El presidente de Ciudadanos en Cataluña explica en Confilegal las iniciativas que proponen desde su partido para luchar contra este problema.
Carlos Carrizosa (Cs): «Colau favorece a los ‘okupas’ por encima de los colectivos vulnerables»
Reclama que se lleven a cabo las iniciativas que plantea el magistrado del Supremo Vicente Magro
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01/3/2023 00:40
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Actualizado: 01/3/2023 08:51
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«Colau favorece a los ‘okupas’ por encima de los colectivos vulnerables, de la gente que necesita pisos de uso social». Así lo señala a Confilegal el presidente de Ciudadanos en Cataluña, Carlos Carrizosa Torres.
Denuncia «pasividad» por parte del Ayuntamiento de Barcelona, en manos de Ada Colau (Barcelona en Comú) frente al problema de la ‘okupación’, y también por parte del gobierno catalán (JxCat y ERC)».
Además, asegura que la alcaldesa de la Ciudad Condal, Ada Colau , «lo que hace es promoverla».
¿Por qué? «Porque Colau, cuando ha habido viviendas para uso social en Barcelona, ha permitido impunemente que los ‘okupas’ ocuparan todos estos inmuebles del Ayuntamiento que deberían ser para gente necesitada. Y no los ha echado», explica.
Carrizosa afirma que en el Ayuntamiento de Barcelona llevan 12 años de alcaldes cómplices con los ‘okupas’. «Empezó con Xavier Trias, que no sólo consintió las ocupaciones en los caso del ‘Banc Expropiat’ y ‘Can Vies’, sino que llegó a sufragar suministros y tasas a los ‘okupas’. Y ha seguido con Colau, que ha llegado a gastar 40.000 euros para arreglar un local ‘okupado'», argumenta.
Sólo entre enero y junio de 2022 se denunciaron en nuestro país 8.857 ocupaciones de inmuebles. Casi la mitad de ellas, el 42%, en Cataluña, según los últimos datos del Ministerio del Interior.
En la provincia de Barcelona, en los últimos siete años, se han incrementado las ‘okupaciones’ un 114%, mientras que en Madrid se han reducido un 21%.
Carrizosa, abogado ejerciente entre 1989 y 2012, subraya que «la lacra social de la ocupación hay que afrontarla con las reformas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que ha planteado en Confilegal el magistrado del Tribunal Supremo Vicente Magro Servet, para facilitar a los jueces la intervención urgente».
En una reciente entrevista en este diario, este magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que es uno de los grandes expertos en la materia, destacó que en la ocupación, «lo más importante es la intervención urgente policial y judicial para recuperar la posesión del inmueble».
«De ahí que es importante la aprobación de la enmienda presentada en el trámite parlamentario del Proyecto de Ley de medidas de eficiencia procesal del servicio público de la Justicia para introducir el nuevo artículo 544 sexies en la ley procesal penal y habilitar la urgente expulsión cuando se produce la ocupación de un inmueble. Y ello, sin esperas ni dilaciones en la recuperación de la posesión», indicó.
Carrizosa opina igual que Magro, según declara a este diario.
«Los jueces necesitan que se pueda configurar como allanamiento de morada, siempre que tenga los requisitos. Y es necesario que este delito se incluya entre los que pueden ser juzgados de forma rápida», insiste el presidente de Ciudadanos.
Y sostiene que las iniciativas que propone el magistrado Vicente Magro «son necesarias de forma urgente para combatir este problema de una vez por todas».
«Un magistrado del Tribunal Supremo, especialista en este tema, está señalando el camino. El legislador debería ajustar la ley a lo que está indicando Magro Servet en defensa de la gente que padece este delito», afirma Carrizosa.
Y hace hincapié en que «hay que defender a los ciudadanos frente al abuso». «El legislador está para eso», recalca.
Además, destaca que «no se debe hacer prevalecer el derecho a la vivienda sobre el de la propiedad, sino que son complementarios y hay que defender ambos». En este sentido, advierte de que ciertos grupos pretenden contraponer el derecho a una vivienda al derecho a la propiedad.
El presidente de Ciudadanos en Cataluña lamenta que en las situaciones de ‘okupación’ ilegal, «el derecho a la propiedad se ve vulnerando continuamente, sin protección por parte de las instituciones que, diabólicamente pretenden que sea el particular quien tenga que asumir sus deficientes políticas de vivienda, intentando contraponer el derecho a una vivienda frente al derecho a la propiedad».
