión ante una baja por IT o maternidad/paternidad; sobre la concurrencia de señalamientos (aplicación del Protocolo de Suspensiones TSJCat-ICAB-CICAC); y contra el retraso injustificado en la tramitación de un procedimiento».
El decano destaca que «es necesario que la comunicación entre la Sala de Gobierno del TSJCat y el ICAB sea más fluida que nunca, tanto en la prueba piloto que comienza en estos días en la jurisdicción penal, como en la implantación definitiva de la jurisdicción civil, con la colaboración de los LAJ introduciendo los datos de los profesionales en EJCAT».
«Serán necesarias reuniones con los delegados en las distintas áreas jurisdiccionales para consensuar su aplicación y adquirir seguridad jurídica. Por otro lado, con la implantación de los Juzgados de Instancia se requerirá de la colaboración de la CRAJ para poder implementar esta nueva organización con la mayor celeridad y respeto a los procedimientos pendientes», añade.
Respecto al turno de oficio, hace hincapié en que es «función social, función pública, amparo de la ciudadanía y sobre todo de las capas más vulnerables», y exige el incremento de los módulos «para que la retribución que se percibe por este importante servicio público se adecue a la enorme responsabilidad» que asumen los abogados y abogadas que lo prestan».
«Somos grandes defensores de la dignificación del turno de oficio en esta casa, la diputada responsable de la Comisión es Carmen Valenzuela Hidalgo, que fue alumna mía; así como de un ejercicio profesional libre, independiente y digno», destaca.
5. MAYOR REPRESENTATIVIDAD Y COOPERACIÓN CON SUS 11 DELEGACIONES
El decano sostiene que el éxito de los propósitos del ICAB solo será posible si cuenta «con el valiosísimo compromiso de las 11 delegaciones territoriales que, junto a las secciones y comisiones, constituyen el motor que empuja a esta Corporación por el camino de la excelencia».
Este es el Colegio que más delegaciones tiene, algunas de ellas con más colegiados que muchos ICA.
Además, Jesús Sánchez subraya que los compañeros que están en Igualada tiene que tener los mismos derechos que los de Barcelona. «Si al final hay que hacer esos cursos yéndonos a Igualada, porque no pueden trasladarse a Barcelona, lo haremos, porque nuestra apuesta es nuestra abogacía, la abogacía de Barcelona, que es tanto la de la capital como la de las 11 delegaciones», afirma.
6. PROMOVER EL DEBATE Y ACTUALIZACIÓN DEL DERECHO CIVIL CATALÁN
Jesús Sánchez pone de manifiesto que «Cataluña ya tiene desarrollado el Derecho Civil propio con el Código Civil Catalán, que es un magnífico Código y muy moderno, de los mejores de Europa».
Entre los objetivos del decano también está impulsar un nuevo congreso de Derecho Civil catalán que recoja el testigo del segundo Congreso Jurídico Catalán, celebrado hace 50 años, «con la vocación de modernizarlo de acuerdo con las importantes transformaciones políticas, sociales, económicas y culturales que se están produciendo».
Su ilusión sería poder llevarlo entre 2023 y 2024, «para hacer una interpretación extensiva de la Constitución que permita instrumentos de mejor desarrollo del Derecho Civil propio catalán, que no solamente es el Código Civil, porque con la normativa europea hay muchas materias que Cataluña puede desarrollar como Derecho propio».
«España es un país descentralizado y desconcentrado, con sensibilidades propias en cada uno de sus territorios. Yo soy un auténtico convencido de esas sensibilidades, que son necesarias y fundamentales, que, además, debe de conocer toda la abogacía española. El abogado de Barcelona ha de conocer el Derecho de Aragón, el de Galicia y el de Valencia, porque hoy en día la gente viaja, y cuando hay un divorcio de dos gallegos no aplicarán el Derecho catalán, sino el gallego, y exactamente igual en Aragón», argumenta.
7. REIVINDICACIÓN DE LA ESPECIALIZACIÓN ORGÁNICA DE LA PLANTA JUDICIAL EN INFANCIA, FAMILIA Y CAPACIDAD
Asimismo, reivindica la especialización de los Juzgados de Familia, «una necesidad que debe implementarse, al igual que hay juzgados de lo mercantil».
Sostiene que en un ámbito tan sensible como éste, «se requiere de una justicia que sea capaz de proporcionar unas respuestas adecuadas en un tiempo razonable; teniendo en cuenta, además, las recomendaciones y observaciones generales realizadas por la ONU, los principales tratados y convenios internacionales de protección a la infancia y de las personas con discapacidad, y las obligaciones de los poderes públicos de garantizar y dispensar una tutela judicial plenamente efectiva».
Asimismo, asegura que esta especialización, «un asunto que trabaja mucho Joaquim de Miquel Sagnier, serviría para poner fin a la desigualdad que actualmente sufre el 53% de la población, pues en función del lugar de residencia, el asunto se tramita y resuelve por un Juzgado especializado en derecho de familia, un Juzgado civil no especializado en este ámbito del derecho, o un Juzgado ‘mixto'».
«La diferencia de tener que acudir a un tipo de órgano u otro estará precisamente en los medios de los que dispondrá el mismo, así como en la especialización de quienes se integran en la oficina judicial, además de los jueces y magistrados. Las ratios del CGPJ así lo avalan, pues el tiempo de duración estimada de un asunto es notablemente menor si el mismo recae en un Juzgado especializado en familia», expresa Jesús Sánchez.
Otras razones para la especialización, según Sánchez, son que «el elemento internacional está cada vez más presente en los asuntos propios del derecho de familia; y la necesidad de reconocer la diversidad de los nuevos modelos de familia, a las que el derecho debe brindarles del mismo modo una protección apropiada».
También, la existencia de una normativa cada vez más extensa y la necesidad de estar al día sobre las importantes novedades jurisprudenciales que se producen en este ámbito; o la intervención de otros profesionales y perfiles técnicos no jurídicos (a los que hay que conocer), cuya intervención resulta esencial para decidir sobre cuestiones que van más allá de lo judicial.
Según precisa, a nivel cuantitativo, se ingresan unos 550.000 procedimientos de familia, sin contar las ejecuciones; muy por encima, por tanto, del volumen de procesos que se anotan en otros ámbitos, como el mercantil (con unos 73.000 asuntos) o el social (con unos 445.000 procedimientos)».
«La especialización de la planta judicial de los juzgados de familia es imprescindible», concluye.
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