«El Derecho a una vivienda digna, responsabilidad de las instituciones, no puede derivar, jamás, en un inventado derecho a la ‘okupación'», concluye.
CIUDADANOS RECLAMA PENAS DE CÁRCEL PARA LOS ‘OKUPAS’
Entre otras medidas, Ciudadanos reclama la agravación de penas para el delincuente que ocupe. Pide penas de cárcel.
Y «protección a la Policía en su labor», para lo que reclama que se reforme la Ley de protección de la Seguridad Ciudadana, y que la denuncia del titular del inmueble sea causa legítima para la entrada, registro e identificación de los ‘okupas’.
Carrizosa recuerda que desde Ciudadanos vienen presentado iniciativas contra a la ‘okupación’ desde 2017 tanto en el Ayuntamiento de Barcelona, como en el Parlamento de Cataluña, y en el Congreso de los Diputados paquetes de reformas de diversos textos legales.
Y critica que casi todas las que han propuesto «han sido dejadas en un cajón y no se han tramitado».
El líder de Ciudadanos en Cataluña recuerda, igualmente, que el PDeCAT se abstuvo en el Congreso a las medidas planteadas por Cs para agilizar los trámites de inmediata devolución del inmueble al propietario».
Carrizosa critica que «ERC, cuando gobernaba con Junts per Cataluña y con el apoyo de la CUP, lo bloqueó todo», tanto en la Cámara Baja como en el Parlamento catalán.
En este sentido, recuerda que el fiscal superior de las Islas Baleares, Bartolomé Barceló Oliver, dictó en junio de 2019 un decreto mediante el cual los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad pueden actuar «directamente y de forma inmediata» para llevar a cabo desalojos «sin necesidad de solicitar medidas judiciales» cuando la ‘okupación’ de un inmueble «revista características de delito».
Informa que Ciudadanos pidió en el Parlamento catalán que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad también fuesen habilitados en Cataluña para entrar de forma inmediata en inmuebles ‘okupadas’, pero fue rechazado.
«Lo intentamos en tiempos de Junts y de ERC, pero no nos lo aceptaron», explica.
LO APROBADO EN CATALUÑA A INSTANCIAS DE CIUDADANOS
No obstante, informa que recientemente, en el Parlamento de Cataluña se ha aprobado, a instancias de Ciudadanos, la modificación del Código Civil Catalán para facilitar la adopción de medidas urgentes para afrontar la inactividad de los propietarios en los casos de ocupación ilegal de viviendas con alteración de la convivencia vecinal (Ley 1/2023, de 15 de febrero).
También se ha dado luz verde a elaborar con carácter urgente un plan de actuación contra la ocupación y la usurpación de viviendas que contemple los barrios y las urbanizaciones en que existe un mayor riesgo de la acción de grupos delincuenciales que han hecho de la ocupación un negocio, en detrimento del derecho a la propiedad de los propietarios legítimos y, en los casos en que la ocupación afecta a viviendas del parque público con finalidad social, afecta muy negativamente a las personas que están esperando una vivienda social que necesitan para hacer frente a su situación de vulnerabilidad».
Asimismo, se ha aprobado impulsar, con carácter urgente, un plan de actuación del Cuerpo de Mossos d’Esquadra que aborde tanto preventivamente como reactivamente el fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas, poniendo especial énfasis en aquellos casos promovidos por grupos criminales o mafiosos.
Y pedir al Gobierno de España que impulse con carácter urgente una reforma legislativa que permita hacer frente de forma rápida y eficaz a la creciente ola de empleos, que afecta muy especialmente a la comunidad autónoma catalana.
SUS PROPUESTAS PARA BARCELONA
Entre las propuestas que Ciudadanos reivindica en Barcelona figura que se inste a la modificación de la normativa aplicable a través del Congreso de los Diputados para que cualquier vecino de una finca ‘okupada’ ilegalmente pueda iniciar el procedimiento para su desocupación.
Considera necesario crear una unidad de la Guardia Urbana especializada en la lucha contra la ‘okupación’, con un teléfono de denuncias a disposición de la ciudadanía y capacidad de intervención inmediata para desalojar a los ocupantes ilegales; y que se proceda a la desocupación inmediata cuando en el inmueble se realicen actividades delictivas o se vulneren el derecho de los vecinos a una convivencia ordenada
Ciudadanos aboga, asimismo, por ofrecer un servicio de asesoría gratuita para aquellos propietarios de un inmueble que se haya visto afectada por una ‘okupación’; dar instrucciones a la Policía para impedir el transcurso temporal que consolide ‘okupaciones’; implementar un Plan transversal de intervención social, policial y de salud pública para atacar el tráfico de estupefacientes en las calles y pisos ocupados; y por aplicar un protocolo eficaz de actuación frente a la ‘okupación’ ilegal.
Además, insta a facilitar el acceso a los servicios sociales a aquellas personas que están en riesgo habitacional, de exclusión social y que se encuentren en situación regular; a desplegar un Plan de actuación conjunto continuado con los diferentes Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, en cada barrio de la ciudad para hacer frente a la venta de drogas y la ‘okupación’ ilegal; y a elaborar planes de reacción y protección vecinal.
También apuesta por suprimir de inmediato cualquier tipo de ayudas o financiación que reciban a través del Consistorio particulares u organizaciones que ‘okupen’, ensucien o dispongan del espacio público a su antojo, incumpliendo la normativa y causando alteraciones del orden público o perjuicios a los vecinos.
Y exige «frenar el ‘efecto llamada’ y la impunidad de la comisión de actos delictivos y de actividades ilegales consecuencia de la ‘okupación’ ilegal, a través de una declaración institucional conjunta», según expone Carlos Carrizosa.
LAS MEDIDAS QUE HAN LLEVADO AL CONGRESO
Preguntado por las iniciativas que su partido ha llevado en el Congreso de los Diputados para luchar contra la ‘okupación’, explica que en 2017 presentó una Ley Integral de protección de los derechos constitucionales a la vivienda y a la propiedad, a la que no se le llegó a dar trámite y decayó la legislatura por la moción de censura.
En cambio, recalca que «curiosamente se tramitó una reforma parcial propuesta por el PDeCAT de los artículos de Código Civil referidos a lo que se llamó ‘desahucio expres'». Carrizosa sostiene que esa reforma «ha demostrado ser totalmente ineficaz contra la ‘okupación’ e ineficiente en su objetivo que era la devolución inmediata del bien sustraído a su legítimo dueño».
«En 2017/2018 presentamos dos interpelaciones en el Congreso sobre la necesidad de modificar el Código Penal, incrementando las penas; así como la Ley de Seguridad Ciudadana para otorgar potestades a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE); y la de comunidades de propietarios para que puedan ejercer acciones contra los ‘okupas’. La respuesta de Íñigo de la Serna, del PP, fue que antes de afrontar esa reforma había que tener un estudio de los derechos que estaban en juego. Balones fuera y seguimos igual», prosigue relatando.
También señala que en 2020, Cs presentó una Proposición de Ley de garantías para la seguridad y la convivencia ciudadana frente a la ocupación ilegal de viviendas, que «también estará en algún cajón del Congreso sin tramitar».
Según informa, en 2020, Junts se abstuvo en el Congreso ante medidas propuestas por su partido para agilizar los trámites para la inmediata devolución del inmueble al propietario; un partido que «lleva votando en el Congreso en contra de medidas ‘antiokupas’ toda la legislatura».
Carrizosa añade que para abordar la problemática de la ‘okupación’ de viviendas y darle una solución acorde con la casuística, en Ciudadanos Barcelona realizaron un profundo estudio del fenómeno para realizar las propuestas de modificaciones legislativas, que se incorporaron a un informe que Carina Mejías remitió al grupo parlamentario de Ciudadanos en la Cámara Baja.
SUS INICIATIVAS A NIVEL NACIONAL, AL DETALLE
Este partido, liderado por Inés Arrimadas, sostiene que es necesario reformar «la Ley de Enjuiciamiento Civil, para establecer un procedimiento sumario de recuperación de la vivienda y que incluya a las personas jurídicas como actores; la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas con proceso ‘exprés’ para casos de ‘okupación’ de inmueble público; la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local para impedir la inscripción en el padrón municipal de quienes ‘okupen’ ilegamente una vivienda; y la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana», detalla Carrizosa.
Desde Ciudadanos también reclaman que haya opción de entrada y registro en casos en que, previa denuncia del titular por ocupación, existan indicios de utilización para fines delictivos. «Que sea causa legítima para la entrada, registro e identificación», apunta el líder de Cs en Cataluña.
Asimismo, este partido insta a añadir el artículo 29 bis, de control administrativo de la seguridad frente a la ocupación ilegal de viviendas y locales, «otorgándole competencias a los Ayuntamientos».
«Entrada y registro; requerir a propietarios para que ejerciten acciones civiles o penales; poner en conocimiento del Ministerio Fiscal conductas del artículo 245 del Código Penal; adoptar medidas cautelares ante grave afectación de convivencia y seguridad ciudadanas; imponer sanciones a los ocupantes, estableciendo como infracción grave la alteración de la convivencia y la seguridad como consecuencia de la ocupación; y suspensión temporal del derecho al beneficio de cualquier tipo de ayudas por parte de las administraciones públicas a aquellos relacionados con la ocupación de viviendas o locales», son otras de sus medidas contra esta lacra.
Como señalaba al principio Carrizosa, Cs también plantea reformar el artículo 245 del Código Penal, «para endurecer las penas y dejar de considerarlo un delito leve, consiguiendo así un efecto disuasorio y evitar la proliferación de grupos de delincuencia organizada»; así como reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, «para que el delito de usurpación sea incluido en el ámbito de los juicios rápidos; y la Ley de Propiedad Horizontal «para que las comunidades de propietarios puedan ejercer acciones contra los ‘okupas».
Respecto a esto último, el presidente de Ciudadanos en Cataluña insiste en que no solo el propietario es el afectado por una ‘okupación’, sino también los vecinos del inmueble.
NUEVAS INSTRUCCIONES DESDE SEPTIEMBRE DE 2020
El 17 de septiembre de 2020, tras un verano en el que las ‘okupaciones’ saltaron a primera plana, el Ministerio del Interior publicó un ‘Protocolo de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante la ocupación ilegal de inmuebles’ para unificar los criterios de actuación frente a la ‘okupación‘ tanto de la primera como de la segunda vivienda ordenando a los agentes que elaboren atestados más precisos que permitan el desalojo inmediato y la detención sin necesidad de solicitar medidas judiciales en caso de delito flagrante.
Desde entonces, tienen que dejar constancia de puertas y ventanas forzadas, coacciones al propietario y vecinos o consumo irregular de luz y agua, tal y como recoge dicha instrucción, la 6/2020 de la Secretaría de Estado de Seguridad por la que se establece el Protocolo de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Esta instrucción tiene en cuenta los criterios establecidos unos días antes por la Fiscalía General del Estado (FGE) en su Instrucción 1/2020 y los principios de subordinación y coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado respecto de las directrices emanadas de las autoridades judiciales y del Ministerio Fiscal.
Tanto la primera como la segunda vivienda (cuando el morador ocupa el inmueble solo en determinadas épocas del año, como fines de semana o vacaciones) deben considerarse moradas, por lo que cuentan con la misma protección legal. En ambos supuestos son de aplicación artículos 202 y siguientes del Código Penal que recogen el delito de allanamiento. Se trata de un delito doloso, de simple actividad y de carácter permanente.
En consecuencia, tanto en el caso de primera como de segunda vivienda, y constatado por cualquier vía un allanamiento, el protocolo establece que las FCSE podrán proceder, sin necesidad de solicitar medidas judiciales, en caso de delito flagrante, directamente y de forma inmediata al desalojo e identificación de los ocupantes, así como a su detención si procede.
Con esta instrucción, la FGE siguió la línea de la Fiscalía de Baleares y de Valencia, que habían dictado decretos sobre cómo actuar ante la comisión de este tipo de delitos.
El fiscal superior de Baleares, Bartolomé Barceló Oliver, fue galardonado con el Premio Confilegal a la Independencia, en la edición de 2021, por haber dictado en 2019 una instrucción dirigida a Policía Nacional y Guardia Civil de ese territorio especificando lo que podían hacer, estableciendo los límites legales, frente a la ola de ‘okupaciones’ de viviendas que estaba teniendo lugar.
La instrucción de Oliver fue seguida un año más tarde por el fiscal jefe de Valencia, José Francisco Ortiz, que dictó un decreto en la misma dirección, y después por la propia Fiscalía General del Estado, dirigida entonces por Dolores Delgado, para que el Ministerio Fiscal actuara de forma unificada frente al fenómeno de las ocupaciones en toda España.
Queda en la mano del Poder Legislativo el reformar la ley y adoptar medidas cautelares urgentes, como plantea Vicente Magro, porque la solución del problema no es incrementar penas, sino devolver la posesión urgente al propietario tras la ocupación, que es lo que quieren los propietarios de viviendas ‘okupadas’, y que se impongan penas más graves a los ‘okupas’.
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